Con la legitimidad de haber ganado el cargo de representación popular con el respaldo de 228 mil 274 votos, muchos más de los que sirvieron al presidente municipal para retener el suyo, sus saberes en el ámbito de la ingeniería aplicada a la tecnología, algo de lo que ella nunca se jacta, la doctora en ciencias Leticia Ortega Máynez, síndica del Municipio de Juárez, con voz amable habla con claridad y contundencia del proyecto Juárez Iluminado.
La misma profesora investigadora universitaria, ex diputada local y ahora responsable de la fiscalización de la cuenta pública del Municipio de Juárez, ofreció una entrevista acerca del controvertido proyecto de alumbrado al que de entrada la morenista le dice “no”, pero cuidadosa, ad-hoc a su formación científica, hace un riguroso análisis que por su trascendencia a la aportación del debate público.
El alumbrado público es un derecho, no un servicio, es un bien comunitario que no conviene trasladarse al ámbito de una empresa privada, porque la responsabilidad recae en la propia comunidad y en el presidente municipal que se seleccionó para que administre los recursos públicos de la mejor manera”, señala de entrada.
¿El proyecto genera deuda?
Para mí es una deuda. Con eufemismos simulan que no lo es, pero para mí es deuda porque estamos comprometiendo dinero que no tenemos para pagar a un proveedor por 15 años. Reconocemos la necesidad de resolver el problema, sí; pero quienes defienden el proyecto no ven más que una alternativa cuando hay diferentes opciones.
El proyecto puede desarrollarse por etapas, sin comprometer las finanzas municipales ni poner en riesgo el derecho a la comunidad al acceso a una mejor vida.
Los ciudadanos pagarán más DAP –cinco por ciento anual–, mientras que las autoridades municipales invertirán menos, porque la nueva tecnología generará ahorros en los costos de energía y las ganancias serán para la empresa, no para la comunidad. Esto no es justo para los juarenses. Los administradores públicos tienen que ser eficientes y justos con los recursos para garantizar a los ciudadanos el pleno acceso a sus derechos.
¿Los juarenses vamos a pagar los platos rotos?
No solo se compromete el DAP, también pueden afectarse recursos federales destinados a la mejora de la calidad de vida de las personas. En esta ciudad vive gente maravillosa, hemos sufrido mucho en Juárez y el desarrollo urbano y social no es parejo para todos; la eventualidad de que caiga el DAP y dispongan de las participaciones federales, como se plantea. Vamos a postergar oportunidades a mucha gente que lucha para vivir mejor, aunque sus condiciones para lograrlo son a contracorriente.
El Plan de Movilidad Urbana (PMU) se desarrolló bajo el mismo esquema de financiación de Juárez Iluminado, ¿qué evaluación hace de la primera experiencia?
El PMU no es un ejemplo de éxito, porque se trata del mismo mecanismo de transferencia de una responsabilidad del gobierno para que una empresa privada se haga cargo de garantizar el acceso a un derecho, como sucede con el preciado recurso del agua. Y que quede claro, no estamos de acuerdo con estos proyectos privatizadores de recursos y derechos fundamentales para la vida de las personas.
A través del más reciente boletín número 17 de la Sindicatura Municipal, se hizo público que los lineamientos técnicos, sociales, financieros y jurídicos, condicionados por la Ley de Asociaciones Públicas Privadas del Estado, a la que se acogió el proyecto Juárez Iluminado, presenta inconsistencias, contradicciones, errores, deficiencias e incluso omisiones importantes.
El documento, en referencia, identifica que el proyecto carece de los estudios de desarrollo urbano y asentamientos humanos.
No se hizo la planeación de las necesidades del servicio con el crecimiento urbano y demográfico en el horizonte de vigencia del proyecto, ni tampoco documentaron el valor de mercado de las luminarias, componentes, equipo e infraestructura con el que pretenden renovar el sistema de alumbrado, lo cual sustituyeron con una cifra total o global sin información necesaria para poder establecer comparaciones.
