El estado con el mayor porcentaje de casos turnados a juicios orales en el país es Chihuahua, con un registro de 27 por ciento. La cifra lo coloca muy por encima de la media nacional de apenas 8.59 por ciento.
Así lo exhibieron los resultados del Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal en México, realizado por USAID y la asociación México Evalúa.
El juicio oral es un instrumento para resolver conflictos con mayor rapidez, pero también genera una mayor carga de esfuerzos por parte de las instituciones.
“El porcentaje de casos remitidos a juicio oral en estados como Chihuahua puede disparar signos de alerta, si se tiene en consideración que los jueces ya presentan una asignación de casos por arriba de la media nacional. Esto podría contribuir a su saturación y capacidad de respuesta”, advierte el análisis presentado.
Las 279 personas juzgadoras que registra el estado, a cada una se les asigna un estimado de 42 causas. El promedio nacional de causas por persona juzgadora es de 33, destaca el documento.
Siete estados se encuentran por arriba de la media nacional en juicios orales
El procesamiento abreviado y la derivación en juicio oral nació para resolver conflictos con rapidez en el estado.
De acuerdo con la exposición de motivos en la Reforma Judicial del 2007, se pretendía que el Nuevo Sistema de Justicia Penal resolviera la conflictividad social “de forma rápida, eficiente, transparente, imparcial, accesible y con respeto a los derechos fundamentales de las personas”.
En este contexto, se encuentra inmersa la figura del procedimiento abreviado.
Incluso, en la práctica, el procedimiento abreviado puede tener una función equivalente a la confesión en el modelo penal anterior inquisitivo, apuntó el estudio.
“El reconocimiento de su culpabilidad por parte del imputado acelera el proceso, porque no es necesario presentar más pruebas sobre la comisión del delito y el trabajo del tribunal se reduce principalmente a determinar la sanción”, concluye.
En el país, el 75.5 por ciento de las sentencias son condenatorias; el 23.8 por ciento son absolutorias y el 0.7 por ciento se registran como mixtas.
“El alto grado de sentencias condenatorias, puesto en el contexto del bajo número de casos que llegan a juicio oral, puede considerarse natural”, consideraron las organizaciones encargadas del estudio.
Es decir, una alta tasa de sentencias condenatorias es signo de que los casos que concluyen con una sentencia son aquéllos de verdadera relevancia penal.
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