Investigación
Ciudad Juárez: La frontera donde el Estado no manda
Estudio jesuita devela la vulnerabilidad de los migrantes por vínculos existentes entre autoridades y crimen organizado, en un mundo “oscuro” en el que los criminales gobiernan
PARTE II
Por Javier Arroyo | 9 noviembre, 2021
Los vínculos entre autoridades de gobierno y grupos del crimen organizado y el narcotráfico, pueden ser tales, que prácticamente se funden unos con otros y colocan a las personas en contextos de movilidad en una situación de mayor vulnerabilidad, establece un estudio que el Servicio Jesuita a Migrantes realizó previamente a la instalación, este año, de una oficina en Ciudad Juárez para atender el creciente fenómeno migratorio.
“La pura omisión genera que se abra un mundo oscuro para las personas migrantes. En una frontera donde priva el crimen organizado, donde no manda el Estado, las personas migrantes están expuestas a todo tipo de cosas”, señala uno de los testimonios contenido en el “Diagnóstico de necesidad de acompañamiento. Ciudad Juárez, Chihuahua”.
El documento se concluyó en junio de 2021 y se basó en trabajo de campo etnográfico y la aplicación de 30 entrevistas semiestructuradas, realizadas a igual número de colaboradores en albergues, organizaciones, organismos internacionales e instituciones de gobierno relacionadas con la atención a personas en situación de migración.
“La relación de los tres niveles de gobierno con actores del crimen organizado es constante, sobre todo aquí en la zona norte, es muy marcada”, se destaca en otra de las entrevistas contenida en la parte inicial del estudio.
“Últimamente -agrega- se habla mucho por debajo del agua de algunas células del crimen organizado que se están disputando el lugar, hay muertes de por medio, muy violentas. No se tocan esos temas, se tienen que cuidar, porque no se pueden hablar abiertamente, aunque las personas las viven, disparos balaceras, extorsiones. Nadie denuncia y nadie dice nada. Siempre la amenaza: hablas y te quiebro a tu familia”.
Los entrevistados para el diagnóstico jesuita indicaron que el crimen organizado ejerce el control de las rutas de tráfico de mercancías, drogas y armas, pero también de personas, ya sea migrantes o con fines de prostitución, además del control de los lugares para venta de drogas.
“Estos puntos son importantes porque ponen a las personas en situación de migración en diversos riesgos. El hecho de que haya una disputa por la plaza también significa una disputa por las propias personas en situación de migración colocándolas como potenciales víctimas colaterales”, revela el documento.
También fueron destacados los crímenes de odio contra personas transgénero y la sensación de incremento en los casos contra personas con orientaciones distintas a las heterosexuales.
Además se resaltó en las entrevistas, el hecho de que salvo en círculos de confianza, las problemáticas señaladas no se cuestionan, comentan ni se denuncian ante las autoridades, por miedo a las repercusiones que conllevaría hacerlo o porque se les aplica el llamado ‘carpetazo’ y la investigación nunca prospera.
En las entrevistas se hizo referencia a los contextos de violencia que sufren los migrantes incluso cuando ya están en los espacios de acogida de los albergues.
“Enfrente del albergue tuvimos dos asesinatos. También hay casas del Infonavit ocupadas por migrantes pero controladas por los coyotes, no solo en El Valle, también alrededor de las maquilas”, recoge otro de los testimonios.
El estudio señala que la situación es más alarmante respecto de las personas en situación de migración que viven fuera de los albergues, ya que generalmente los lugares en donde residen, o en donde trabajan, son de alto riesgo y están controlados por grupos del crimen organizado.
“Creo que la mayor parte de las personas migrantes en Ciudad Juárez, la gran mayoría, está viviendo afuera de los albergues y no hemos tenido mucho éxito en conocerles y atenderles", reconoce uno de los entrevistados para el diagnóstico.
“El crimen organizado -se considera en el documento- también puede llegar a ser una opción tentativa para las personas migrantes, ya sea por su historia personal, lazos con grupos delictivos en sus países de origen, o por las condiciones precarias de vida en que se encuentran en Ciudad Juárez”.
Compañía de Jesús
La violación de derechos humanos los jala a Juárez
Esa particular situación de riesgo, así como la sistemática violación a los derechos humanos que sufren los migrantes internacionales o nacionales en su travesía por México y en su estancia en Ciudad Juárez, fue la que atrajo la mirada de la Compañía de Jesús, la orden católica masculina más numerosa en el mundo.
