Este jueves el gobernador Javier Corral presentará ante los juarenses el informe correspondiente al tercer año de su administración, en medio de una crisis de gobernabilidad por el descontrol en el tema de la seguridad, el hoyo en que se encuentra la situación financiera del gobierno por exceso de créditos a corto plazo, enfrentamientos no solo contra periodistas sino también con la federación, contra activistas y contra todo aquel que cuestiona a la debilidad gobierno.
Corral se ha proclamado como “el único mandatario estatal que combate la corrupción”, sin embargo, no ha hecho lo propio dentro de su administración, tras señalamientos como la asignación de contratos por 400 millones a Centrum, el caso Egro, el bono al secretario de Salud, el caso de los 10 millones de pesos en contratos a familiares y amigos del exsecretario de Comunicación, Antonio Pinedo, y los casos de nepotismo documentados al menos de 28 servidores públicos de primer y segundo nivel. La lucha de Corral contra lo corrupción ha sido selectiva.
También en el marco del Tercer Informe, el nivel de confianza mostrado por los empresarios chihuahuenses establece que un 77 por ciento de quienes forman parte de la iniciativa privada están insatisfechos con el desempeño del gobernador, de acuerdo a la página #MarcajeAMiGobierno que agrupa a socios de Coparmex.
También el pasado mes de enero, a través de una encuesta revelada por la organización Campaigns and Elections México, así como Varela y Asociados, reveló que un 52 por ciento de los ciudadanos considera que el gobernador debiera abandonar su cargo. Mal administrador y pésimo gestor, es una de las principales características de su gobierno, de acuerdo a sondeos recientes.
Además, luego de tres años y medio de gobierno, no ha cumplido la que fue su principal promesa de campaña que lo llevó a ganar las elecciones en 2016: encarcelar a César Duarte, aún cuando la cacería de exfuncionarios estatales por actos de corrupción ha llevado al enjuiciamiento de alrededor de 12 exservidores públicos.
Las intromisiones son otro de los sellos característicos del gobierno panista. Ha habido interferencia en el Congreso del Estado, el el Ichitaip, el IEE, la Fiscalía Anticorrupción, la UACH, e incluso en la Judicatura y el Tribunal Superior de Justicia, por citar ejemplos.
Ha sido tal la inconformidad de los ciudadanos que el año pasado, a través de una solicitud de revocación de mandato, estuvo a punto de ser aplicada, de no haber sido por un tema de temporalidad de la Ley de Participación Ciudadana recientemente creada, no aplicable al mandatario estatal quien asumió antes de ser promulgada dicha ley.
Distracciones en el campo golf, las carreras pedestres y el tenis siguen figurando como sus deportes favoritos a los cuales dedica amplios periodos de tiempo para su práctica, mientras la entidad atraviesa por la peor crisis de inseguridad, e incluso, Corral fue expuesto por la federación como uno de los mandatarios de los estados que menos participaban en reuniones estratégicas para devolverle la paz a los ciudadanos, hasta que hace un mes finalmente fue obligado a tomar parte en las reuniones mañaneras con el gabinete de seguridad estatal.
La violencia es exponencial en el estado de Chihuahua. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se reportaron 6 mil 895 asesinatos vinculados al crimen organizado entre el 4 de octubre de 2016 y el 1o. de noviembre de 2019. El 70 por ciento de los casos, 4 mil 336 homicidios, ocurrieron en Juárez.
El mismo Corral ha estado expuesto a la violencia, cuando en el último año, al menos en dos ocasiones conocidas, personal de seguridad y escoltas que lo protegen han sido blanco de ataques por parte de integrantes del crimen organizado. Una de esas ocasiones fue mientras jugaba golf en en abril del año pasado en Chihuahua, y la segunda, el pasado 23 de febrero en el fraccionamiento Campanario de la capital del estado donde reside el gobernador en la capital.
Las confrontaciones públicas han sido también el sello característico de su estilo de gobernar.
El reproche, las acusaciones, la denostación, el ataque y la soberbia forman parte de su elaborado discurso contra quienes cuestionan el desgobierno que representa.
Si disputa contra medios de comunicación son ampliamente conocidos, como ocurrió recientemente con la reportera de El Diario, Luz Del Carmen Sosa, quien lo denunció ante la CEDH por violentar el derecho de acceso a la información. A su vez Corral tiene demandado a dicho medio informativo en El Paso, Texas “por calumnias”.
En esa misma línea de agresión se condujo el gobernador contra activistas, colectivos ciudadanos, empresarios, etc, quienes le han exigido transparentar obras de su gobierno como el caso de los “puentes enanos”, la segunda ruta troncal BRT, o muy cuestionado plan de remodelación de El Chamizal.
Sus confrontaciones se han extendido del mismo modo contra empresarios locales como Manuel Sotelo, líder transportista, quien fue calificado como “mezquino” por el mandatario por solicitar que se den a conocer los proyectos ejecutivos de los llamados “puentes enanos”.
También la administración corralista la ha emprendido contra otro de los emblemáticos empresarios juarenses, Pedro Zaragoza Fuentes, a quien calificó como “un detractor, mentiroso y embustero”, luego de que el gobernador quedó en el centro de la guerra de gasolineros por presuntamente beneficiar a su secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, Alejandra de la Vega, y su conflicto de interés como funcionaria de gobierno y copropietaria de las gasolineras Arco que libran una batalla legal contra seis empresas del ramo, una de ellas propiedad de Pedro Zaragoza.
La persecución y acoso a ambos empresarios está en curso, con el amague por un lado y la ejecución de auditorías de gobierno por el otro.
Corral también ha librado varios pleitos y alegatos públicos en contra de la 4T por temas como el recorte al presupuesto 2020, la demanda de la Consejería Jurídica de la presidencia de la república y de la CNDH quienes piden invalidar el cobro de los impuestos universitario, el de traslación de dominio y hasta el DAP en el estado de Chihuahua.
En estos días, corren fuerte los rumores sobre una nueva recomposición del gabinete que acompaña a Corral.
En tres años y medio, han renunciado o removidos de sus cargos 14 de los 16 funcionarios de primer nivel de gobierno del estado, entre ellos el secretario de Salud Ernesto Ávila, Pablo Cuarón de Educación, Norma Ramírez de Obras Públicas, Cecilia Olague, de Desarrollo Urbano, Rubén Chávez, de Desarrollo Rural, Stefany Olmos de la Función Pública, César Jáuregui secretario General de Gobierno, Águeda Lozano secretaria de Cultura, y hasta el coordinador de Gabinete, Gustavo Madero, entre otros.
De acuerdo con el Informe Ciudadano 2019 de la organización civil Plan Estratégico, los chihuahuenses le otorgaban una calificación de 5.17 sobre 10 al gobernador, lo cual confirma que es un político impopular. Un año antes, Corral Jurado obtuvo una puntuación de 4.94. Nunca ha rebasado el 6 de calificación.
En cuanto a las finanzas estatales han caído en un agujero, gracias al número de créditos a corto plazo obtenidos para salir de la crisis, pues se van acumulando intereses muy caros, según han denunciado legisladores locales desde la tribuna en el Congreso del Estado. Hoy Chihuahua tiene la deuda per cápita más cara del país. Cada chihuahuense debería pagar 12 mil 845 pesos para saldar la deuda pública ronda los 60 mil millones de pesos, con un déficit de 13 mil millones.
En ese contexto Javier Corral Jurado rendirá su tercer informe regional ante los juarenses en medio de una crisis de gobernabilidad percibida y expuesta en redes sociales, lo cual pone en evidencia el hartazgo ciudadano por la desatención de la administración estatal.
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