En las pancartas que portaban quienes se manifestaron la mañana de este jueves en la explanada de Ciudad Judicial, pueden leerse las exigencias hacia autoridades por diversos casos que causaron conmoción en la sociedad juarense, como la Guardería Gussi, la ‘niña azul’ y el de Nancy Vela, entre otros.
Las omisiones oficiales han dejado una estela de enojo entre las integrantes de diversos colectivos que se dieron cita en este lugar.
Aunque cada caso es distinto, la mayoría coincide en una queja principal: la falta de diligencias adecuadas por parte de los agentes del Ministerio Público encargados de la investigación de las denuncias, principalmente, en aquellas cuyas víctimas son niños.
Casos como el de Cynthia Vanessa, madre de una niña de 7 años, quien solicitó la apertura de dos carpetas de investigación, una por violencia doméstica y otra por abuso sexual, contra su expareja, a quien identifica como Javier Eduardo.
Relata que en 2023 dejaron libre al acusado en dos ocasiones y que, al reintentar la denuncia, le dijeron que el caso no procedía “por celos… me trataron de loca”.
En aquella ocasión, cuenta, llegó a las 9 de la mañana a las instalaciones de la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) y salió hasta las 10 de la noche sin ser atendida formalmente.
“Se soltaron riendo y dijeron que era su hora de comida y se fueron y me dejaron ahí con mi hija”, señala.
Otra madre, quien prefiere no dar a conocer su identidad, acusa a un cuñado de abusar sexualmente de su hija desde que ésta tenía 14 años.
Menciona que presentó la denuncia el 15 de julio y señala a la agente del Ministerio Público, Gabriela Salas, así como a la coordinadora, Perla Guadalupe Pérez, de que cuando acude a la FEM a revisar los detalles de su carpeta, enfrenta largas esperas y falta de avances en el caso.
Además, denuncia que el agresor se encuentra libre y se jacta de tener dinero para pagar a funcionarios.
“La justicia no se vende”, insiste.
Irma Martínez Flores, madre de Nancy Varela Martínez, cuyo caso se reabrió por medio de un recurso judicial, se suma a la protesta y enfatiza que, tras las decisión judicial, la agente del Ministerio Público únicamente ha realizado una de 40 diligencias pendientes y que fueron solicitadas por su asesora jurídica.
“Nos ha dicho que vamos a ser revictimizadas si deseamos continuar con el caso”, afirma.
Atribuye los retrasos a funcionarios incompetentes y a una posible apatía relacionada con el cambio de Gobierno.
Ella exige que la FGE dé una postura pública sobre los casos y que se fiscalice el trabajo de los agentes del Ministerio Público.
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