Juárez apagada

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnortedigital.mx%2Fvideos%2F10156652084604614%2F&show_text=0&width=560

Durante el primer año de gobierno del alcalde Armando Cabada Alvídrez, Ciudad Juárez, la localidad más importante del municipio y del Estado se quedó a obscuras, con el 40 por ciento de su alumbrado público apagado.

Las razones obedecen más a cuestiones políticas que de carácter técnico.

La ola privatizadora llegó a Ciudad Juárez y el presidente municipal junto a un grupo de empresarios intentó que el alumbrado público pasara a manos de empresas privadas, ideando un plan en el que se comprometían los recursos municipales.

La intención era endeudar a la ciudad por 15 años, con casi 5 mil millones de pesos. La resistencia ciudadana, del Congreso estatal y la coyuntura electoral frenaron el proyecto, en consecuencia, desde el Ayuntamiento se gestó el plan para obscurecer la ciudad, poco a poco y para justificar la necesidad de renovar el sistema de alumbrado público.

Una investigación realizada durante 13 meses por NORTE arrojó como resultado que durante el primer año de la administración de Armando Cabada, se apagaron 22 mil 500 lámparas de alumbrado público de las 109 mil existentes en la ciudad.

Esa cantidad se sumó a las 17 mil 500 luminarias fuera de servicio que recibió de la administración anterior, para concentrar un total de 40 mil, recrudeciendo con ello el obscurecimiento de la localidad.

Es decir, al inicio de su gestión el 16 por ciento de las luminarias “no encendían”. A la vuelta de un año – de acuerdo con la versión de sus propios funcionarios y de información obtenida a través de solicitudes de transparencia, el apagón de la red sería cercano al 40 por ciento.

Al gobierno Independiente se le apagaron 22 mil 500 mil luminarias – más del doble de las que recibió – tan solo en el primer año de gestión.

El diagnóstico contratado por la asociación que impulsó la candidatura de Cabada, “Así las Cosas Armando” , identificó 17 mil 500 luminarias apagadas. Un año después, en septiembre de 2017, el propio  director de Servicios Públicos, Raúl Rodríguez Santillánes, manifestó que entre el 60 y 65 por ciento de las luminarias funcionaban, lo que significa que en el escenario menos favorable habría unas 43 mil 749 lámparas apagadas, con base también en datos reconocidos por la alcaldía.

EN NÚMEROS:

19,000 TOTAL DE LUMINARIAS

17,500 LO QUE RECIBIÓ APAGADO

22,500 LO QUE SE LE APAGÓ EN EL 1er AÑO

5 MIL MILLONES DE PESOS EL TAMAÑO DE LA DEUDA QUE PRETENDÍA CONTRATAR

15 AÑOS PARA PAGAR LA DEUDA

https://youtube.com/watch?v=Q6U3Hxt1rYQ

Indujeron el apagón

Mientras que el gobierno independiente se enfrentaba a las críticas de las organizaciones de la sociedad civil y al rechazo colegiado de los representantes del Congreso local, debido a las inconsistencias del malogrado proyecto, la  Dirección de Alumbrado en un año ejerció apenas 600 mil pesos y “fracción” en componentes y materiales para el mantenimiento de 109 mil luminarias, de 2.8 millones de pesos que le fueron autorizados para el 2017.

Con el anuncio de que sustituirían todas las luminarias por Led, bajo el argumento de que nueve de cada diez no servían o no cumplían con las normas oficiales, el alcalde dio su visto bueno para proponer uno de los presupuestos más bajos autorizados en los últimos años a la Dirección de Alumbrado Público.

La crisis del alumbrado público en la ciudad no es imputable a los 91 empleados y funcionarios de la Dirección de Alumbrado Público que supuestamente no colaboran, como lo señaló el regidor independiente Juan Ubaldo Solís, sino a la dependencia municipal por haber disminuído el presupuesto apegándose a una petición del propio alcalde.

El gobierno independiente redujo el gasto de un año a otro en 13.77 millones (2016: 245.47 millones y en el 2017: 231.07 mdp), confiados en la materialización de su millonario proyecto.

La sustitución de luminarias, balastros, brazos y otros componentes del alumbrado público se realizó, durante ese primer año, con material reciclado, reutilizado y reparado pues la dependencia que solicitó 30 millones cuando se discutía la aprobación del presupuesto del 2017 y que finalmente el Ayuntamiento le autorizó 25.6 pesos por cada luminaria de la ciudad, de los cuales ejercieron sólo 5.5 pesos en el primer año.

https://youtube.com/watch?v=WlCm5V38Ik0

El mismo director de Servicios Públicos, Raúl Rodríguez Santillanes precisó que la dependencia que preside tenía autorizado un presupuesto de 2.8 millones, que debía utilizarse en la compra de materiales y componentes para las reparaciones de 109 mil luminarias.

