Expertos Independientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expidieron ayer un escrito en el que piden al Gobierno Federal revertir las reformas que permiten que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), además de no aprobar la reforma constitucional que permitiría mantener al Ejército en las calles hasta 2028.
Mediante la comunicación oficial, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y el relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación precisan una serie de irregularidades que encontraron en su análisis de las reformas aprobadas y por aprobar.
Con respecto al paso de la Guardia Nacional (GN) de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) a la Sedena, manifestaron su preocupación por la contradicción con la misma Constitución mexicana en lo aprobado, que establece que la GN será una institución policial de carácter civil.
Enseguida se tiene que, de acuerdo con el documento, que fue compartido a medios de comunicación, en la Exposición de motivos que se dio para la reforma constitucional para pasar a la GN a la Sedena se precisó que esto era necesario por “la inexistencia de personal policial civil íntegro, confiable y capacitado para el cumplimiento de sus funciones, además de que se considera a los militares mexicanos “menos vulnerables a la corrupción”.
Luego, sobre la reforma para mantener al Ejército en tareas de seguridad civil, los relatores indican que los cambios en la normatividad no cumplen con los estándares del derecho internacional de Derechos Humanos y parámetros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
“Nos preocupa la evidente intención de ampliar el rol de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, siendo tareas que no les son propias y para las que no han sido entrenadas, lo cual podría favorecer y mantener la comisión de graves violaciones de derechos humanos”, aseguran.
Con estas reformas, México estaría dando pasos hacia atrás en convenciones de las que forma parte y que habían sido ratificadas desde 1981 hasta la fecha en materia de derechos humanos, derechos civiles y políticos y otras más, señalan.
En este mismo sentido, dejan claro que con base en datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entre 2007 y 2021 se emitieron 162 recomendaciones a la Sedena y Secretaría de Marina (Semar).
Mientras tanto, en 2021, la Sedena y GN se encontraban entre las 10 autoridades señaladas con mayor frecuencia en expedientes de presuntas violaciones a los derechos humanos registrados por la CNDH.
Por estas y otras razones enlistadas en el escrito, estos expertos internacionales de la ONU solicitaron la reconsideración en las reformas, además de fortalecer las instituciones civiles de seguridad y adoptar un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública.
Aunado a lo anterior, se solicitó al Gobierno Federal esclarecer información referente al escrito, así como a las medidas existentes para garantizar el control de las fuerzas armadas por parte del gobierno civil, y mecanismos civiles de rendición de cuentas para las Fuerzas Armadas en el país y su efectividad.
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