El Gobierno Municipal dejó en claro su postura en cuanto a la estancia en la ciudad de los venezolanos retornados de Estados Unidos.
Durante la conferencia de prensa de los lunes, el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar y sus colaboradores, informaron las razones humanitarias por las que desalojaron a unas 600 personas originarias de Venezuela, asentadas en el margen del río Bravo.
“No entiendo por qué esa terquedad de estar en un lugar inseguro que no genera ningún beneficio a sus aspiraciones migratorias”, señalo Pérez Cuéllar.
Héctor Ortiz Orpinel, secretario del Ayuntamiento, dijo que están apareciendo campamentos en otros lugares y que volverán a desalojar o en su caso evitar cualquier otro intento de asentamiento.
Pérez Cuéllar señaló que su Gobierno espera el acompañamiento de las otras autoridades para impedir que se vuelvan asentar de manera caótica, insegura e inhumana.
Las mismas autoridades consideraron que al interior del grupo, los malinforman o asesoran de manera equivocada o tendenciosa con algún fin político o económico.
El edil dijo que su Gobierno está alerta, con algunos rondines a cargo de la Policía, en los sitios que pueden ser nuevamente ocupados.
Santiago González, coordinador de Atención de Derechos Humanos del Municipio, señaló que su instalación es inconveniente, ya que se tiene la experiencia de otras partes del mundo, donde los campamentos se arraigan y luego los problemas sociales se profundizan y se perpetúan bajo liderazgos perniciosos.
El funcionario señaló que en la ciudad operan los albergues de los Gobiernos municipal, Gimnasio “Kiki” Romero y el federal Leona Vicario, donde tienen suficiente cupo para atenderlos.
González insistió en que se actuó bajo la obligación que tiene el Estado de proteger la vida de las personas, más aún cuando se involucra la vida de menores de edad.
Los funcionarios expusieron que un dictamen levantado por Protección Civil, arrojó que las personas estaban expuestas a ahogarse en el río.
También expusieron otras razones de seguridad, asociadas con los riesgos de incendios y por las condiciones de insalubridad y enfermedades respiratorias causadas por las bajas temperaturas de la frontera.
Expusieron que los riesgos son mayores para los infantes del campamento.
Roberto Briones Mota, director de Protección Civil, es otro de los funcionarios que comparecieron a la conferencia de prensa en la que se justificó el desalojo del fin de semana, junto con autoridades de las tres esferas de Gobierno y organismos de derechos humanos. El alcalde señaló que la ciudad ha recibido flujos de entre 600 y 4 mil migrantes venezolanos. Sobre ellos, señaló que la ciudad tiene reglas que son aplicables para todos, más aún cuando se tiene que privilegiar la vida.
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