La familia Breach Velducea y Propuesta Cívica, la organización que la acompaña, lanzaron un posicionamiento, ante la publicación denominada Reporte Miroslava y otras publicaciones de autoría de la periodista Guadalupe Lizárraga.
A través de un escrito, cuestionaron el texto referido, donde la critican porque de manera “obsesiva intenta demostrar la supuesta inocencia de los victimarios”, así como por su tendenciosa información difundida, sin apagarse al rigor periodístico.
Cuestionan que haya difundido los nombres completos de toda la familia de la periodista que fue asesinada, donde los pone en grave riesgo, por lo que solicitaron urgentemente al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras y Periodistas brinde protección eficaz y oportuna a la familia Breach Velducea.
A continuación el posicionamiento completo:
Posicionamiento público frente a la publicación Reporte Miroslava, así como a diversas publicaciones de autoría de la periodista Guadalupe Lizarraga en relación al homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea
Propuesta Cívica, organización acompañante de la familia Breach Velducea, nota con especial preocupación la instrumentalización del caso de Miroslava Breach a través de múltiples publicaciones periodísticas a nivel nacional y estatal.
El pasado mes de mayo se publicó el Reporte Miroslava, obra periodística de Guadalupe Lizarraga, a través de la cual pretende apuntar a la supuesta fabricación de responsables del asesinato, así como a la siembra de pruebas por parte del ex gobernador Javier Corral y la Fiscalía General del Estado, en supuesta colaboración con la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle). De acuerdo a la propia publicación, la periodista sustenta su obra a través del supuesto acceso a la carpeta de investigación –alegadamente de 26 tomos, cuando de acuerdo a los registros de Feadle únicamente existen 24 tomos–, además de entrevistar a los sentenciados y a abogados de estos. Como primer punto, lamentamos que la periodista no haya tenido la pericia de entrevistar o buscar a la familia Breach Velducea, a la organización que representa legalmente el caso y autoridades que judicializaron el caso, tampoco se advierte de la publicación la consulta a las causas penales ni las audiencias públicas del caso celebradas ante el Centro de Justicia Penal Federal en Chihuahua, Chihuahua.
En ese tenor, desde Propuesta Cívica advertimos que el libro tiene graves sesgos de información, información incorrecta y falsa, además de ser tendencioso en sus conclusiones. De un análisis comparativo exhaustivo de la obra con relación a las pruebas admitidas y desahogada en juicio oral por Juez de enjuiciamiento federal, imparcial e independiente.
Por tanto, señalamos las siguientes deficiencias en la investigación:
● En relación a las entrevistas practicadas a la familia donde se señala a Hugo Amed Schultz Alcaraz y a Carlos Arturo Quintana alias “El 80” como probables partícipes del homicidio, se recuerda que las víctimas no son testigos claves, ni directos o indirectos de los hechos, las Fiscalías tienen la obligación de generar hipótesis de investigación, líneas que apuntan a la actividad periodística de la víctima y su corroboración a través de múltiples estudios, como el análisis de contexto realizado por la Feadle y el estudio de las notas periodísticas por parte de los Policías de investigación de la Fiscalía de Chihuahua.
En el caso de Miroslava, las entrevistas de la familia fueron una ínfima parte del acervo probatorio desahogado en el proceso judicial de Juan Carlos Moreno Ochoa, y parte de los datos de prueba ofrecidos para la vinculación a proceso de Hugo Amed Schultz Alcaraz, en las causas penales 259/2018 y 150/2020 respectivamente. Por tanto, es irresponsable comunicar que la responsabilidad de las líneas de investigación y las sentencias recaen únicamente sobre las víctimas en delitos de alto impacto.
No se omite mencionar que la entrevista del hijo de Miroslava Breach no fue utilizada para el enjuiciamiento de Juan Carlos Moreno Ochoa a petición de la familia y de Propuesta Cívica. Más aún, la responsabilidad de Ramón Zavala no fue sometida a acreditación judicial pues, como revelaron investigaciones posteriores, dicha persona fue asesinada antes de ser juzgada por el homicidio de Miroslava. Por tanto, pierde interés periodístico o relevancia pública su entrevista.
