Mas del 80 por ciento de las personas asesinadas en los años de la guerra contra el narcotráfico en esta frontera eran nacidos en la ciudad o residían aquí desde su niñez.
La mitad de ellos tenía antecedentes penales y más el 80 por ciento era de origen humilde (con ingresos de uno a dos salarios mínimos), revela la investigación “El desafío del Estado en sus aspectos Jurídico y Social a causa de las narco ejecuciones en Ciudad Juárez 2008-2011: La indemnización de las víctimas indirectas”.
Jesús Abraham Martínez Montoya desmitifica en su investigación la idea de que las personas que hicieron daño a esta frontera en el periodo de la violencia provenían de otras partes del país.
Entre 2008 y 2011, en Ciudad Juárez fueron asesinadas al estilo del crimen organizado 9 mil 262 personas, conforme a los datos obtenidos en la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito Zona Norte.
Partiendo de esos datos, Martínez Montoya estableció que todos los homicidios entraban en la categoría de dolosos y que el 66 por ciento de las víctimas eran nacidas en Ciudad Juárez.
El 17 por ciento de los fallecidos residían en la ciudad desde niños, un 14 por ciento eran originarios de otros municipios del estado y solo un tres por ciento eran ciudadanos que provenía de otras latitudes y tenían relativamente poco aquí, mencionó.
El investigador Jesús Abraham Martínez Montoya estableció que en los años de la guerra contra el narcotráfico en esta frontera entre el 85 y 90 por ciento las víctimas eran de sexo masculino, cuyas edades oscilaban entre los 18 y 35 años, con una media de 25 años en promedio.
El estudio de Martínez Montoya reveló que las víctimas de homicidio del 2008 eran originarias de Ciudad Juárez en un 66 por ciento, las víctimas nacidas en otro municipio pero dentro del estado de Chihuahua en un 18 por ciento y un 16 por ciento nacieron en otro estado del país.
En el 2009, el 65 por ciento de las muertes correspondieron a juarenses de nacimiento, el 16 por ciento era nacido en otro municipio chihuahuense, mientras que el 19 por ciento restante eran de otra parte de la república.
De los 100 casos muestra del año 2008 se destaca que el 97 por ciento tenía su residencia en Ciudad Juárez, mientras que para el 2009 el 95 por ciento vivía en esta localidad.
Para llegar a esta cifra se tomó una muestra de 100 casos por año conforme a los registros de cédulas Paivi (Programa de Atención Integral a Víctimas) de la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito Zona Norte del Estado de Chihuahua, entre el periodo que comprenden los años del 2008 y 2009, indicó el investigador.
La investigación realizada por Martínez Montoya arrojó que casi la mitad de las víctimas contaba con antecedentes penales.
Como parte del estudio se obtuvo una muestra representativa de 34 cada año, durante el periodo de 2008 a 2011, sumando un total de 132 expedientes de los cuales se buscó si las víctimas tenían antecedentes penales, en los cuales un 47 por ciento dio resultado positivo.
Martínez encontró que en el 2008 un 44 por ciento de la muestra contaba con antecedentes penales, para el 2009 la cifra se incrementó a 65 por ciento, en el 2010 hubo una disminución al 32 por ciento, mientras que en el 2011 el 47 por ciento de las víctimas tenía antecedentes.
En una muestra de 400 estudios socioeconómicos practicados a víctimas indirectas de homicidios durante 2010 –2011 y 2008–2009, el investigador analizó 200 cédulas (100 por cada año) del Programa de Atención Integral a Víctimas (Paivi).
El análisis arrojó que las víctimas eran de condición humilde y que en el 2008 un 82 por ciento percibían ingresos que no rebasaban los dos salarios mínimos, mientras que en el 2009 la cifra aumentaba a 90 por ciento.
Para 2010 y 2011 se detectó que apenas un 37 por ciento de las víctimas trabajaba. Su ingreso fluctuaba entre uno y dos salarios mínimos.
Debe el Estado indemnizar a familias
Ante la enorme cantidad de hogares enlutados durante la crisis de la violencia, las viudas, huérfanos y familiares de las víctimas de homicidio dejan al Estado mexicano el reto de diseñar una verdadera estrategia para el rescate de la sociedad juarense, advirtió el investigador Martínez Montoya.
Debe aplicarse un programa de Gobierno que incluya la cuantificación de los prejuicios para establecer un monto indemnizatorio, que tratándose del delito de homicidio debe calcularse a partir de la expectativa de vida del fallecido, dijo.
De no aplicarse una medida que beneficie a mediano plazo a los deudos o víctimas indirectas, entendidas como viudas, padres o huérfanos, puede desencadenarse un daño al tejido social que repercutirá en el futuro.
“Las víctimas (indirectas, como las viudas y los huérfanos) de hoy pueden ser los victimarios de mañana. La marginación, el desempleo, la falta de educación (no solo la escolarización), el nulo fomento a la cultura de la legalidad y valores, la ausencia de políticas para el combate a las adicciones, el deterioro de la concienciación humana acerca de la vida, son algunos de los rubros que se deben preponderar en cualquier proyecto político no demagógico”, apuntó Martínez en su investigación.
