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Muerte de 40 migrantes es responsabilidad del Estado Mexicano: Organizaciones derechohumanistas

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. destacó la resolución de la CIDH del 18 de junio de 2002, donde establece que el Estado debe ser garante de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad

Por Luis Carlos Ortega | Norte Digital | 3:11 pm 28 marzo, 2023

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh) responsabilizó directamente al Estado Mexicano por la muerte de los 40 migrantes fallecidos durante el incendio ocurrido en la estación migratoria del INM en Ciudad Juárez.

En un tuit publicado en el transcurso de la mañana del martes, esta organización defensora de los derechos humanos, destacó que, al tratarse de personas privadas de su libertad, el Estado estaba obligado como garante a salvaguardar su vida.

Al mismo tiempo destacó que dicha responsabilidad no desaparece con solo señalar que se encontraban en un área de aseguramiento temporal donde se manifestaban.

“Las personas migrantes estaban privadas de su libertad por autoridades y por tanto el Estado era garante de su vida. Esto no se diluye señalando que estaban retenidos en un área de aseguramiento temporal ni insistiendo en que protestaban”, destaca el texto publicado.

Como base de esta afirmación tomó el texto referente a las Obligaciones del Estado respecto de las personas privadas de la libertad, relativo a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 18 de junio de 2002, en el asunto de “la Cárcel de Urso Branco respecto Brasil”.

“Una de las cuestiones que ha debido definir la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la relación que se establece entre el Estado y las personas privadas de la libertad. La Corte ha ido desarrollando la especial responsabilidad que tienen las autoridades respecto de las personas que están sujetas a su control”, plantea el argumento de sustento.

De acuerdo a dicho documento, el paso más interesante ha sido la consagración de la idea de que el Estado “está en una posición de garante respecto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. En ese mismo sentido, las privaciones ilegales de la libertad hacen que esta posición se vea agravada”, señala el escrito.

El sustento principal para señalar al Estado Mexicano como omiso y responsable de los hechos se ubica en el punto número ocho de la resolución.

“En virtud de la responsabilidad del Estado de adoptar medidas de seguridad para proteger a las personas que estén sujetas a su jurisdicción, la Corte estima que este deber es más que evidente al tratarse de personas recluidas en un centro de detención estatal, caso en el cual se debe presumir la responsabilidad estatal en lo que les ocurra a las personas que están bajo su custodia”, destaca dicho apartado.

En el mismo sentido se manifestó también a nivel de Twitter el Programa de Asuntos Migratorios Ibero CMDX (Ptami Ibero), retuiteando un mensaje previo del Colectivo de Monitoreo Frontera Sur.

Destacando los hashtag #NoSonAlberguesSonCárceles y #FueElEstado, el Prami Ibero se lanzó a responsabilizar “al Gobierno mexicano y particularmente al Instituto Nacional de Migración (INM) por la muerte de personas migrantes ocurrida en un incendio de la estancia provisional en Ciudad Juárez”, según detalla la publicación.

“Es responsabilidad del Gobierno investigar de manera diligente, procesar y sancionar a los responsables de estos hechos y reparar integralmente a las personas migrantes víctimas y a sus familiares”, destacó la publicación.

Se pronunció asimismo por que se deslinden las responsabilidades de los funcionarios de la estancia provisional “por acción u omisión”, así como revisar las causas estructurales que provocan este tipo de sucesos “como la falta de información y resolución efectiva de los casos de las personas detenidas en dichas estancias”, según indicó.

“La detención migratoria no debe ser recurso de gestión migratoria, y menos una práctica sistemática que pone en peligro la vida de las personas migrantes”, puntualiza luego el texto.

Por su parte la Red Jesuitas con Migrantes-LAC, manifestó su solidaridad total con las familias de las –hasta ese momento– 39 víctimas y 29 heridos del incendio en un centro de detención de Ciudad Juárez.

“Urge esclarecer la verdad de lo que ha pasado, especialmente cómo las condiciones de la detención migratoria han influido en este nuevo desastre”, detalla su publicación de Twitter.

Y destacó que, como miembros de la Compañía de Jesús, “nos solidarizamos con el dolor de las familias de las personas fallecidas y heridas durante el incendio que sucedió en la estancia provisional del INM en Ciudad Juárez. Hacemos un llamado a las autoridades”, expresó el mensaje.

En ese sentido, la red de apoyo a venezolanos se pronunció por la eliminación de lo que llamó “cárceles para migrantes”, en referencia a las estaciones migratorias existentes en todo el territorio.

“No es posible que suceda algo internamente y no tengan un plan de acción para evitar esta tragedia”, puntualiza el mensaje.

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