La madre de dos niños de primero y segundo de primaria, soltera y que trabaja para sostenerlos, interpuso un amparo contra el Gobierno federal luego de que le negaran el acceso a la beca Rita Cetina.
La beca consiste en un apoyo anual de 2 mil 500 pesos por estudiante y se estima que actualmente beneficia a poco más de 8 millones de niños en el país, de acuerdo a información oficial del Gobierno Federal.
El juicio de garantías quedó registrado en el expediente 453/2026, mismo que está programado para desahogarse en audiencia constitucional el 11 de junio de este año.
José Luis Rodríguez Flores, abogado de la parte agraviada, aclaró que el recurso interpuesto no busca un beneficio económico, sino derribar el estigma de que la educación privada en México es sinónimo de opulencia.
Este caso ejemplifica que no es así ya que se trata de una madre soltera que no puede dejar a sus hijos en una escuela pública porque ahí no tienen horarios extendidos, comentó.
“Es una discriminación institucionalizada que ignora la realidad de miles de familias trabajadoras y jefas de familia”, explicó.
En el amparo, agregó, se solicita que se modifique el portal donde se registran los solicitantes de la beca, porque actualmente incluye un algoritmo que cuando detecta la clave de colegio privado automáticamente rechaza el registro.
Detalló que en el primer agravio que se plantea en el amparo se reclama la incongruencia de denominar «Universal» a un programa que segrega a la niñez por su «condición social» o el tipo de plantel ya que la educación es un servicio público y el apoyo debe seguir al niño, no al inmueble.
Además de que se basan en el tipo de colegio y no en un estudio socioeconómico del menor, añadió.
Como segundo agravio sostuvo que se vulnera el interés superior de la niñez, porque el estado impone un «castigo administrativo» a los menores, por una elección educativa de sus padres que les es ajena.
En el tercer agravio se menciona la falta de perspectiva de género, se argumenta que el Gobierno Federal pasa por alto que muchas mujeres jefas de familia, optan por la educación privada de bajo costo, por necesidad de seguridad, horarios extendidos o falta de cupo público, como es el caso.
“Es una forma de violencia económica institucional que profundiza la brecha de género”, remarcó.
El cuarto agravio es la violación al debido proceso y lo que se denomina «Juez Algoritmo» porque la plataforma digital bloquea automáticamente el registro al detectar una clave de escuela privada (CCT), impidiendo el derecho de petición.
“Este ‘candado tecnológico’ sustituye la valoración humana y legal por un código informático de algoritmo que no permite la defensa y está ejerciendo actos de autoridad”, afirmó el abogado.
Finalmente, el quinto agravio, resulta por la falta de proporcionalidad y razonabilidad ya que el filtro -tipo de escuela- no es idóneo para identificar la riqueza ya que existen medios menos lesivos, como estudios socioeconómicos, que el Estado omitió por «pereza administrativa», expuso.
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