En mayo de 2024, trabajadores del INM revelaron de manera reservada a este medio el presunto modus operandi tanto de agentes migratorios como de elementos de la Guardia Nacional que, aseguraban, obtenían dinero de personas extranjeras aprovechando su paso por la terminal aérea.
Dos años antes de que cinco elementos de la Guardia Nacional fueran detenidos por presuntas extorsiones a migrantes en el aeropuerto de Ciudad Juárez, el propio personal del Instituto Nacional de Migración (INM) ya había denunciado ante Norte Digital cómo operaba la red y quiénes, según sus testimonios, la integraban. Nadie investigó ni frenó las acusaciones.
Los denunciantes afirmaban que la operación era dirigida desde el interior del aeropuerto por personal del INM y señalaron como responsable al entonces comisionado del instituto, Francisco Garduño, a quien acusaban de controlar una red de corrupción dentro de la terminal, mientras la Guardia Nacional actuaba en la parte externa del edificio.
Tras la publicación de esa investigación, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investigar la actuación de ambas corporaciones.
Sin embargo, nunca se hicieron públicos los resultados de esa indagatoria.
La falta de consecuencias, sostienen las fuentes consultadas, permitió que las presuntas prácticas continuaran hasta derivar en la reciente detención de cinco elementos de la Guardia Nacional por hechos similares.
El cobro empezaba en Migración
De acuerdo con la información entregada a Norte Digital en 2024, el propio personal del INM despojaba a personas extranjeras de cantidades que iban de los 100 a los 2 mil 500 dólares por persona.
Los denunciantes explicaban que existían dos formas de operar.
La primera estaba dirigida a migrantes que llegaban a Ciudad Juárez con permiso de turista vigente.
La segunda, a quienes arribaban sin permiso o con documentación falsa.
Según los testimonios, era el propio INM el que expedía esos permisos en Chiapas, Cancún o Ciudad de México.
Aseguraban que los documentos eran entregados deliberadamente con errores para facilitar la extorsión cuando los viajeros llegaban al aeropuerto de Ciudad Juárez.
En el caso de quienes portaban un permiso legal, los Agentes Federales de Migración (AFM) les exigían entregar 100 dólares en efectivo.
El dinero debía colocarse dentro del pasaporte antes de presentarlo al agente migratorio.
“A quien no sabe o no pone los 100 dólares, lo pasan a revisión y ahí lo presionan o amenazan con regresarlo, aun cuando trae su permiso de turista vigente. Como ellos no saben defenderse y les infunden miedo, caen y entregan el dinero”, relataron.
Los denunciantes aseguraron que esa operación era coordinada por la subrepresentante local del aeropuerto, identificada como Alondra I. F. P., en coordinación con la AFM Teresita A. M.
Por encima de ellas ubicaban a Carla Angélica O. P., a quien señalaron como operadora directa de Francisco Garduño.
También identificaron a otros Agentes Federales de Migración presuntamente involucrados: Víctor Manuel A. L., Julián Fernando S., Mayra D. M. y Raymundo R. B., algunos de los cuales, afirmaron, ya enfrentaban denuncias por esas prácticas.
Si libraban el filtro, seguía la Guardia Nacional
Si las personas extranjeras lograban superar el filtro del INM sin pagar, el siguiente paso era encontrarse con elementos de la Guardia Nacional.
Según la denuncia, los jefes de turno les exigían los mismos 100 dólares que habían evitado entregar dentro de las oficinas migratorias.
Para quienes llegaban sin permiso o con documentos falsos, la operación comenzaba incluso antes de aterrizar.
Los agentes migratorios que operaban en Chiapas, Cancún o Ciudad de México avisaban a sus compañeros en Ciudad Juárez sobre “los objetivos en camino”.
La información incluía el vuelo y la hora de llegada de las personas en situación migratoria irregular.
Una vez identificadas en el aeropuerto, les cobraban entre mil 500 y 2 mil 500 dólares para permitirles continuar su trayecto, de acuerdo con la denuncia recibida por Norte Digital.
Los denunciantes subrayaron que para consumar esos despojos ni siquiera era necesario privar de la libertad a las víctimas.
Toda la operación, aseguraron, se desarrollaba dentro de las instalaciones aeroportuarias.
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