A casi dos semanas del golpe de Estado que dio el expresidente Pedro Castillo, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, confirmó que su país le concedió asilo político a la exprimera dama Lilia Paredes y a sus dos hijos, que son menores de edad.
La esposa del exmandatario ya se encuentra en dicho país. La noche del martes, el Perú le otorgó el salvoconducto que le permitió viajar.
La llegada de Lilia Paredes a México fue confirmada por Martín Borrego Llorente, director General para América del Sur de la Secretaria de Relaciones Exteriores de México, mediante sus redes sociales.
El martes, el canciller de México hizo el anuncio del asilo en la conferencia de prensa que suele dar a diario el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
“El asilo ya se les concedió, porque están en territorio mexicano, están en la embajada y cuando están en la embajada les concedes el asilo, es una decisión independiente y soberana de México. Ahora lo que se está negociando es el salvoconducto para que si desean salir [del Perú] lo puedan hacer y venir a México, si así lo desean”, manifestó el martes Ebrard.
Horas después, el gobierno peruano concedió el salvoconducto, pero se reservó la facultad de pedir su extradición si las autoridades judiciales lo requieren.
La canciller Ana Cecilia Gervasi precisó que México fue informado de que Paredes está comprendida en una investigación preparatoria como coautora del delito de organización criminal, y que no existe persecución política en el país.
Paredes Navarro es sindicada como coordinadora en una red que habría liderado Castillo Terrones para otorgar obras del sector Vivienda, Construcción y Saneamiento en el distrito de Anguía (Cajamarca) y otras localidades del país.
En octubre, el juez Raúl Justiniano ordenó que la exprimera dama cumpla comparecencia con restricciones. Entre las reglas de conducta impuestas estaba la de no ausentarse de su lugar de residencia sin permiso judicial.
No obstante, en la víspera se conoció que la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior declaró la nulidad de esta decisión “en todos los extremos”. Y dispuso que Justiniano emita un nuevo pronunciamiento.
Una relación deteriorada
El excanciller peruano Allan Wagner explicó a El Comercio que la Convención Interamericana de Derechos Humanos, suscrita por el Perú, establece que el Estado asilante es el que califica la condición del asilado. Agregó que esta medida se incorporó a raíz de la negativa del gobierno militar de Manuel A. Odría de darle el salvoconducto al fundador del Partido Aprista, Víctor Raúl Haya de la Torre, en 1949, cuando este se refugió en la Embajada de Colombia en Lima.
“Si el gobierno de Boluarte no otorgaba el salvoconducto a Paredes “estaría incumpliendo una norma internacional” y “México podría haber tomado medidas”, explicó Wagner.
También refirió que la investigación contra Paredes puede continuar y llegado su momento el Perú puede pedir su extradición, si ella finalmente deja el país en los próximos días.
El exministro de Relaciones Exteriores Eduardo Ferrero Costa dijo que si bien formalmente el asilo a la ex primera dama no cumple con los requisitos del derecho internacional, porque ella no es una perseguida política y afronta una pesquisa por presuntos actos de corrupción, el Perú sí debía dar el salvoconducto.
“El gobierno peruano se encontraba en la obligación legal de otorgar el salvoconducto para que la señora y sus hijos salgan del territorio nacional. De no hacerlo estaríamos actuando en contra del derecho internacional, como ya lo hizo México, Colombia y otros países al haber tenido injerencia en asuntos internos del Perú”, expresó.
Ferrero Costa opinó que la relación diplomática entre el Perú y México “se ha deteriorado a consecuencia” de los actos de López Obrador.
Indicó que la conducta del gobierno mexicano afecta la buena relación “económica, política y social” que el Perú siempre ha tenido con México. “Espero que el presidente López Obrador recapacite y no insista [en sus ataques]”, acotó.
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