La Universidad de Farmington se presentaba como una institución nueva y rigurosa, selecta pero global, publicó Animal Político.
Tenía presencia activa en redes sociales y, según afirmaba en su página web, su objetivo era “proporcionar a los estudiantes de todo el mundo una experiencia educativa única”.
Contaba con un escudo y hasta lema “Scientia et Labor” (ciencia y trabajo). También ofrecía programas académicos actualizados con todas las certificaciones legales pertinentes.
El Departamento de Licencias y Asuntos Regulatorios de Michigan y la Comisión de Acreditación de Escuelas y Colegios Profesionales le habían dado sus autorizaciones. Y el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio la había avalado para admitir estudiantes extranjeros.
La tarifa anual rondaba los 12 mil dólares, significativamente menor que muchas otras instituciones académicas de Estados Unidos, pero nada que hiciera levantar muchas sospechas.
Bueno, aparte de que no tenía aulas, nunca contrató a un profesor y jamás se impartió una clase en ella.
En realidad, estaba a cargo de agentes encubiertos del Gobierno en una operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) para atrapar y deportar a extranjeros que ya habían entrado al país con visas de estudiante.
En enero pasado, cuando se descubrió el esquema, ocho personas que presuntamente trabajaron como “reclutadores” para la escuela y ayudaron a al menos 600 estudiantes fueron acusados de conspiración para delinquir.
En los últimos meses, según confirmó el ICE al Detroit Free Press (DFP), primer medio en reportar sobre el caso, más de 250 estudiantes de la universidad, en su mayoría indios, fueron regresados a sus países de origen y otros enfrentan órdenes de deportación o procesos antes jueces de inmigración.
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