El choque de flujos migratorios que aquí ha generado un fenómeno de atrapamiento para los desplazados de su lugar de origen y los expulsados de Estados Unidos por esta frontera hacia México (todos con el objetivo de pedir asilo o refugio), motivó que se estableciera un equipo, tanto del Servicio Jesuita a Migrantes, como del Servicio Jesuita a Refugiados.
“Se han presentado situaciones de violaciones de derechos, pero también se siente un temor de las personas acerca de su condición, porque están en situaciones vulnerables. Es muy fácil perfilar a las personas, es decir, la identificación por la apariencia. Y es por eso la preocupación”, dice Maritza Rodríguez, responsable del equipo del Servicio Jesuita a Refugiados (JRS, por sus siglas en inglés) que ahora atiende en esta frontera.
Con un staff de 10 personas, especialistas en derecho, psicología, economía y ciencias sociales, la oficina se instaló en Juárez apenas este mes de agosto e inició intervenciones, incluyendo apoyo psicosocial, desde septiembre, luego de un estudio de la problemática que les llevó un año y medio.
Además de fortalecer los espacios de acogida, la intervención ofrece acompañamiento legal para quienes buscan el carácter de refugiados y pone énfasis en la defensa de los derechos de las personas en contextos de movilidad. Las acciones en Juárez se realizan en coordinación con el Servicio Jesuita a Refugiados USA (con oficina en El Paso). Entre las tres misiones implementan el programa “Caminar Contigo”.
Una frontera con mucha necesidad
Maritza Rodríguez destaca que lo que se busca es que las personas tengan acceso a un estatus migratorio independientemente de cualesquiera que sea su plan de vida, para que no se vean violentados sus derechos humanos.
También se ha apoyado a 150 personas de cuatro albergues con talleres psicosociales.
“Se investigaron necesidades en frontera norte y se vio como una oportunidad y una frontera con mucha necesidad a Juárez. Por eso se decide abrir acá. Es un área de oportunidad en el tema de las personas en situación de movilidad”, responde Rodríguez sobre el motivo para instalarse en Juárez.
El JRS incluso abrió un módulo de atención en el interior del Centro de Apoyo Integral a Migrantes (Caim) espacio que se articuló por el Consejo Estatal de Población, como parte del modelo de gobernanza que a nivel local ha avanzando en la coordinación de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, sociedad civil y agencias y organizaciones internacionales.
Para la elaboración del diagnóstico que está firmado por el Servicio Jesuita a Migrantes, se tuvo contacto precisamente con representantes de distintas organizaciones e instituciones, civiles, eclesiales y gubernamentales, locales, nacionales e internacionales, con experiencia en el acompañamiento a las personas migrantes.
Policías municipales, los principales agresores, seguidos de los narcos
La extorsión es el delito que más sufren las personas en condición de movilidad a su paso por Ciudad Juárez, establece el diagnóstico elaborado por los jesuitas con base en los registros de los distintos actores que atienden la problemática de migración.
El secuestro se ubica en segundo orden y luego las revisiones arbitrarias que se empalman prácticamente con las detenciones arbitrarias, como probables delitos y violaciones a derechos humanos, según el número de menciones en las entrevistas.
Además, destacan las lesiones, el robo y la trata de personas.
Pero lo que más claramente sobresale en la presentación gráfica del reporte es la incidencia de los elementos de la Policía Municipal como probables agresores, según número de menciones.
El crimen organizado aparece en segundo lugar de menciones y en tercero los propios ‘coyotes’ o guías. Luego empatan en menciones como probables agresores, la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).
“Es importante enfatizar la falta de posibilidades de diferenciar claramente entre el crimen organizado y la Policía. También se indica un aumento en los casos de secuestro por parte de coyotes y crimen organizado. Finalmente, se señala un subregistro en delitos y violaciones a derechos humanos porque las personas no denuncian por múltiples razones o porque las autoridades se niegan a aceptar los casos”, indica una de las anotaciones a pie de página del estudio jesuita.
El peligro está fuera de los albergues, principalmente
Respecto de los lugares de comisión las agresiones, el 78 por ciento de las menciones (en particular los secuestros, las extorsiones y las revisiones arbitrarias) refirieron a espacios fuera de los albergues, incluyendo inmediaciones, así como casas de renta, casas de seguridad, el aeropuerto, el desierto, el río y los centros de detención.