El proyecto no debería contener deficiencias, toda vez que la Comisión de Proyectos de Asociaciones Públicas Privadas del Municipio, -en el cual participa como asesora, con voz pero sin voto-, determinó que encuadrarían el proyecto a los requisitos de la Ley de Asociaciones Públicas Privadas, lo cual supone que no habría márgenes de discrecionalidad ni interpretaciones a modo.
Uno de los datos inexactos del estudio asume que la vida útil de la luminaria es de 100 mil horas, pero datos técnicos asequibles y comprobables, le atribuyen 75 mil horas en promedio, bajo condiciones idóneas de funcionamiento, lo cual reduce las expectativas y modifica los escenarios contingentes del proyecto pues las expectativas de vida del proyecto se reducen sustancialmente, de 22 a 17.12 años.
La Comisión Nacional de Uso Eficiente de la Energía (Conuee), suscribe la síndica, no recomienda el respaldo financiero de proyectos de alumbrado con el DAP como fuente de pago, derivado de los riesgos financieros debido a la inconstitucionalidad de su cobro.
Proyecto presenta discrepancias de 18 millones de pesos en presupuesto
La síndica identifica en su informe que el estudio costo-beneficio de Juárez Iluminado maneja discrepancias en cifras, con una diferencia de 18 millones de pesos. La primera de 766.8 millones y la segunda 784.8 millones.
El informe en cuestión identifica seis inconsistencias fundamentadas y referencias, todas relacionadas con discrepancias, contradicciones, omisiones parciales y totales, relacionados con los lineamientos del proyecto bajo las reglas de inversión pública privada.
El sondeo de marcado que hicimos por nuestra cuenta nos arroja que el costo de las luminarias propuestas, más de 109 mil más 500 nuevos puntos de luz, el costo de cada unidad es de 4 mil 140.95 pesos, aproximadamente el doble del valor ofertado que nosotros sondeamos en el mercado.
¿Estos errores son derivados de la incapacidad de los funcionarios a cargo del proyecto o existe dolo para manipular?
Espero que detrás de estas inconsistencias en la información contenidas en el proyecto no haya la intención dolosa de manipular los datos para aparentar que el proyecto es menos costoso de lo que ya es. Pueden ser errores de dedo, pero lo desconozco, porque quienes deberían de explicarlo son los responsables del diseño del proyecto.
Las observaciones de la sindicatura ya fueron entregadas al Congreso del Estado, donde tomarán la última decisión, tentativamente antes del último día de este mes, de acuerdo con los planes del presidente.
El análisis que entregamos al Poder Legislativo local contiene una propuesta en la que decimos cómo sí puede ejecutarse el proyecto sin el incremento a la contribución y sin poner en riesgo la capacidad financiera municipal; no solo decimos por qué no, sino que también decimos cómo debe materializarse. Los diputados tienen ahora la responsabilidad de tomar una decisión y evaluar Juárez Iluminado con todas sus ventajas y desventajas. Lo único que espero es que se resuelva de la mejor manera para los ciudadanos.
¿Apoya la iniciativa ciudadana para someter a consulta el proyecto de Cabada, tal como lo plantea la asociación civil Plan Estratégico?
Es correcto, tenemos que consolidar la cultura política. Estos proyectos que involucran millonarios recursos públicos tienen que contar con el aval de los ciudadanos. Si los gobernantes tienen la certeza de que sus decisiones cuentan con el aval del pueblo, nada les cuesta someterse a su voluntad, a partir de una verdadera campaña de socialización que garantice una participación consciente y decidida.
¿Juárez Iluminado pasó las pruebas de transparencia y rendición de cuentas?
Me aparece que fue muy apresurado pues en menos de cuatro días, del 3 al 7 de mayo, que incluye dos días inhábiles, el proyecto paso por el proceso de revisión hasta su aprobación en Cabildo.
¿Qué propone la síndica Leticia Ortega?
“Creemos que puede intervenirse gradualmente y con recursos propios, reduciendo el costo de los componentes del sistema y sin comprometer los recursos públicos con la iniciativa privada durante 16 años. Presentamos al Congreso un análisis de las observaciones al proyecto Juárez Iluminado, y dijimos a los diputados por qué no y por qué sí se puede ejecutar un mejor proyecto de alumbrado”.
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