Un agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abierta una carpeta de investigación por el delito de extorsión contra quien resulte responsable por los hechos ocurridos el pasado 20 de junio, cuando choferes de la Ruta 5 A fueron amenazados con quemar sus unidades si no pagaban un cobro interno de esa línea.
El subsecretario de Transporte, Manuel Aguirre Aguilera, precisó que el hecho es que una parte de los concesionarios de la 5A se quejaron, primero, de que en el interior de su organización se les hacia un cobro, al que denominan “la tarjeta”, y que se negaron a pagarla.
Denunciaron la situación ante las autoridades estatales y la postura que se tomó es que no se avala cobro alguno de esa naturaleza en ninguna ruta para que los operadores puedan trabajar, ya que ese impuesto informal se le cobra al chofer.
El funcionario dijo que se interpuso una denuncia por extorsión ante la FGE, pero no fue contra los inspectores de transporte por el cobro de “la tarjeta”.
Explicó que la denuncia se interpuso porque, una vez que se negaron a pagarla, a dos choferes se les acercaron personas ajenas a transporte y a concesionarios para amenazarlos con que si seguían negándose a pagar “la tarjeta” les quemarían los camiones.
Aguirre Aguilera aseguró que la denuncia formal fue interpuesta de forma específica contra esas personas no identificadas.
Dijo que tanto la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) y la FGE actuaron y mantuvieron vigilancia en la ruta, donde hasta ahora no se presentado ninguna otra situación relacionada con esos hechos.
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