Las mismas autoridades responsables del mantenimiento y operación del sistema en los primeros ocho meses, reportaron que de enero a agosto de 2017,  gastaron apenas 167 mil 237 pesos en “materiales de producción y mantenimiento”.

Esto quiere decir que durante el 85 por ciento del tiempo transcurrido del  2017 se dedicaron apenas 1.50 pesos por cada punto de luz.

Durante el mismo periodo gastaron más en combustibles, lubricantes y aditivos: 761 mil 152 pesos, aunque sólo funcionaba una tercera parte de su parque vehicular.

A finales de 2016, cuando el obscurecimiento de la ciudad se había agravado, la administración municipal reconoció en voz del regidor independiente, Juan Ubaldo Solís, que se quedaron cortos con el presupuesto para la prestación del servicio de alumbrado público.

En ese entonces Servicios Públicos pidió 30 millones adicionales para hacer frente al supuesto desastre que diagnosticaron cuando recibieron el gobierno.

Entre marzo y abril de 2017, funcionarios de la dependencia solicitaron una ampliación presupuestal ¨urgente¨ de 7 millones de pesos, pero la petición fue negada, principalmente porque la administración mantenía firme la decisión a favor de proyecto Juárez Iluminado.

Luego del primer año del gobierno, el alcalde canalizó 56 millones de pesos ahorrados durante su gestión a la compra de 114 vehículos  nuevos, incluído un automotor de control animal y unidades de primeros auxilios para la Policía y otras dependencias, pero ni un sólo peso de este excedente se orientó a reestablecer el apagado servicio de alumbrado.

Omisiones y contubernios

El ayuntamiento tardó casi un año en llamar a cuentas a los funcionarios del gobierno Independiente por el apagón extendido en vialidades primarias y secundarias de la localidad.

La sesión 45 de Cabildo, celebrada el 5 y 7 de septiembre 2017, dejó al descubierto apenas la punta del iceberg de lo que sucedía en la Dirección de Alumbrado.

Los regidores responsables de vigilar y formular las propuestas para mejorar la marcha del gobierno de la ciudad, reconocieron que en cuanto a la prestación de servicios públicos municipales, en general, no tenían recursos ni para comprar escobas.

«Si analizamos el presupuesto autorizado para 2017, en realidad prácticamente estuvo nulo. Actualmente …. las seis canastas (vehículos para alcanzar la altura de los arbotantes) están averiadas y sólo funciona una. Son problemas del presupuesto, no es que no quieran trabajar… El punto es el presupuesto, desgraciadamente la ciudad es muy grande y presupuestalmente no tienen para la gasolina”, así lo expresó el coordinador de la Comisión de Servicios Públicos, regidor Juan Ubaldo Solís, integrante de la  fracción mayoritaria independiente.

Los representantes panistas impulsaron la comparecencia de los directores.

«Vemos el estado en que se encuentra la ciudad y el tema más delicado es el alumbrado… Está a la vista de todos las quejas relacionadas con la prestación de los servicios públicos municipales”, denunció el coordinador de la fracción panista, Eduardo Fernández Sigala.

Convencidos de la problemática la  fracción mayoritaria independiente accedió a llamar a cuentas al director de Alumbrado, Alejandro Medina Enríquez, para que explicara por qué no se reparaban “diversas” luminarias instaladas en vialidades importantes y sí contaba con presupuesto y repuestos para el cumplimiento de su función.

Fue así que trascendió que durante el primer año de la administración del “Juárez Iluminado”,  no compraron  material.

«Estamos trabajando con material reutilizado como luminarias, lámparas, arbotantes, bases y brazos, con trabajos de enderezado y pintado e instalando en puntos dañados por accidentes de tránsito”, respondió el director de Alumbrado durante su comparecencia.

«No tenemos proyectos de inversión. La problemática de alumbrado superó la capacidad de la dirección, no por eficiencia si no por la falta de herramienta y equipo de trabajo… Podríamos tener cien por ciento de efectividad si tuviéramos los materiales necesarios”, expuso Raúl Rodríguez Santillanes, director general de Servicios Públicos.

Como ejemplo de la crisis funcionarios de la dependencia reportaron que aunque cuentaban con 15 unidades sólo funcionaban 4 grúas para dar mantenimiento a toda la ciudad y muchos de los trabajos demandaban el uso de este equipo.

El presupuesto como instrumento

Es evidente que durante el año del “apagón”, las autoridades municipales tuvieron disponibles casi 16 millones de pesos para invertir en el alumbrado y no lo hicieron, a esa cantidad se sumaron 29.9 millones de la fianza recuperada del proyecto de iluminación que efectuó la anterior administración.

