La posibilidad de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a través de la Fiscalía General de la República (FGR) vaya al fondo en la investigación de la llamada operación Zafiro, en la que presuntamente se desviaron millones de pesos a campañas del PRI en el sexenio de Peña Nieto, sigue vigente.
Esa es la conclusión a la que llegó el gobernador de Chihuahua Javier Corral una vez que se conoció la sentencia contra Alejandro Gutiérrez Gutiérrez el lunes por la noche.
Lo anterior porque, de acuerdo con Corral, lo que hay en el fondo de la resolución judicial contra Gutiérrez es el indicio de un desfalco mayor al que implicó el delito por el que fue declarado culpable -peculado agravado por 1.7 millones de pesos-.
Así lo indicó Corral en un video difundido en sus redes sociales este martes en el que detalló que ese monto fue apenas el pago o comisión que recibió Gutierrez por haber participado en un desfalco mayor de 250 millones.
De acuerdo con el mandatario, ese fue el desvío real de recursos que se fueron a campañas del PRI con la participación del ex secretario general adjunto del partido cuando el dirigente nacional era Manlio Fabio Beltrones.
En el video que duró 7 minutos 50 segundos Corral Jurado remarcó que en la investigación de la Fiscalía chihuahuense se lograron sumar más de 50 pruebas de cargo.
También que se presentaron treinta testimonios de servidores públicos, peritos y expertos financieros.
En cuanto a los 250 millones referidos recordó que son la materia de una acusación de la cual la entonces PGR se desistió “descaradamente” de investigar en el último año de Peña Nieto señalando como autor de ese despropósito al juez federal Gerardo Moreno García y otros magistrados.
Dado que ese caso está en revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el jefe del ejecutivo manifestó esperanza en que el máximo órgano judicial del país que preside el ministro Arturo Saldívar, actúe en favor de continuar la acusación por el presunto desvío de recursos al PRI y realice lo que definió como una “limpia necesaria”.
“Este caso lo llevaremos a instancias internacionales como emblema de la corrupción feroz vivido en el sistema político mexicano en los últimos años y de la protección e impunidad otorgada por el propio sistema corrupto a sus integrantes”, agregó.
Dijo también que el desvío de recursos que se hizo desde Chihuahua, continúa siendo investigado por la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) y por la Unidad de Análisis Financiero del SAT, ambas instancias pertenecientes al Gobierno de la República que encabeza el presidente López Obrador.
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