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Fotografía: Internet

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La presidenta del TSJ usa a la institución para persecución política: Lucha Castro

Castro aclara que entregó expedientes de 56 juzgados; señala que si “desaparecieron”, se trataría de un robo

Por Alejandro Salmón | Norte Digital | 1:18 pm 25 junio, 2022

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Miriam Hernández, ha hecho unas declaraciones temerarias e irresponsables al decir que desaparecieron expedientes de 56 juzgados, respondió la exconsejera del Consejo de la Judicatura del Estado, Luz Estela “Lucha” Castro.

Un día después de que la titular del Poder Judicial afirmara que “desaparecieron” todos los expedientes de todos los juzgados encabezados por los jueces que asumieron el cargo en el 2019, Castro respondió que la entrega de esos documentos está debidamente documentado.

“Si fuera el caso, no hay desaparición de documentos, hay robo. Entonces, ¿por qué no ha procedido para deslindar responsabilidades?”, señaló.

En entrevista telefónica, la también activista por los derechos humanos afirmó que, con las declaraciones que hizo el viernes, la actual presidenta del TSJ mostró una “preocupante ignorancia”.

Es una acusación en su contra, indica Castro

“Lo que ella dice que tuvieron que reconstruir todos los expedientes cuando iban a hacer la ratificación para los jueces. Entonces, si  ella dice que desaparecieron los expedientes, lo que habría pasado es que se los robaron. Ese sería el caso”, agregó.

En ese sentido, Castro consideró que la declaración de Miriam Hernández fue una velada acusación contra ella, ya que en aquel entonces estaba a cargo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura. En ese caso, ella sería la encargada de recibir y entrega la documentación.

Al respecto, puntualizó que entregó toda la documentación a la magistrada Minerva Correa, quien la sustituyó en el cargo cuando ella se retiró por motivos de salud.

En ese caso, hubo un acta de entrega-recepción que se hizo en apego a la Constitución del Estado y a la Ley de Entrega Recepción, continuó.

“Ahora me dice, sin poner mi nombre, que yo me los robé”, exclamó Castro.

En dado caso, agregó, la ley establece que quien recibe la entrega del cargo –de cualquier tipo– dispone de 30 días para solicitar la información o deslindar la responsabilidad.

Pero ese cambio de mando en el Consejo de la Judicatura ocurrió hace casi tres años, explicó.

“Si están perdidos, hay responsabilidad de quien no supo a tiempo detectarlos o ella misma, quien los recibió, los robó. ¿Dónde están los documentos robados?”, expresó.

Lo más grave, señaló, es la ignorancia que muestra la presidenta cuando dice que tuvo que rehacer todos los expedientes, porque en realidad no tenía que hacer todo eso para ratificar a los jueces que ya estaban en tiempo para recibir ese nombramiento.

Cabe mencionar que en su cuenta Twitter, Castro publicó toda la documentación de entrega-recepción de los documentos en cuestión.

Hay persecución política

Lucha Castro inscribió la crítica de la hoy presidenta del TSJ en el marco de lo que ella llama una persecución política en su contra y de quienes ingresaron al Poder Judicial durante el gobierno anterior.

En ese marco se da la reactivación de la denuncia presentada por el magistrado y expresidente del TSJ, Gabriel Sepúlveda, por presunto “ejercicio indebido de funciones”.

El fundamento de esa querella es el hecho de que Lucha Castro tenía 65 años y cuatro meses cuando asumió el cargo, lo cual violentaba –según el denunciante– el límite de edad establecida en la ley para ocupar el cargo en el Consejo de la Judicatura.

“Esa denuncia la puso hace cuatro años y ahora la refresca. ¡Qué casualidad que sea ahora!”, recalcó.

En el mismo marco se da la crítica al proceso de selección de 56 jueces de primera instancia, al cual se le ha llamado “el cochinero judicial”.

“El mito del cochinero judicial fue inventado por algunos medios de comunicación que quisieron enlodar un proceso que fue considerado como buenas prácticas porque la revista de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, aseguró.

“Fue un proceso abierto, donde participaron dos universidades. Yo no tuve acceso a los exámenes”, aclaró.

También recordó que ninguno de los ocho amparos que se promovieron contra ese procedimiento  se menciona que hubo corrupción o que se filtró el examen de oposición.

“El que llaman ‘cochinero’ pasó la prueba en juzgado de distrito, en los colegiados e incluso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, concluyó.

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