La noche del 19 de marzo dos sujetos entraron al domicilio de Lorena y le pusieron un cuchillo en el cuello. Días antes había recibido amenazas de parte de Francisco Javier Centeno Naal, director de la escuela primaria Niñez de Juárez, un plantel ubicado en el Valle de Juárez.
Ella fungía como tesorera del comité de administración participativa, antes denominado sociedad de padres de familia.
La razón de las amenazas -según denunció ella misma ante la Fiscalía Zona Norte- fue que se negó a un uso incorrecto de recursos del programa federal La Escuela es Nuestra.
En dicho programa el Gobierno entrega 500 mil pesos directamente a comités escolares para obras de mejora en los planteles.
El problema surgió, dijo la afectada, porque el director quería contratar a sus conocidos en lugar de beneficiar a la comunidad cercana a la escuela.
Se trata de una colonia donde existen servicios públicos deficientes, extensos predios abandonados y poca presencia de la autoridad local.
“Este sujeto quiere que los recursos que nos asignaron por parte de Bienestar se destinen a proyectos en los que él interviene personalmente”, precisó la afectada en su querella ante el Ministerio Público.
En el documento la madre aclaró que la autoridad federal condiciona a los comités escolares a que los recursos se gasten en obras que les den trabajo a las personas o negocios de la misma colonia donde se ubica el centro educativo.
Luego de que dos hombres entraron a su casa y la lesionaron con un arma blanca la noche del 19 de marzo, Lorena señaló al director como el presunto autor intelectual de los delitos de amenazas, lesiones agravadas y calificadas, y allanamiento de vivienda agravado.
Los roces y la denuncia
Apenas en el mes de febrero había tenido una reunión con el director y la supervisora de zona en la que la habían presionado para que accediera a irregularidades.
“Yo la vi muy preocupada ese día, pero no me imaginé que fuera a llegar a tanto la situación”, refirió otra de las integrantes del comité escolar.
La querella se presentó el 20 de marzo de 2021. Quedó registrada en el número de expediente 37-2021-0009125 de la Unidad Especializada de Delitos de Peligro contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública.
Norte Digital buscó al señalado para obtener su versión de la historia, pero no estuvo disponible en su número telefónico. En una declaración a una televisora local expresó que él también había sido amenazado y por lo mismo se había ido de la ciudad. No proporcionó más detalles.
La presidenta del comité escolar de administración participativa de la escuela, quien solicitó no publicar su nombre, confirmó a Norte Digital la versión de la tesorera.
Dijo que desde que el recurso llegó, en noviembre pasado, el director y la supervisora de zona, Laura Patricia Grajeda Rivera, mostraron una actitud abusiva.
“Los problemas empezaron en noviembre cuando ellos ya se dieron cuenta que había llegado el dinero con la tesorera”, recordó.
Dijo que tanto la supervisora de zona como el director de la mañana querían usar el dinero a su conveniencia. “Nosotros nada más queríamos que se llevara el recurso para lo que fue destinado”.
Cuando Norte Digital buscó a la supervisora de zona en su teléfono, tampoco estuvo disponible para dar su versión.
Seech deslindará responsabilidades: subsecretaria
La subsecretaria de Educación en la frontera Judith Soto refirió este sábado que ya está en conocimiento del caso. Agregó que el departamento jurídico de la dependencia realiza una investigación para deslindar las posibles responsabilidades.
Lo anterior independientemente de la indagatoria y actuaciones que realice la Fiscalía de Distrito zona norte, aclaró.
De acuerdo con Soto, la complicación del programa La Escuela es Nuestra se origina porque los recursos se entregan de manera directa a los padres.
“Obviamente como tal hay cosas en las que tenemos muy buenas intenciones, pero a veces eso no se puede convertir en las mejores acciones o que pueden resguardar de la manera correcta a todas las personas involucradas”, estimó.
La funcionaria se refirió a la agresión contra la madre como un intento de asalto “cuando todavía ni siquiera el recurso estaba en la escuela”.
Aclaró que existen una serie de alegatos en donde tanto la afectada como el director exponen versiones de los hechos.
Por lo anterior -aclaró- el departamento jurídico de Servicios Educativos intervino de manera directa.
“Si el directivo o el maestro que esta siendo denunciado resulta responsable, se le aplican diferentes tipos de sanciones”, puntualizó.
Tras los eventos, la escuela se queda sin los recursos
Respecto a la actuación de la supervisora de zona, indicó que ha sido una persona que ha trabajado de la mano de sus escuelas.
Dijo que no tenía antecedentes ni del director ni de la supervisora, de señalamientos previos de irregularidades.
Respecto al dinero que ya no llegó a consecuencia del incidente indicó que es poco lo que el gobierno estatal puede hacer.
El gobierno federal decidió retirar el recurso de la escuela y evaluará la posibilidad de entregarlo cuando existan condiciones más claras o adecuadas, refirió.
Remarcó que lo deseable es que cuando exista “un liderazgo adecuado” el recurso pueda llegar a la escuela.
A la fecha Lorena vive con temor de sufrir agresiones y está a la espera de la intervención de las autoridades.
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