El 22 por ciento de los hechos restantes tuvieron lugar al interior de los albergues, especialmente los intentos de secuestro, las revisiones arbitrarias y las revisiones forzadas, a las que son sometidas personas de todos los segmentos.
Una de las anotaciones que recoge el estudio del JRS destaca que hay albergues que, por la condición de riesgo para las personas, o por los contextos en los que operan, deberían cerrarse.
“Hay espacios de atención que no deben fortalecerse sino cerrarse, ya que ponen en riesgo a las personas en situación de migración. En ese sentido, es importante distinguir entre los espacios de atención. Por ejemplo, entre alojamientos, espacios seguros, espacios de acogida, albergues, etcétera. Finalmente, es deseable una especialización de los espacios de atención”, detalla el diagnóstico.
Mujeres y niñas vulneradas
Debido al alto número de menciones por parte de las personas entrevistadas, el estudio separó las agresiones y delitos basados en género, con énfasis en aquellos cometidos en contra de niñas, mujeres adultas y personas con orientaciones sexogenéricas no heteronormativas.
El 40 por ciento de los delitos estuvieron relacionados con violencia sexual, el 20 por ciento con explotación sexual, otro 20 por ciento con violencia física contra las mujeres, un 10 por ciento con agresión sexual y otro 10 por ciento con trata de mujeres.
También en este rubro de víctimas por cuestión de género, aparecen los agentes municipales como los principales agresores (por el número de menciones) con 34 por ciento, seguidos de los elementos federales con un 22 por ciento. Los coyotes, el crimen organizado, otros migrantes y el Instituto Nacional de Migración tienen igual número de menciones con el 11 por ciento cada uno.
Respecto de las nacionalidades de las mujeres que han sido víctimas de trata de personas, especialmente con fines de explotación, destacan aquellas procedentes de Venezuela, Colombia y Cuba, así como de algunas del interior de México.
Impunidad y falta de denuncias
Entre las barreras que impiden el acceso a derechos y que fueron referidas por las personas entrevistadas, destaca la impunidad de los hechos sufridos por las personas en situación de migración, en muchas ocasiones debido a la falta de denuncia, ya sea por temor de las personas o por falta de interés.
El estudio identificó las principales razones de falta de interposición de denuncias:
•Autoridades no quieren aceptar casos, especialmente si no hay autoridades documentadas.
•Interponer una denuncia requiere demasiado tiempo y recursos económicos para acudir a hacerlo.
•No hay interés de las personas para interponen denuncias, sólo lo hacen para obtener una tarjeta de visitante por razones humanitarias o tener un antecedente para su caso de asilo.
•Aunque se interponga una denuncia es muy difícil que avance y no se puede estar “atrás de la Fiscalía”.
•No existen los registros ni las estadísticas necesarias para hacer un seguimiento y denuncia de los hechos que las personas confrontan.
•En ocasiones es difícil señalar a la persona responsable y las fiscalías no pueden darles seguimiento a los casos.
•No hay un lugar en donde las personas que están en proceso de denuncia puedan estar seguras durante lo que dura el proceso.
El reporte jesuita anota incluso como un punto negativo encontrado en las entrevistas, que el Consejo Estatal de Población (Coespo) no ha tomado cartas en el asunto, respecto de las situaciones de agresiones y delitos ocurridos al interior de algunos albergues.
Abre Fiscalía 418 carpetas de investigación por robo; no aparecen extorsiones
El robo, con 418 casos, es el delito del que han sido víctimas las personas migrantes extranjeras en el estado de Chihuahua, con 266 carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) en 2020, y otras 152 en 2021
La FGE reportó en un informe solicitado para este reportaje, que el robo está en el 40.82 por ciento del total de las mil 24 carpetas de investigación por delitos cometidos contra extranjeros desde 2020 y con cierre al 20 de septiembre de 2021.
La extorsión ejercida por agentes de los distintos órdenes de gobierno no aparece en el reporte solicitado a la Fiscalía. Tal como lo señala el estudio del Servicio Jesuita a Migrantes, las víctimas no lo reportan.
