El fiscal general del Estado, César Augusto Peniche, aclaró que no hay indicación de que los procedimientos legales encabezados por la actual administración contra funcionarios del Gobierno de César Duarte, pasen a competencia federal, como lo habría solicitado el gobernador Javier Corral en un reciente viaje a la Ciudad de México.
«No hemos tenido comunicación con la Fiscalía Anticorrupción federal en ese tema», dijo el fiscal.
Señaló desconocer si existe alguna petición por parte del jefe del Ejecutivo a instancias nacionales. Esto, para que que la Federación atraiga las indagatorias de la llamada nómina secreta y los Expedientes X, como señalan medios nacionales.
No se ha generado ninguna solicitud: Fiscal
El fiscal Peniche afirmó que la instancia pertinente para el seguimiento de los casos seguirá siendo la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Y por ello no se ha generado ninguna solicitud hacia el personal o titulares de la Unidad de Inteligencia Financiera o la Fiscalía Anticorrupción federal.
Por eso, aclaró que la propia Fiscalía Anticorrupción local tiene la facultad de atracción de las denuncias que se generen en el estado.
Información difundida por medios nacionales detalla que el gobernador de Chihuahua solicitó a miembros del gabinete de Andrés Manuel López Obrador su intervención para que los casos judiciales promovidos en la esfera estatal sean asumidos para investigación por entes federales.
En un texto periodístico atribuido a Raymundo Rivapalacio, se indica que tras un encuentro en el centro del país, Corral solicitó a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, atraer las investigaciones contra Duarte. Lo anterior, ante un supuesto temor de que no se le diera seguimiento al término de su gestión.
Operación, instrumento de control político
Diversos sectores han catalogado la lucha anticorrupción de Javier Corral como un instrumento de control y presión político con deficiencias. De ahí que de 89 órdenes de aprehensión giradas, solo hubo 77 vinculaciones a proceso y 16 sentencias condenatorias a lo largo de la operación.
De las sentencias condenatorias, más del 80 por ciento de los indiciados obtuvieron beneficios de condena condicional y la mayoría se encuentran en libertad.
Además, la vocería del Gobierno del Estado no confirmó el estatus de unos 37 procedimientos administrativos contra del exgobernador de Chihuahua y funcionarios. Esto, tras un cambio en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Durante junio, el gobernador Corral señaló que la Operación Justicia para Chihuahua es un proceso permanente de su administración y continuará hasta el último día. Sin embargo, suman varias semanas al hilo sin algún anuncio o avance.
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