Carlos Omar Barranco | Norte Digital

Entre testimonios falsos, amenazas y presiones del crimen organizado, el expediente judicial del caso Miroslava Breach dejó al descubierto una revelación tan brutal como inesperada: el hijo del capo José Crispín Salazar Zamorano acusó a su propio padre de haber ordenado el asesinato de la periodista.

Su testimonio terminó por confirmar lo que la investigación federal ya apuntaba: el crimen fue una represalia por las investigaciones periodísticas sobre narcopolítica en la Sierra de Chihuahua.

La primera vez que un juez desechó dichos falsos de testigos vinculados con el cártel de Los Salazar ocurrió cuando el exalcalde del PRI en Chínipas, el médico Jesús Ramón Quinto Agramón Varela, sostuvo que Juan Carlos Moreno Ochoa, alias El Larry, no había estado en el lugar de los hechos el día del homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea.

Hoy El Larry purga una condena de 50 años de prisión, por haber orquestado el asesinato cometido el 23 de marzo de 2017.

Agramón Varela declaró —y así quedó asentado en el expediente— que, en esa fecha, El Larry había sido visto tomando café en una fonda de Chínipas, a más de 400 kilómetros de la ciudad de Chihuahua.

Declaraciones de otros testigos, imágenes de cámaras de videovigilancia y evidencias materiales presentadas por la Fiscalía dejaron al descubierto la mentira.

El Larry no solo había organizado el crimen y conseguido una casa para que los cómplices se escondieran, sino que él mismo había estado en un vehículo en la calle Río Aros, del fraccionamiento Lomas Vallarta, en la ciudad de Chihuahua, donde vivía la periodista, el día y a la hora del asesinato.

Su mismo vehículo fue grabado días antes dando rondines por el mismo lugar.

Alcaldes y jefes de policía puestos por el narco

Jesús Ramón Quinto Agramón Varela tenía una relación de amistad y conveniencia política con Los Salazar. Había sustituido en la candidatura del PRI en 2016 a Juan Miguel Salazar Ochoa, sobrino del cártel, evidenciado en el trabajo periodístico de Miroslava.

La imposición de candidatos no terminó con Agramón.

En la elección siguiente, 2018, fue electo Salomé Ramos, otro personaje emparentado con Los Salazar, quien además se postuló para un segundo periodo en 2021.

Su gestión cobró notoriedad cuando el grupo criminal construyó una escalinata en un cerro de la localidad, hecho que se convirtió en noticia nacional.

Las investigaciones periodísticas de Miroslava en Periódico Norte de Ciudad Juárez, Norte Digital y La Jornada dejaron claro que Los Salazar colocaban candidatos a alcaldías y jefes de policía en comandancias municipales.

Ese fenómeno, documentado por Breach durante varios años, describía un patrón que se repetía en distintos municipios serranos: aspirantes a cargos públicos impulsados por grupos criminales que buscaban asegurar control político y territorial.

En comunidades pequeñas, donde las campañas se resuelven con pocos cientos de votos, la presión del crimen organizado podía inclinar fácilmente las elecciones. Así, los cárteles no solo protegían sus rutas y negocios ilícitos, sino que aseguraban influencia directa en decisiones del Gobierno local.

Los reportajes de Miroslava evidenciaron cómo esa relación entre crimen y política no era un hecho aislado, sino una práctica sistemática que afectaba la vida pública de varias comunidades serranas.

De esa manera controlaban —como hasta la fecha— recursos públicos y actividades ilícitas en la zona serrana limítrofe entre Chihuahua y Sonora.

Evidenciar en sus notas hechos violentos, desapariciones, asesinatos, tala ilegal y demás abusos que mantenían asolada a la población de esos municipios, incluida su natal Chínipas, le costó la vida a la periodista.

La investigación de la Fiscalía confirmó que al líder del cártel, José Crispín Salazar Zamorano, no le agradó lo publicado por Breach. Por eso ordenó asesinarla.

Las mentiras del hijo, los crímenes del padre

Un episodio más en la trama de complicidades y mentiras que siguieron al homicidio de Miroslava Breach Velducea lo protagonizó Edgar Salazar Gaxiola, hijo de José Crispín Salazar Zamorano, quien fue presentado como testigo de la Fiscalía en 2019.

José Crispín tiene en su contra una orden de aprehensión como presunto autor intelectual del homicidio, emitida por un juez federal a partir de la investigación de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle).

De Edgar no se tenía registro público, ni antes ni después del asesinato de Miroslava el 23 de marzo de 2017, hasta que el 22 de enero de 2019 fue detenido en el centro comercial Plaza Vallarta, en la ciudad de Chihuahua, por un cargo de extorsión.

La evidencia en su contra indicaba que había fingido el secuestro de su novia, por lo que aceptó colaborar con la Fiscalía para reducir una posible sentencia.

El acuerdo consistía en delatar a su padre, José Crispín, porque presuntamente Edgar había presenciado cuando el jefe criminal ordenó matar a la periodista.

Luego, por haber traicionado a su padre, este habría ordenado matarlo mientras aún estaba preso en el Centro de Readaptación Social número 1 de Aquiles Serdán (Cereso).