En el primer año completo del gobierno de Cabada, 2017, de acuerdo  con información pública a la que Norte tuvo acceso, la Dirección de Alumbrado Público operó con un presupuesto de 237.6 millones de pesos pero en realidad ejerció  311.8 millones.

La misma fuente precisa que en este ejercicio presupuestal del 2017, en materiales de producción y mantenimiento destinaron sólo 4.5 millones de pesos.

En el mismo año  275. 7 millones se canalizaron  principalmente hacia diversas subcuentas del rubro “servicios básicos”, tales como planeación y supervisión del alumbrado público 157.8 millones, operación y mantenimiento de alumbrado 64.9 millones, y suministro de energía eléctrica 44.4 millones.

De tal forma que el presupuesto fue la herramienta que en su caso se utilizó para inducir un problema de eficiencia en la prestación del servicio de alumbrado, no porque la administración no tuviera capacidad para ejercer recursos, como quedó sustentado, sino porque los recursos que se tenían nunca llegaron  hasta donde se necesitaban. Fue así que tuvieron recursos pero no los ejercieron.

La transparencia “hizo corto”

Entre tropiezos, el proyecto transitó entre el aferramiento del Cabildo, el rechazo del Congreso y la ciudadanía organizada.

En la obscuridad y alejado de los principios básicos de transparencia y rendición de cuentas, fue como autoridades municipales tejieron poco a poco el tambaleante proyecto “Iluminemos Juárez”, el cual supuestamente sería el proyecto emblemático de la actual administración.

La principal oferta política que hizo Armando Cabada como candidato independiente a los electores juarenses, fue sustituir la totalidad del sistema de iluminación de la ciudad, pese a que un año antes, las autoridades salientes ya habían erogado 348 millones en colocar 11 mil nuevas lámparas LED y la reparación de otras 20 mil.

¿Cómo se tejió el negocio?

En junio de 2016, unos días después de que Cabada resultó electo como alcalde de Juárez, la misma asociación civil que impulsó su candidatura, “Así las Cosas Armando”, contrató y pagó 100 mil pesos a la empresa Diagnósticos y Servicios Energéticos (Diaseren. S.A.) para que evaluara el funcionamiento del sistema de alumbrado.

Quedó establecido que en Juárez hay 109 mil 375 luminarias instaladas, de las que el 16 por ciento (17 mil 500) no encienden. El 14 por ciento (15 mil 300) tienen altas capacidades, costo excesivo o falsa iluminación. Un 60 por ciento (65 mil 600) tienen capacidades mal seleccionadas, no cumplen con la norma o ya cumplieron su vida útil.

Finalmente, entre un 8 y un 10 por ciento (11 mil) tienen “regular” eficiencia.

“Sólo una de cada diez lámparas sirve”, repetían una y otra vez el alcalde y sus principales colaboradores ante la opinión pública, sin ahondar en los detalles.

La administración independiente cedió a las presiones de actores y organismos intermedios de la sociedad, como el Plan Estratégico de Juárez, que criticaron al ayuntamiento porque autorizaron “Juárez Iluminado” respaldado solamente con un diagnóstico extraoficial.

La administración local fue orillada a contratar a una empresa de consultores que desarrolló una propuesta que confirmó que el proyecto tiene un valor sólo de inversión inicial de mil 303 millones de pesos, incluido IVA, más costos de financiamiento y operación de la concesión durante tres quinquenios.

Este último segundo estudio fue desarrollado en julio de 2017 por la firma de consultores Imán S.A. de C.V., por el que cobró casi 800 mil pesos.

EL DIAGNÓSTICO

109 mil 375 luminarias instaladas

17 mil 500 no encienden (equivalente al 17%)

15 mil 300 con alta capacidad, costo excesivo o falsa iluminación (14%)

65 mil 600 con capacidad mal seleccionada, no cumplen con la norma o ya cumplieron su vida útil (60 por ciento)

11 mil con regular eficiencia (entre 8 y 10 por ciento)

Importante:

NORTE solicitó en cuatro ocasiones a la titular de Coordinación de Comunicación Social del Municipio, Mónica Lúevano, y a lo largo de 6 meses, entrevistarse con el presidente municipal, Armando Cabada, con motivo de este trabajo periodístico, para conocer su postura en torno a la investigación realizada, sin embargo no hubo respuesta. Todas nuestras solicitudes, verbales y por escrito fueron ignoradas. La última de ellas documentada el 7 de mayo de 2018, la primera el 23 de noviembre de 2017.

El 10 de junio de 2017 la diputada priista Adriana Fuentes Téllez dictaminó la incapacidad del Municipio para enfrentar el compromiso financiero propuesto.