Dicho sea de paso, las entrevistas de testigos y víctimas directas de delitos de alto impacto (haciendo énfasis en niñas, niños y adolescentes) pueden o no servir para identificar al responsable, circunstancia que depende de los factores de resiliencia de la persona frente a los hechos, así como su capacidad de memoria y retención. En el caso del hijo de Miroslava, no es lógico ni de sentido común señalar que, por haberse encontrado a escasos metros de los hechos y ser un “joven”, tuvo la oportunidad de identificar plenamente al gatillero.
● Respecto a la supuesta falta de precisión en la hora en que sucedieron los hechos, quedó acreditado ante Juez de enjuiciamiento que la hora aproximada de la privación de vida de Miroslava fueron las 6:30 horas del 23 de marzo de 2017. Es decir, fue una controversia resuelta por autoridad judicial, misma que quedó firme por resolución de la toca penal 48/2020 resuelta por el Segundo Tribunal Unitario en Chihuahua. También quedó demostrado en audiencia de juicio oral la razón en la variación de la hora en los aparatos y se tomó en consideración la ubicación del sol para esclarecer la continuidad en tales videos.
● Respecto a la supuesta participación de Javier Corral –en ese entonces gobernador de Chihuahua– en la manipulación de evidencia y fabricación de responsables, ni la defensa de Juan Carlos Moreno Ochoa, ni la defensa de Hugo Amed Schultz Alcaráz presentaron argumentos o evidencia alguna que acredite la existencia de estos hechos, como se puede advertir de las audiencias de las causas penales 259/2018 y 150/2020, las cuales son de acceso público.
● En cuanto a la intervención de la agente del ministerio público federal, Iris Gabriela Santoyo Cuervo, debe aclararse que la intervención en el proceso judicial de Juan Carlos Moreno Ochoa fue hasta las audiencias de competencia celebradas ante el Centro de Justicia Penal Federal en Chihuahua, no así durante la solicitud, el otorgamiento de la orden de aprehensión ni en su cumplimiento, como supuestamente señala la periodista en su obra. Asimismo, los agentes participantes de la detención se trataron de policías federales quienes actuaron a solicitud de colaboración de la Fiscalía estatal de Justicia de Chihuahua, no agentes de Seido como se afirma en la obra.
● De igual manera, se aclara que la Feadle no solicitó ni dio cumplimiento a la orden de aprehensión girada en contra del testigo de identidad reservada Apolo, por el delito de secuestro. La Fiscalía tuvo conocimiento de la detención a través de fuentes abiertas como se demuestra en los registros de investigación. Asimismo, el testigo no fue sujeto a tortura ni a tratos malos ni degradantes, así señalado por el mismo Apolo, en una entrevista practicada a él el pasado 25 de marzo de 2023 y que consta en los registros de investigación, en la cual existió participación de peritos médico legista y psicólogo. Apolo declaró en audiencia pública que era su voluntad y derecho humano declarar y ser escuchado por la autoridad judicial.
● Respecto a los actos de tortura de los que supuestamente fueron víctimas los hoy sentenciados, sin prejuzgar los resultados de los protocolos de Estambul practicados a las personas sentenciadas, su familia y un testigo de identidad reservada, la existencia de un protocolo de Estambul es meramente un indicio de la posibilidad de existencia de malos tratos, crueles e inhumanos o degradantes, así como de tortura, de acuerdo con los propios estándares internacionales y nacionales plasmados en el Protocolo para juzgar casos de tortura y malos tratos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, resulta tendencioso adjudicar responsabilidades penales por la comisión de tortura a través de una publicación periodística, más aún si peritos, abogados y representantes legales deben tener conocimiento de esos estándares. Por otro lado, suponiendo sin conceder, la existencia de afectaciones hacia las personas sentenciadas y sus familias no repercutió en los procesos penales iniciados en su contra, pues no se desprende del expediente ni de los procesos penales que a través de estos actos se hayan fabricado pruebas o confesionales utilizadas en el caso, máxime cuando tales peritajes no fueron presentados ante las autoridades judiciales competentes ni por parte de Juan Carlos Moreno Ochoa, ni por Hugo Amed Shultz Alcaraz.
