El excandidato independiente a una diputación local, Fermín Ordóñez, detalló que fue entrevistado por agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, por una carpeta de investigación referente a un presunto desvío de recursos en la que acusa a varios funcionarios del gobierno estatal, encabezados por el gobernador Javier Corral.
«Agradezco las atenciones de la Guardia Nacional y del personal de la Seido, quienes el día de hoy entrevistaron a un servidor, así como a varios funcionarios del Gobierno del Estado de Chihuahua. Esto, con la finalidad de concluir las investigaciones y judicializar la carpeta de investigación referente al desvío de más de 20 millones de pesos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal”, comentó.
En esta carpeta que se aperturó en octubre del 2020, figuran varios funcionarios del Gobierno estatal encabezados por Javier Corral Jurado. Entre los implicados se encuentran Eduardo Fernández, Arturo Fuentes Vélez y Gustavo Madero, mano derecha de Corral.
“Con esto espero que el presidente de la República no le dé cabida al exgobernador Corral en el Gobierno federal. Menos como embajador, como ya se ha ventilado en algunos medios de comunicación. Ya con esto le quitaría a los Chihuahuenses la posibilidad de solicitar justicia hoy que ya no contará con fuero constitucional”, publicó en sus redes sociales oficiales.
El desvío de recursos en la Comisión Estatal de Seguridad
En octubre del año pasado, Ordóñez exhibió una presunta red de corrupción dentro de la Comisión Estatal de Seguridad. Esto, durante los años 2018 y 2019. Además solicitó que se congelaran las cuentas de algunos funcionarios del Gobierno estatal.
Según la acusación, existía una supuesta emisión de cheques en el desvío de recursos. De esto tendrían conocimiento el entonces coordinador de gabinete Gustavo Madero y el secretario de Hacienda Arturo Fuentes Vélez.
La denuncia, refiere que Rodolfo Romero Aguirre, administrador de dicha corporación policíaca, expidió cheques de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua. Hasta donde se tiene conocimiento, fueron por aproximadamente 20 millones de pesos a su nombre. Se endosaron e intercambiaron por efectivo como pago de favores. También para invertirse en negocios donde él participó como accionista en bares, constructoras y proveedores del Gobierno del Estado.
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