Para prescindir del poder del Congreso, Cabada obtuvo nuevamente la aprobación del Cabildo, con el voto del ala independiente y de sus incondicionales del PT y PVEM, para cambiar el acuerdo mediante el cual sólo sustituyeron el compromiso de hipotecar recursos propios en lugar de los recursos de las participaciones federales, asumiendo que ya no necesitaba autorización del Poder Legislativo.

“No necesitamos aval para quitarnos esa sombra”, manifestó el regidor Alfredo Seáñez de la fracción mayoritaria independiente

El nuevo acuerdo tomó por sorpresa a los regidores de oposición, PRI, PANAL y PAN, luego de que el 26 de junio de 2017 fueron convocados a una sesión extraordinaria: Lamentaron que 15 minutos antes fueron informados del contenido del proyecto de acuerdo, pero aún así la mayoría independiente aprobó el acuerdo.

Un nuevo análisis del esquema y del proyecto en general permite establecer que es legal y financieramente posible llevar a cabo el proyecto de iluminación para el Municipio, sin la necesidad de afectar las garantías federales como fuente de garantía de pago”, se expuso en el acuerdo aprobado cuyo documento plasmado en dos páginas, no cita ningún articulo ni ley que motive y  fundamente el acto de autoridad.

En el fondo se discutía si la decisión tenía que pasar o no por la validación del Congreso del Estado, facultado para autorizar la contratación de empréstitos cuando el monto de los pagos excede el mandato de tres años de cada gobierno municipal.

Los impactos que se tendrían en el presupuesto para los programas y proyectos de inversión en los próximos tres quinquenios, el desconocimiento de las corridas financieras a las que se acogerá el proyecto, el estudio y la parte técnica del mismo fueron de vuelta exhibidos por regidores de oposición como carencias, vacíos de información y desconocimiento.

El alcalde señaló que el proyecto que le pedían era muy costoso: cuatro millones de pesos, se escudó.

– ¿Y la corrida financiera? “En su momento se harán las corridas financieras”, respondió el edil independiente Juan Ubaldo Solís. Un año después la Auditoría Superior del Estado se disponía a llevar a cabo una revisión especial del plan “Juárez Iluminado” luego de que el presidente omitió dos veces el llamado del Congreso del Estado para que les rindiera cuentas sobre el proyecto.

Después de un año de que el Cabildo autorizara el proyecto, diputados, como la panista Maribel Hernández, advirtieron que el alcalde de Juárez podría ser inhabilitado, así como todos los demás  ediles que con su autorización comprometieron recursos impagables, sin el aval del Poder Legislativo local.

“No necesitamos aval para quitarnos esa sombra”

Alfredo Seáñez /Regidor independiente

Presentaron diagnóstico “Patito”

Fracciones minoritarias representadas en el ayuntamiento y la Mesa Técnica de Alumbrado de Plan Estratégico de Juárez, presionaron para que el diagnóstico diseñado por la asociación “Así las Cosas Armando”, se sustituyera por otro que tuviera validez oficial, lo que llevó a las autoridades a cambiarlo ya que en ello se jugaba la continuidad de la licitación, por lo que se llevó a cabo un segundo estudio realizado por los consultores de Imán S.A de C.V.

El más reciente estudio, concluido un mes después de su contratación (julio de 2017), calculó que “Juárez Iluminado” necesita una inversión inicial de 1 mil 303 millones de pesos, incluido el IVA. Casi un año después, el Plan Estratégico de Juárez no había tenido acceso al diagnóstico de Diaseren S.A., hecho a finales de 2016, ni tampoco al estudio realizado por Imán S.A.

Cuando fue solicitado el primer estudio, el oficial mayor Víctor Manuel Ortega reconoció que no podía entregar el documento por su valor informal, mientras que el segundo estudio contratado por el municipio, no puede hacer públicos datos “sensibles” debido a que funcionarios de la presidencia reservaron información “sensible” por cinco años.

Sin un proyecto técnico ni financiero, Cabildo avaló el plan

Con sólo un diagnóstico extraoficial de Diaseren S.A., el 17 de abril de 2017, el Cabildo autorizó al presidente el inicio de los trabajos para la subrogación del servicio sin contar con un proyecto técnico y  financiero que lo justificara.

El estudio completo fue presentado al ayuntamiento en una reunión de apenas dos horas de duración, dos días antes de la sesión de Cabildo.

Los regidores inicialmente aprobaron la afectación de las aportaciones federales como fuente de garantía de pago en caso de que los ingresos del DAP resultaran insuficientes.

El programa “YoCiudadano” consultó a los regidores sobre el razonamiento del sentido de su voto y los diez integrantes de la fracción independiente y el representante del PT se abstuvieron de ofrecer una explicación, aunque después lo tuvieron que hacer por escrito por órdenes de los tribunales.