“Hay desconfianza y miedo en autoridades. Además de que las autoridades no aceptan sus casos, las personas en situación de migración deben enfrentar discriminación por su fenotipo y situaciones de revictimización”, señala el diagnóstico.
Del total de delitos que sí tiene registrados la Fiscalía, el 84.18 por ciento, es decir, 862 (con 570 en 2020 y 292 en 2021) corresponden al municipio de Juárez, donde se concentra la mayor problemática de seguridad vinculada a los migrantes y a los traficantes de personas que utilizan la frontera de Ciudad Juárez como punto de ingreso a Estados Unidos.
Las colonias Rancho Anapra, Felipe Ángeles y Lázaro Cárdenas, además de la Zona Centro, son las que registran el mayor número de denuncias por tráfico de indocumentados.
Esas áreas también aparecen claramente ubicadas en las intervenciones de la Policía Municipal, de acuerdo a su último reporte, en donde informó a Norte Digital que se han rescatado de casas de seguridad, entre 2020 y lo que va del 2021, un total de 2 mil 943 personas migrantes, entre extranjeras y mexicanas.
Es decir, los cuerpos policiacos tienen claramente ubicadas las zonas donde se mueven las personas migrantes y los llamados ‘coyotes’, de quienes reportó en el mismo periodo, la detención de 75 personas y el aseguramiento de 1.3 millones de pesos, producto de sus actividades ilícitas.
Después del municipio de Juárez, de acuerdo con el reporte de la FGE, únicamente Chihuahua (con 69), Cuauhtémoc (16), Delicias (13), Parral (10) y Nuevo Casas Grandes (10) registran acumulados con cifras de dos dígitos, respecto a carpetas de investigación de delitos iniciadas desde 2020.
Las amenazas alcanzan el 11.13 por ciento, con un total acumulado de 114 casos; la violencia familiar el 10.16 por ciento, con 104 carpetas; los daños el 5.76 por ciento con 59 casos; las lesiones el 4.79 por ciento, con 49 carpetas y el fraude el 1.95 por ciento, con 20 casos.
Otros delitos no especificados registraron 180 casos en 2020 y 80 en 2021, para un total de 260, un 25.39 por ciento del total acumulado de mil 24 carpetas. La Fiscalía precisó que no todas las personas extranjeras son necesariamente migrantes y/o fueron víctimas del delito por cuestiones de migración, pero sí que son la mayor parte de los casos y no presentó las cifras por separado.
Otro dato importante es que, de las víctimas del delito, 584 (57.03 por ciento) son hombres y 440 (42.97 por ciento) mujeres.
El delito ha impactado a personas migrantes de todas las edades. Destaca en el reporte de la Fiscalía que en el acumulado hay 69 menores en rango de edad de 0 a 11 años y otros 61 en el rango de 12 a 17. El total de menores de 18 alcanza 130, un 12.70 por ciento del total.
Cuba como país de origen de las personas migrantes, con 175 casos acumulados, el 17.09 por ciento del total, se ubica en el primer lugar de la tabla de nacionalidades de las víctimas de delito.
En 2020 se registraron 118 casos de cubanos como víctimas y en 2021 otros 57 más. La población cubana fue la que mayormente se acogió al programa de Protocolo de Protección a Migrantes (MPP por sus siglas en inglés) y justamente se radicó en Juárez a la espera de los procesos de asilo en Estados Unidos.
De Honduras son el 7.32 por ciento del total de casos, con 75 carpetas acumuladas; de El Salvador el 2.93 por ciento con 30; de Guatemala el 2.64 por ciento con 27 casos, cifra idéntica a la de Venezuela.
Interviene Comisión de Atención a Víctimas
La FGE también reportó el trabajo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Atención y Protección a Personas Migrantes.
Informó que en atención jurídica se ha asignado asesor legal en algunos casos para representar a migrantes en los procesos penales, y se han realizado diligencias ante el Instituto Nacional de Migración con el fin de vigilar que no se vulneren sus derechos.
Reporta que además se ha brindado la atención psicológica como contención e intervención en crisis y acompañamiento durante las diligencias, tanto frente al Ministerio Público como ante la autoridad Jurisdiccional.
La Comisión también ha brindado alojamiento, alimentos, artículos de higiene personal, mudas de ropa, medicamentos, atención médica, traslados a su lugar de origen, gestiones ante albergues y ante la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y el Instituto Nacional de Migración.
