El affaire político que involucró al coordinador local de Programas de Bienestar Social del Gobierno Federal, Juan Carlos Loera de la Rosa y al presidente municipal Armando Cabada Alvídrez, cuando el delegado federal supuestamente intercedió con las facciones de los diputados para “bajar” o para “quitar” las irregularidades dictaminadas por el Congreso del Estado en contra de la administración independiente, conforme a la denuncia del diputado del PES Misael Máynez, ahora aflora el hecho de que el coordinador de la Comisión de Fiscalización, Miguel Ángel Colunga de MORENA, cumplió más de dos meses con el expediente congelado en sus manos.
Recientemente Norte Digital hizo público que las observaciones hechas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) a la Cuenta Pública 2017 del Municipio de Juárez, siguen empantanadas en el Congreso del Estado, por una omisión de la Comisión de Vigilancia, presidida por Colunga, quien es además coordinador de la fracción de MORENA en el Congreso de Chihuahua.
Desde el 28 de diciembre el Congreso aprobó el dictamen de la Comisión de Fiscalización, en contra de las autoridades del Municipio de Juárez por el manejo irregular que involucra un monto de 49.7 millones de pesos, entre éstos el contrato que el alcalde Cabada signó con Intermedia de Juárez S.A de C.V, empresa televisora propiedad de sus familiares directos, por 11.5 millones de pesos, además de un pago adicional de 2.1 millones sin celebración de un contrato de por medio con el mismo medio de comunicación.
Entre otras observaciones que también involucran a la empresa denominada CNC Recycling, a la que asignaron pagos por 24.9 millones de pesos, cuando el procedimiento debió haber sido anulado.
A partir de que el Congreso determinó la existencia de irregularidades en el manejo de los recursos en el Municipio de Juárez, desde el 28 de diciembre de 2018, el diputado Colunga mantiene la retención del dictamen que desde entonces, conforme a la normatividad expresa, tenía que haber dado vista o notificar a la presidencia del Congreso, a cargo del diputado panista Jesús Villarreal, encargado de darle curso al acuerdo legislativo hacia la Auditoria Superior del Estado para su cumplimiento.
Como es del conocimiento público, el Congreso autorizó que conforme a la normatividad establecida, la Auditoria Superior del Estado se hiciera cargo de la implementación del proceso mediante el cual se iba a sancionar las irregularidades del Municipio de Juárez por la vía administrativa, civil o penal.
El presidente del Congreso y diputado del PAN Jesús Villarreal, confirmó a Norte que efectivamente existe esa omisión y que no se tiene una explicación o justificación de lo que esta ocurriendo.
La Auditoría no ha recibido la notificación
Consultado al respecto el auditor Héctor Acosta Félix confirmó que el dictamen no le había sido notificado oficialmente.
“La información que me da el Congreso es que dictaminaron en diciembre y no han notificado y no han subido a la pagina del Congreso; yo no puedo hacer nada mientras no me notifiquen”, dijo.
“La Comisión de Fiscalización no entregó el dictamen de la cuenta pública de Juárez a esta Presidencia, ni a la Secretaría de Asuntos Legislativos. Hay una omisión, el dictamen no se entregó a pesar de que se aprobó en el pleno hace dos meses…No se entregó, a pesar de ya estar aprobado con las observaciones”, expresó por su parte Jesús Villarreal Macías, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado y diputado del PAN.
Con el dictamen “congelado en sus manos” el presidente de la Comisión de Fiscalización declaró a NORTE de Ciudad Juárez que de ser necesario pueden alcanzar un acuerdo, con el consenso del pleno de los diputados, para que la Auditoría Superior cumpla con darle curso al proceso que se instruyó.
Incluso dijo que el organismo debe darle un seguimiento puntual y ágil a los lineamientos aprobados por el pleno del Congreso.
¿Quién está detrás de la omisión?
El diputado de Ciudad Juárez por el Partido Encuentro Social (PES), Misael Máynez Cano, quien es vocal de la Comisión de Fiscalización, declaró que él habría afectado la negociación exigiendo en la tribuna que las cuentas fueron sometidas a votación, tal y como sucedió.
Hizo público que en la sesión del Congreso del Estado, el 13 de diciembre de 2018, el delegado federal Juan Carlos Loera de la Rosa, negoció en lo “oscuro” con las fracciones mayoritarias del Poder Legislativo, con la finalidad de obstaculizar el dictamen que involucra a la administración de Cabada Alvídrez en presuntos actos de corrupción.
Loera negó y retó al diputado del PES a comprobar sus afirmaciones.
“Se reúnen Juan Carlos Loera, Fernando Álvarez Monge, coordinador de la bancada panista, el diputado Colunga, y bueno yo siempre he sostenido que en la política y todo mundo lo sabe, no hay coincidencias. Resulta sumamente extraño que una vez dictaminado las cuentas y aprobado el orden del día para presentarse, se hayan casualmente reunido y propagase de inmediato la decisión de bajar las cuentas”, dijo Máynez.
“El 13 de diciembre de 2018, el día de la aprobación del dictamen de la cuenta pública del Municipio de Juárez, apareció Loera en la Torre Legislativa para tratar de persuadir a los diputados (as), principalmente de las fracciones mayoritarias del PAN y MORENA, con el propósito de que las observaciones fueran desechadas’, acusó el legislador.
Cabada sólo respondió que el diputado del PES debe comprobar su dicho y aseguró que nunca ha hablado con el delegado sobre la cuenta pública.
Finalmente dijo que se encuentra tranquilo pues sabe que en su gestión no ha incurrido en actos de corrupción.