Con el Congreso en contra

Cabada compareció en mayo de 2017 ante la Junta de Coordinación Política del Congreso donde presentó el proyecto a los diputados de los diversos partidos quienes lo cuestionaron sobre la viabilidad financiera  y su propuesta técnica.

Su comparecencia resultó un desastre al no responder a los cuestionamientos de los legisladores. No recibió un solo comentario a favor, y el proyecto no fue avalado.

En una posterior comparecencia, en la que los legisladores esperaban respuestas a sus dudas, el presidente les pidió la suspensión del análisis, en tanto el ayuntamiento juarense exploraba otra “alternativa” financiera para sacarle la vuelta al aval del Congreso, según la estrategia.

Tras lo anterior, el alcalde se presentó en la empresa televisora de su familia, en la que sirvió por más de veinte años como conductor de noticias, y ante sus subalternos que lo entrevistaron dijo que “sencillamente” había ido al Congreso para “quitarles” el proyecto porque le pertenece a los juarenses.

“Lo único que pedí es una suspensión para que no lo vayan a negar, y no lo sigan manoseando como tema político, buscando el golpeteo”. Así, el alcalde de Juárez rompió con el Poder Legislativo de manera irreconciliable. Cabada ya no regresó al Congreso.

Intelliswitch acusa: 500 millones “por el favor”

El empresario de Intelliswitch S.A., Vicente Aldape, también regiomontano, aseguró tener pruebas de que presuntamente Cabada recibiría 500 millones de pesos a cambio de favorecer a una empresa que tan sólo identificó que tenía oficinas en Monterrey. Aldape jamás presentó dichas pruebas.

En tanto regidores de la oposición panista, a finales de 2015 denunciaron antes de la adjudicación del contrato de casi 350 millones, que el gobierno priista de Enrique Serrano Escobar (2016-2018).

Favorecería al mismo Aldape, cuya empresa finalmente fue la ganadora de la licitación luego de que fue la única que cumplió con todos los requisitos supuestamente hechos a modo para que ganaran el millonario contrato.

New Lighting Technologies empresa ligada al alcalde

New Lighting Technologies, la empresa de Monterrey, Nuevo León, que supuestamente resultaría favorecida con el millonario contrato de servicios, de acuerdo con las insistentes versiones sostenidas por regidores del ayuntamiento y activistas opositores del proyecto, es propiedad de Carlos Knight Crespo, quien como otros empresarios del ramo, se entrevistaron con el entonces alcalde electo de Juárez para hablar sobre la oferta de sus servicios.

Cuando Cabada tomó protesta como alcalde, ofreció una probadita de lo que sería su principal proyecto de infraestructura durante su gestión, con el espectacular encendido de 300 luminarias LED en las colonias Kilómetros 27 y 20 de esta ciudad, como un ejemplo de la renovada iluminación que sobrevendría para toda la ciudad.

Durante semanas funcionarios de la administración sostuvieron que dichas lámparas habían sido donadas y nadie hizo público los detalles porque aparentemente sólo el alcalde tenía conocimiento de las mismas.

Meses después por conducto de Plan Estratégico de Juárez, el propio gobierno fue obligado a transparentar que no habían sido 300 sino 200 las luminarias Led de 72 watts, las instaladas por parte de N.L. Technologies en las colonias del surponiente, sin costo para el gobierno.

Además se aclaró, según Knight Crespo, que no habían sido donadas sino prestadas a la administración anterior que en su tiempo implementó su propio proyecto de sustitución de luminarias. La misma empresa de Monterrey y otras cuatro personas morales son las que aspiran a invertir y operar los servicios de alumbrado de Juárez durante los próximos 15 años.

Descubre DAP la farsa

El equipo del alcalde se llevó un fiasco cuando ciudadanos le demostraron que mentía, que los recursos eran insuficientes para saldar el millonario proyecto

Ante las trabas interpuestas por el Congreso, respecto de la utilización de participaciones federales para pagar el proyecto Juárez Iluminado, el equipo del alcalde consideró como una opción financiera los recursos del DAP (Derecho de Alumbrado Público), sin embargo, las proyecciones de los expertos, activistas sociales, profesionistas, ex funcionarios y regidores, basadas en datos oficiales, contradijeron los análisis del municipio y evidenciaron su inviabilidad.

Mientras los funcionarios insistían en pagar el proyecto con los recursos del DAP, 258 millones anuales en promedio, sus interlocutores se ufanaban en echarlo abajo con las cifras propias del Ayuntamiento y que los regidores y colaboradores del alcalde no se atrevieron a refutar.