● Respecto al involucramiento de “El 80” como presunto autor intelectual del homicidio, el agotamiento de las líneas de investigación permitieron descartar su participación. Desde la experiencia de Propuesta Cívica en el acompañamiento de casos, así como, del Protocolo homologado para la investigación de delitos contra la libertad de expresión, las hipótesis de investigación y las líneas deben ser cuestionadas y corroboradas durante el esclarecimiento de los hechos, quedando en responsabilidad de la autoridad ministerial el cómo se sustentan ante Jueces de control y de enjuiciamiento. En el caso de Miroslava, la teoría del caso de la FEADLE permitió abrir líneas de investigación hacia integrantes de Los Salazar y actores políticos, tales líneas se comprobaron y quedaron sustentadas en 53 medios de prueba, que fueron corroborados por un Juez de enjuiciamiento y Tribunal de Alzada en el proceso penal en contra de Juan Carlos Moreno Ochoa y la Juez de control que autorizó el procedimiento abreviado de Hugo Amed Schultz.
No omitimos la gravedad de revelar la identidad de la familia de Miroslava Breach al público. Como es un hecho notorio, la investigación se encuentra abierta en relación a las órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar en contra del autor intelectual y otro material, personas que la Feadle demostró se encuentran vinculadas al grupo delictivo Los Salazar. La revelación de los nombres de toda la familia de Miroslava en una publicación de investigación periodística es un descuido gravísimo que pone en riesgo real e inminente la integridad, libertad y vida de la familia frente a personas que se encuentran en libertad y, hasta donde se tiene conocimiento, operan en los estados de Sonora y Chihuahua con fuerte presencia. Además de considerarse un hecho posiblemente constitutivo del delito, es una brecha de seguridad alarmante ante las capacidades del crimen organizado para actuar en contra de la familia de la periodista.
Desde Propuesta Cívica estamos conscientes de que los periodistas no tienen la responsabilidad de acreditar fehacientemente todos y cada uno de los hechos que plasman en sus trabajos periodísticos, particularmente la crítica hacia el actuar de las autoridades de procuración de justicia nutre la rendición de cuentas y la democratización de nuestro Sistema de justicia penal, sin embargo la publicación Reporte Miroslava no cumple con el estándar de debida diligencia periodística al que están obligados los profesionales del periodismo, pues carece de parámetros mínimos de verificación y corroboración de fuentes, tampoco muestra información imparcial ni objetiva hacia la crítica la investigación, demostrando una tendencia hacia la búsqueda de responsabilidad de Javier Corral y de manera obsesiva intenta demostrar la supuesta inocencia de los victimarios, de quienes fue demostrada su plena responsabilidad penal ante las autoridades judiciales correspondientes, y que a lo largo de sus procesos existió un estricto respeto a sus derechos humanos y a sus garantías procesales.
Destacamos que esta publicación es realizada en el marco de un proceso electoral que se ha caracterizado por instrumentalizar los discursos y exigencias de colectivas, familias y víctimas de la situación de violencia generalizada en México, situación que como organización de sociedad civil reprobamos rotundamente. La familia de Miroslava Breach reprueba el uso posiblemente político del caso de su familiar, además de que la publicación ha generado sentimientos de enojo, impotencia y ha entorpecido los procesos de sanación de las afectaciones derivadas del homicidio, cicatrices que se continúan manifestando ante el contexto de impunidad en el caso. Por otro lado, es igualmente indispensable respetar la memoria y el trabajo periodístico de Miroslava Breach, el cual se distingue por su profesionalismo y su asiento en la realidad. Cualquier periodismo de investigación dirigido a criticar el Sistema de justicia penal debe ser consciente que las voces de las víctimas son importantes y debe procurar actuar en respeto a su integridad.
Por lo anterior,
Solicitamos urgentemente al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras y Periodistas brinde protección eficaz y oportuna a la familia Breach Velducea.
A la Feadle que investigue de manera pronta y oportuna cualquier amenaza u acto de intimidación del que pudiera ser víctima la familia a raíz de esta publicación.
Atentamente
La familia Breach Velducea
Propuesta Cívica, como organización representante de la familia Breach Velducea
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