El paso de Jhoselin T. F. por la sala 11 de Ciudad Judicial, la tarde del lunes 15 de diciembre, fue como la aparición silenciosa de un fantasma. Entró con un semblante más sereno que en la audiencia anterior, el rostro inexpresivo, sin emitir sonido alguno mientras la agente procesal la guiaba hasta su asiento, junto a su abogado defensor.
Ahora vestía el uniforme del Cereso Femenil No. 2: chamarra y pantalón gris. En la sala ya estaban presentes la jueza de control Lizbeth Marbella Del Carmen Barraza, el agente del Ministerio Público, familiares de la imputada y de la víctima, así como la asesora jurídica de la familia de Leslie Godínez Carrillo.
A diferencia de otras audiencias de vinculación, la jueza prescindió del lenguaje jurídico complejo y explicó a Jhoselin —de 19 años—, de manera sencilla, cada etapa del procedimiento que estaba por iniciar. Preguntó primero al defensor si presentaría pruebas; al responder que no contaba con ningún elemento, ofreció a la imputada declarar. La jueza le explicó que su testimonio podría usarse en su contra. “Quiero guardar silencio”, respondió la joven.
El Ministerio Público solicitó, por “economía procesal”, que los antecedentes de la carpeta fueran considerados como reproducidos, para no prolongar la audiencia.
El dictamen forense reveló el horror: Leslie murió desangrada y su hijo luchó por vivir
Al emitir sus consideraciones, la jueza explicó que en esta fase inicial no se requiere certeza plena de los hechos, sino la existencia de una sospecha razonada que permita continuar el proceso. Aclaró que no sería ella quien dictaría sentencia, pero sí debía determinar si existían elementos para presumir la participación de la imputada.
Con base en los dictámenes médicos y la necropsia practicada por el Servicio Médico Forense, Barraza destacó que Leslie murió desangrada debido a una “extracción uterina”. El bebé —de apenas cinco meses de gestación— sufrió lesiones de tal gravedad que pusieron su vida en riesgo.
La jueza añadió que al menos dos testigos protegidos identificaron a Jhoselin como una de las personas que participaron en la cesárea clandestina y en el abandono del cuerpo dentro de un domicilio en la colonia Portal del Roble.
Detalló también que los hechos encuadran en la clasificación de feminicidio agravado, al existir indicios de que Jhoselin actuó de manera consciente, premeditada, por una retribución económica, en compañía de otras personas y provocando alteraciones corporales que atentaron contra la dignidad de la víctima.
Con estos elementos, concluyó que existían datos suficientes para presumir la intervención de la imputada en los hechos ocurridos la tarde y noche del 17 de julio de 2025.
Durante toda la audiencia, Jhoselin permaneció casi inmóvil. Apenas asentía ante lo que la jueza y su abogado decían, con un rostro que oscilaba entre tristeza e indiferencia.
A los veinte minutos de iniciada la diligencia, se dictó auto de vinculación a proceso. Su semblante no cambió.
La jueza fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, periodo en el que ambas partes podrán reunir datos de prueba rumbo al eventual juicio oral.
Antes de concluir, la asesora jurídica de la familia de Leslie solicitó apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceave), al informar que el bebé presenta una condición médica en el cráneo que compromete su desarrollo y requiere un tratamiento costoso. Pidió que se les incorpore al Registro Estatal de Víctimas para garantizar la atención.
La jueza concedió la solicitud y anunció que emitirá el oficio correspondiente para que la familia acceda de inmediato a los apoyos y servicios que establece la ley.
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