Víctor Alonso Cruz, ingeniero industrial experto en iluminación,  expuso al Cabildo que con los ingresos del DAP se tendría capacidad de captar 890 millones de pesos, de tal manera que sería imposible cubrir la primera estimación de 1 mil 446 millones de pesos para la sustitución de luminarias.

https://youtube.com/watch?v=4g5WBpXvSLE

Seidy Medina, coordinadora de la fracción priista, basada en datos oficiales, calculó que en 15 años la hacienda municipal dispondría de 1 mil 237 millones que no alcanzarían ni para liquidar la inversión inicial y cubriría apenas la sustitución de luminarias, materiales y equipo.

José Márquez Puentes, integrante de la Fiscalía Ciudadana Anticorrupción se hacía la misma pregunta y después del análisis de los datos del primer “diagnóstico” concluyó que al término de la concesión tendrían que emplearse 2 mil 400 millones de pesos que serían completados con el incremento al DAP y principalmente de los ingresos del impuesto predial: directo al bolsillo de los juarenses.

Gerardo López Fierro del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Mecánicos, también ex director de Alumbrado Público (2013-2016), planteó en su momento que el proyecto era deficitario y aseguró que con la utilización de los ingresos anuales del DAP, al término de la concesión se habría generado un boquete  de 1 mil 361 millones de pesos.

Laura Yanelly Rodríguez, regidora del PVEM quien votó a favor, reconoció que como abogada sabía que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un criterio de inconstitucionalidad en contra del cobro del DAP, pero aún así sostuvo sus argumentos a favor de la subrogación del servicio.

«Los datos que nos dan para analizar son una referencia, pero no podemos asegurar que esto puede variar ¿ Que pasaría si la recaudación del DAP no es suficiente para cubrir el consumo de energía ¿ Es algo que tenemos que considerar”, dejo abierta la pregunta pero votó dos veces a favor de la estrategia de Cabada.

Importante es mencionar que las aportación de los contribuyentes mediante el DAP se utilizan para pagar a la CFE la energía consumida por el alumbrado y los servicios a la empresa Biogas de Juárez S.A de C.V, que con la extracción de gas metano del relleno sanitario, genera electricidad 10 por ciento por debajo de su valor.

Subir el DAP para asegurar la jugada

Muy pronto el  proyecto  demostró sus debilidades financieras pues la oferta del alcalde de que se pagaría sólo sin la necesidad de incrementar la contribución al DAP, cayó como balde de agua fría a la Cámara de Comercio local, en donde colaboradores de del alcalde cabildearon un incrementó al Derecho de Alumbrado Público del 20 por ciento. Los socios de Canacintra se dolieron de aumentos injustificados.

Pese a que la recaudación del DAP  teóricamente era la fuente de recursos para sostener el Juárez Iluminado, el Cabildo lo dejó fuera de las discusiones cuando autorizaron su gestión, la última vez el 17 de abril de 2017.

Cabada insistía en equivocarse, asegurando que el proyecto se pagaría solo con las aportaciones del DAP, pero el análisis de la sociedad civil y de los inconformes era contundente.

Ciudadanos, como el ingeniero Francisco de Asís Navarro, demostraron con datos objetivos y oficiales que dicha fuente de recursos era insuficiente para solventar el proyecto.

El análisis de Navarro, respaldado por el Plan Estratégico, Ciudadanos Vigilantes y Fiscalía Ciudadana Anticorrupción, puso en evidencia que durante 2017, el DAP fue administrado con déficit.

Uno de los hallazgos de este informe que conocían los diputados locales y miembros del ayuntamiento fue que en los últimos siete  años la recaudación del DAP, reflejó excedentes por 144 millones de pesos pero al mismo tiempo se devolvieron 264 millones, a las empresas y a particulares que se ampararon para pagar menos.

Un argumento importante de los promotores del proyecto, reiterado por el alcalde, es que la subrogación de los servicios se pagaría gracias a la reducción del cincuenta por ciento el costo de la energía, cobrada por la CFE, gracias a la conversión de todas las luminarias por tecnología LED.

Los datos oficiales ordenados y comparados demuestran que en los últimos siete años se transfieren 13 millones de pesos mensuales del DAP al pago de energía eléctrica, por lo que de reconocerse tales ahorros significaría 6.5 millones de pesos mensuales pagaderos a la CFE.

Pero aún con esta significativa reducción de costos resultaría insuficiente para solventar Juárez Iluminado que demandaría compromisos mensuales entre los 22 y 27 millones de pesos por mes.

El tema es más complejo que la simple relación de los ingresos del DAP y el costo de la energía eléctrica, pues con la misma contribución se saldan diversos conceptos, con la misma fuente de recursos, tales como la devolución de contribuyentes que se amparan y para pagar los servicios empresa Biogás S.A de C.V: 64.5 millones sólo el 2017.