Las personas entrevistadas para el estudio del Servicio Jesuita a Migrantes destacaron un incremento en redadas, extorsiones y abusos de poder, eventos ligados con la situación de calle en que son dejadas las personas en situación de migración por parte de las autoridades, los ‘coyotes’ o guías.
Además, las personas están expuestas a cobros excesivos por parte de quienes les rentan espacios para vivir.
“Cuando llegaron los migrantes hubo mucha xenofobia, la renta era más cara, empezaron a pagarles poquito y les daban despensa. Hubo muchos abusos”, se anota en uno de los testimonios del estudio.
Agrega que, según las personas entrevistadas, aunque no se tienen datos al respecto, es significativamente mayor el número de personas en situación de migración viviendo fuera de albergues que en ellos.
En ese sentido, se establece desde la óptima jesuita, son estas personas quienes tienen mayores necesidades de atención, principalmente humanitaria, ya que suelen vivir en condiciones precarias en las calles y sin los insumos básicos para vivir dignamente, mientras que quienes están en casas de renta tampoco se salvan de las vejaciones previamente mencionadas.
“Las personas que se quedan en casas de renta no pueden pagar. Les han subido los costos, les han discriminado. Les cortaron agua, luz. A veces no los quieren, les corren, les humillan”, señala uno de los actores entrevistados.
Prefieren a los “coyotes”
“Todo esto ha creado una industria de coyotes. Hay albergues en Juárez que les invitan a quedarse con ellos. De cada 100 solamente 30 quieren el apoyo, y los otros 70 quieren a los coyotes”, se narra en otro de los testimonios.
En el trabajo de entrevistas para la misión jesuita, también se encontró como una barrera para el acceso a la asistencia humanitaria, el cobro por concepto de hospedaje en albergues a donde llegan las personas en situación de migración.
Además, se ubica como una barrera de acceso al derecho de libre tránsito, el impedimento a salir y trabajar fuera de los albergues.
Quienes están de cerca atendiendo el fenómeno migratorio también señalan que es común encontrar a los migrantes lesionados, luego de haber caído del muro fronterizo en sus intentos por cruzar hacia Estados Unidos.
Otra alerta importante que los cruces se realizan además por Puerto Palomas, Camello, Ojinaga y la zona del Valle, lugares riesgosos debido al control de grupos del crimen organizado.
“El gobierno de Estados Unidos expone a las personas en situación de migración a distintos peligros al retornarles por la noche por lugares despoblados (Puerto Palomas y Río Grande)”, indica otra de las conclusiones.
SOLUCIONES: Contra inseguridad y violencia urge más acción gubernamental
Para Héctor Padilla, profesor investigador del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, hoy que la migración ocupa de nuevo un lugar destacado en la agenda pública local, después de ofrecer opciones integrales para las familias de migrantes, la tarea primordial es protegerlos de las amenazas a su integridad por parte de quienes sacan provecho de su vulnerabilidad.
“Hay una parte generosa, la que ofrece ayuda humanitaria siempre, pero hay otra del Juárez duro, difícil, porque vivimos en una ciudad con altísimos niveles de violencia y en donde opera el crimen organizado”, señala el académico que estuvo al frente al Instituto Nacional de Migración, cuando en Juárez se comenzó a gestar el modelo de gobernanza migratoria frente a los flujos que hicieron crisis en 2019.
Indica que las personas migrantes quedan expuestas a una cadena de vulnerabilidad que pasa por ser víctimas de tráfico, de engaños, luego de extorsión, retención o secuestro. Puede avanzar incluso a situaciones de trata de personas o hasta el homicidio.
“Esa parte no se ha abordado mucho, desafortunadamente”, advierte Padilla.
“El Gobierno tiene que tener, en sus diferentes niveles, mayor coordinación en sus instancias de seguridad y un enfoque mayor de investigación, de inteligencia, más que propiamente de perseguir con contingentes y cosas de ese tipo. Creo que es un reto de coordinación en este caso fundamentalmente gubernamental, que es a quien le corresponde velar por la seguridad de las personas “, explica el investigador.
Considera que abonaría a reducir la vulnerabilidad, un marco de política migratoria que, desde las leyes, instituciones y presupuestos, amplíe las posibilidades de acciones de regularización y las capacidades de refugio para brindarles mayor protección a las personas migrantes.