“Tu papá nos dio permiso de matarte”

De acuerdo con constancias presentadas por el Ministerio Público, a las que Norte Digital tuvo acceso, la amenaza le fue comunicada a Edgar por El Larry y El Pollo, otro miembro del grupo criminal, cuando los tres coincidieron recluidos en el Cereso 1.

“Él está en el penal donde estaba Juan Carlos Moreno Ochoa y otro al que apodaban El Pollo, y este le dice: ‘Ya nos dimos cuenta de que la Federal te viene a buscar y tu papá ya nos dio permiso de matarte. Nos ordenó matarte’”, relató una fuente con acceso al expediente que pidió reservar su identidad.

Entonces —contó— Edgar buscó hablar con los fiscales federales y les dijo:

“Me van a chingar por órdenes de mi papá y antes de irme voy a contar lo que sé de la periodista, pero a cambio quiero protección”.

La representación legal de las víctimas, a través de Propuesta Cívica, intervino solicitando el desahogo anticipado del testimonio de Edgar, debido al alto riesgo de que fuera asesinado dentro del penal.

Pero surgió un obstáculo: el indiciado fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 11 de Hermosillo, Sonora, bajo el mismo argumento de que su vida corría peligro.

Entonces se pidió al director de ese centro penitenciario que lo enlazara vía remota para que pudiera rendir su testimonio.

El 12 de junio de 2019, en audiencia anticipada, Edgar relató cómo Los Salazar controlaban penales, tráfico de droga al interior y colocaban policías municipales y alcaldes en la Sierra de Chihuahua y Sonora; es decir, una radiografía de la narcopolítica.

Después, el 8 de marzo de 2021, en la sede de la FGR en Chihuahua, declaró:

“Es mi deseo declarar que sí tengo parentesco con una persona involucrada en el homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea, porque es mi papá, el señor Crispín Salazar Zamorano, y fue quien la mandó matar”.

La declaración tuvo un peso particular dentro de la investigación federal. Hasta ese momento, la hipótesis del Ministerio Público señalaba a José Crispín Salazar Zamorano como autor intelectual del crimen, pero no existía un testimonio directo que confirmara la orden.

El señalamiento de Edgar Salazar Gaxiola terminó por cerrar esa línea de investigación, al describir el momento en que, según su versión, el líder criminal expresó su molestia por las publicaciones de Miroslava Breach y decidió ordenar el asesinato.

Ese testimonio coincidía con otros elementos del expediente, incluidos los movimientos de los implicados y la reconstrucción de los hechos realizada por la Fiscalía.

Ya fuera de la cárcel, Edgar cambió la versión

Después de la declaración anticipada, Edgar Salazar Gaxiola obtuvo su libertad y posteriormente acudió a la audiencia en la que Hugo Schultz solicitó libertad anticipada en mayo de 2025.

En ese proceso, la jueza determinó que Schultz representaba un riesgo para víctimas y testigos, luego de que se presentaran pruebas de que Edgar había sido privado de la libertad y torturado para que se retractara.

Sin embargo, el 21 de abril de 2025, en una videollamada difundida en Internet, Edgar cambió su versión y aseguró que agentes del Ministerio Público federal lo habían torturado para obligarlo a declarar contra su padre.

El 24 de septiembre de 2025, el fiscal especial en Investigación del Delito de Tortura, Juan Carlos Chávez Jiménez, notificó mediante edicto que no existían elementos para acreditar esa acusación.

En el material difundido en Internet, consultado para este reporte, se observa a Edgar en un pequeño departamento, vestido con una camiseta gris sin mangas. Sobre el escritorio de su interlocutor aparece un libro azul con el título “Duda razonable”.

Si fue torturado por agentes federales para inculpar a su padre, o si fue presionado por integrantes del grupo criminal para retractarse, es algo que únicamente él podría aclarar.

Norte Digital buscó establecer contacto con él antes del cierre de este trabajo, pero no obtuvo respuesta.

De acuerdo con documentos del expediente consultados por este medio, hasta ahora no existe evidencia que sustente una teoría distinta a la planteada en la investigación inicial.

Miroslava Breach Velducea fue asesinada en represalia por su trabajo periodístico.

Sus investigaciones documentaron cómo el grupo criminal Los Salazar influía en candidaturas municipales y estructuras de seguridad en la sierra de Chihuahua, una red de poder que durante años operó entre la política local y el crimen organizado.

A nueve años del homicidio, parte de la verdad judicial ya está establecida. Varios de los participantes han sido identificados, algunos fueron condenados y otros continúan prófugos.

Pero el caso sigue incompleto.

El presunto autor intelectual del asesinato, el capo José Crispín Salazar Zamorano, sigue sin ser presentado ante un juez.

Mientras eso no ocurra, el expediente del crimen de Miroslava Breach seguirá recordando que investigar la narcopolítica en México puede costar la vida.

Y que, incluso cuando la verdad empieza a abrirse paso en los tribunales, la justicia todavía puede tardar demasiado en alcanzarla.