La afirmación de que el proyecto es sostenible con los recursos del DAP,  aún sería menos justificado si con la recaudación de este mismo derecho, como lo plantearon funcionarios de la administración anterior,  se desembolsaran casi 74 millones de pesos anuales para saldar la deuda derivada del  contrato con la empresa Intelliswitch S.A. de C.V.

Del  2010 al 2017 la administración del DAP tiene perdidas por 150.1 millones de pesos.

No tiene excedentes tras pagar consumo y generación de electricidad además de los rembolsos reclamados principalmente por grandes empresas maquiladoras y comerciales de la ciudad que se acogen a la justicia federal.

La recaudación del DAP tiene ingresos fluctuantes, pues además del tema jurídico, en términos financieros también refleja irregularidades.

Sólo en el 2015, 28.1 millones, y 33.7 millones en 2016, se consiguieron excedentes con la cobertura total de todos los costos, incluyendo las devoluciones de los amparos.

El último año que analizamos, 2017, con las mismas deducciones, se obtuvieron números rojos por un monto de  – 1.3 millones de pesos.

En síntesis, resume Navarro, el “caprichito” nos puede costar entre 22 y 27 millones de pesos mensuales y no van a salir del DAP, lo que significa que  recurrirán a los ingresos del predial, multas, derechos y otros impuestos propios del Municipio para liquidar la totalidad del contrato que de materializarse tendría una duración de 180 meses.

La regidora Seidy Medina, coordinadora de la fracción priista, calculó que en 15 años, les faltarían 1 mil 237 millones de pesos.

José Márquez Puentes, integrante de la Fiscalía Ciudadana Anticorrupción calculaba 2 mil 400 millones de pesos adicionales.

Gerardo López Fierro del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Mecánicos, también ex director de Alumbrado Público (2013-2016), calculó el déficit de 1 mil 361 millones de pesos.

Francisco de Asís Navarro demostró que faltarían entre 22 y 27 millones de pesos mensuales, además de probar que el DAP es deficitario

Opaco y sin transparencia

Cabada esbozó  su  proyecto de alumbrado cuando tomó posesión. Entonces ofreció ponerlo bajo el escrutinio de la comunidad, de las autoridades del Ayuntamiento y del Congreso.

Se comprometió a tomar las mejores decisiones dejándose asesorar por la sabia experiencia de la sociedad juarense y sus organizaciones civiles cuando aseguró:  “Ahí radica la esencia de todo”. “No hay que inventar el hilo negro, no somos todólogos, con humildad me dejaré asesorar por ciudadanos y organizaciones ciudadanas”.

Dijo que el gobierno necesitaba prácticas diferentes a la contratación de deuda, pero en los meses posteriores generó uno de los debates públicos mas controvertidos con un alto nivel de confrontación y denostación hacia las organizaciones y actores  políticos y sociales que cuestionaban la falta de transparencia de su proyecto. Abiertamente rompió con ellos.

El proyecto insignia con el que Cabada aseguró se jugaba la reelección tuvo que esperar más de un año por las demandas interpuestas. Su cristalización es incierta hasta este día. Enfrenta demandas de amparo interpuestas por los mismos  sectores de la sociedad civil que prometió consultar.

La estrategia que pugnaba por la subrogación del servicio público y una inversión inicial de 1 mil 300 millones de pesos, empezó a difundirse a cuenta gotas en marzo de 2017, exclusivamente entre sectores empresariales y asociaciones privilegiadas.

En reuniones cerradas con expertos, el presidente municipal trazó el destino del proyecto. Entonces reconoció que el mismo poseía un sesgo político “ineludible”, al tiempo que demeritó esta dimensión, y fiel a su discurso contra los partidos políticos, se asumió como una persona apolítica.

Así, bajo esta visión apolítica, empezó a cabildear uno de los proyectos de infraestructura que él  mismo calificó como el “mas grande “ nunca antes visto en esta ciudad fronteriza.

https://youtube.com/watch?v=IGHzVcmxiUs

En una reunión en las oficinas del Plan Estratégico, en la que reporteros de Norte fueron desalojados por funcionarios de Comunicación Social del Municipio, consultores financieros, organismos ciudadanos y funcionarios fueron testigos cuando Cabada se dirigió a Victoria Caraveo, a quien directamente, sin interpelaciones,  –  le dijo-, refiriéndose a Juárez Iluminado: “Yo no puedo fallar en esto. Si fallo seguramente la posibilidad de la reelección se me esfuma , así de importante y de serio es para mi el proyecto…”.

