En lo que va de 2019 la estrategia de seguridad en Ciudad Juárez tiene un saldo de 629 personas privadas de la vida, al cierre de esta nota. No se ha alcanzado la mitad del año pero ya se rebasó la cifra promedio del 2018.
De acuerdo con datos oficiales, la incidencia delictiva en esta frontera marca un retroceso de 7 años, ya que a mayo de 2019 la tasa de homicidios fue de 107 por cada cien mil habitantes, similar a la que se tenía en el año 2012.
Locos de coraje por ser evidenciados en su ineficacia, los funcionarios corren a gritar que otros delitos -distintos al homicidio- sí han disminuido. Pero ante la muerte violenta de seres humanos no hay justificación que valga. Eso también lo saben.
Hasta ahora la acción de prevención y combate a la delincuencia estuvo marcada por la descoordinación entre estado, municipio y federación, un magro incremento de efectivos militares en las calles y -recientemente- 700 armas de alto poder entregadas a la Comisión Estatal de Seguridad (CES) y la Fiscalía.
A inicio de año llegaron 600 policías federales y soldados. Empezaron a patrullar solos y apenas hace unas semanas se integraron en binomios con las fuerzas estatales.
No hace más de dos meses que se empezaron a observar soldados acercarse a los lugares donde se ha cometido algún homicidio. El miedo a que se repitan enfrentamientos entre criminales y células militares en la vía pública crece día con día. Juárez ya vivió esa barbarie y no quiere repetirla.
Tampoco quiere lo que hay ahora, con la guerra desatada entre los grupos delictivos y la autoridad como espectadora pasiva o acaso mandando al sacrificio a agentes policiacos. En dos años y medio 36 uniformados han sido ultimados en ataques directos de la delincuencia.
Resultados en pausa
Con el anuncio hace un mes del Plan Especial Juárez, se generó cierta expectativa, pero no fue suficiente para “documentar el optimismo” -como escribía Monsiváis- porque su contenido se reservó únicamente para los mandos policiacos.
Argumentaron sus promotores que no habían incluido voces de la sociedad para confeccionarlo, porque para eso estaba otro organismo denominado Consejo Estatal de Seguridad Pública, de cuyos acuerdos poco se sabe en Ciudad Juárez.
El Plan Especial fue entregado por el gobernador el 3 de mayo en propia mano al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, cuyo representante en el estado de Chihuahua es el abogado Fernando Ávila.
Nada se sabía de si lo propuesto en el Plan -incluidas las cámaras de video vigilancia y el proyecto Juárez Iluminado del alcalde Cabada- había sido aceptado y apoyado por el Gobierno de México.
Apenas el pasado lunes 3 de junio, Javier Corral dio un informe no formal a los reporteros fronterizos sobre los primeros avances.
Destacó el ya referido envío de armas, la solicitud de trasladar a otras entidades a reos peligrosos que están en Ceresos estatales y el anuncio de que el gobernador -ahora sí- asistirá a la mesa regional de coordinación para la construcción de la paz que encabeza en Juárez el alcalde.
Al día siguiente, el fiscal de la zona norte Jorge Nava añadió un cuarto avance, que de concretarse sería sin duda el más importante, ya que podría reflejar una verdadera coordinación entre las policías.
Nava dijo que ahora sí iban a compartir información las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.
Nunca en los dos años y medio que tiene al frente del gobierno Javier Corral y los dos periodos que Cabada lleva en la alcaldía habían admitido públicamente que las desavenencias públicas que tenían estaban afectando la comunicación entre los mandos policiacos.
Fue una fuente del Gobierno federal la que confirmó a Norte Digital, recién iniciada la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, que el principal problema detectado en las mesas de coordinación era la falta de confianza entre el Estado y el Municipio. El desencuentro se repetía también con otras alcaldías.
Lo que dijo Nava ayer de alguna manera confirmó esa situación al anunciar que el área de inteligencia de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizará mapeos semanales de la incidencia delictiva en Ciudad Juárez.
Esos ejercicios, que consisten en ubicar en el mapa de la ciudad los lugares y frecuencia de los delitos de alto impacto, serán usados para redireccionar los operativos que se realizan, explicó.
El objetivo específico -advirtió- es solo uno: bajar la ocurrencia de homicidios dolosos en esta frontera.
También planteó que toda la información que se obtenga de la “nueva” estrategia será compartida entre los tres órdenes de gobierno.
Surge ahora la incógnita de si la decisión de coordinarse tuvo un objetivo de real compromiso con la sociedad o solo fue una buena ocasión para salir juntos en la foto.
Los hechos -medibles y comprobables gracias a la estadística- tendrán la última palabra.
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