«Nos veremos obligados a dejar de formar parte del Comité Ampliado de Adquisiciones ya que no podríamos legitimar con nuestra participación un proyecto que en realidad desconocemos y que además nos genera las mayores dudas en cuanto a su sostenibilidad”

Sergio Meza /Director PEJ

“No somos todólogos, con humildad me dejaré asesorar por ciudadanos y organizaciones ciudadanas”

“Yo no puedo fallar en esto. Si fallo seguramente la posibilidad de la reelección se me esfuma , así de importante y de serio es para mi el proyecto…”

Armando Cabada

Ciudadanos presionan, el alcalde los ataca

El Plan Estratégico de Juárez (PEJ)  fue la única instancia que desde la sociedad civil tomó la iniciativa de organizar la participación ciudadana y la socialización en torno al proyecto de iluminación.

La Mesa de Alumbrado del PEJ se reunió por primera vez el 8 y 9 de mayo del 2017  y en un ejercicio de seguimiento el 17 de mayo del mismo año, con jornadas de discusión recogieron diversas recomendaciones que las autoridades se comprometieron a incluir.

Este ejercicio incluyó a expertos consultores de empresas de iluminación, profesionistas del colegio de ingenieros eléctricos, empresarios del ramo, consultores financieros, activistas sociales y técnicos de las áreas de eficiencia energética de la Secretaría de Energía y operadores del servicio de alumbrado de la ciudad.

Las autoridades municipales no participaron en este esfuerzo, tampoco mostraron voluntad para conducirse con transparencia, y aunque el Plan Estratégico siguió a Cabada durante los avances del proyecto, como interlocutores privilegiados, no fue suficiente. Llegaron incluso a emplazar al gobierno independiente porque durante todo este tiempo no rindieron cuentas, ni demostraron ser transparentes.

La misma asociación civil participó como invitada del Comité de Adquisiciones Ampliado del Municipio, junto con otros sectores, como testigo de que el gabinete económico de la presidencia contrataría a la empresa que ofreciera las mejores condiciones.

Representantes del Plan, a través de su director Sergio Meza, sostuvieron durante todo este tiempo que no existía la suficiente claridad sobre la implementación del proyecto.

Los juarenses tenemos derechos

La participación ciudadana en torno a Juárez Iluminado pasó de ser el aliado más importante del gobierno independiente, al acérrimo opositar. Se ganaron el mote de “Los Oscuros”.

Tras criticar y cuestionar el proyecto las organizaciones ciudadanas fueron confrontadas por la nueva administración; los inconformes subidos a la arena pública, pese al escarnio no quitaron el dedo del renglón.

La Fiscalía Ciudadana Anticorrupción y Ciudadanos Vigilantes, fueron los primeros que recurrieron al sistema de justicia para frenar el Juárez Iluminado, a través de los activistas José Luis Rodríguez, Victoria Caraveo y el ex regidor panista José Márquez Puentes.

Con 200 firmas de ciudadanos, obtuvieron la protección del Poder Judicial Federal que en un principio ordenó la suspensión definitiva del proceso de contratación de los servicios, a mediados del año pasado. Seis meses después, un Tribunal Colegiado de Distrito de la localidad resolvió la apelación a favor del gobierno independiente.

La participación ciudadana de la que ideológicamente abreva el gobierno independiente, sirvió de argumento a las autoridades municipales para acusar a las  organizaciones de carecer de representación legítima de los ciudadanos, con respecto a los reclamos que presentaron en los  tribunales.

Los magistrados del Tribunal Colegiado, cuando dictaminaron la resolución coincidieron con la tesis de las autoridades municipales: la representación legítima de los ciudadanos.

La resolución de las demandas de Caraveo y Rodríguez, semejantes entre sí, de acuerdo a Alberto Velásquez,  abogado de Ciudadanos Vigilantes y Fiscalía Ciudadana, demuestró el desdén con el que los tribunales ven a los ciudadanos mexicanos que pelean contra la corrupción.

El artículo 134 Constitucional, del que se derivó  el Sistema Nacional Anticorrupción,  de manera preponderante reconoce el derecho de los ciudadanos para ser reconocidos por la justicia de México como sujetos agraviados cuando se perjudican sus intereses relacionados con el ejercicio del presupuesto y cuando se presupone  que detrás del ejercicio del poder público se pueden cometer actos de corrupción.

Actualmente el proyecto con el que Cabada se juega la reelección, desde su esbozo en octubre de 2016, ha pasado por tres suspensiones: la primera por los amparos promovidos por Victoria Caraveo y José Luis Rodríguez; la segunda, cuando el Congreso del Estado desautorizó la afectación de las participaciones federales como  garantía de pago de la concesión; y la tercera; cuando, antes de las elecciones el mismo presidente por muto propio se presentó ante cada una de las bancadas del Congreso del Estado, con excepción de la priista, ante quienes se comprometió revisar y comparar otras propuestas alternativas, más preocupado por la reelección que por el éxito de su distintivo proyecto del que nunca aceptó cambiar.