La gobernadora María Eugenia Campos confió en que las versiones que apuntan a delitos de los funcionarios de la Operación Justicia para Chihuahua, pronto se conviertan en denuncias formales.
Como se informó, muchos de los imputados denunciaron extorsión, coacción al momento de declarar; así como presiones para la autoincriminación por parte de funcionarios de la pasada Administración.
Empero, la gobernadora afirmó no conocer detalles pormenorizados de los dichos de personajes de la vida pública que alzaron la voz recientemente.
Según testimoniales tres exfuncionarios de la Administración de César Duarte sufrieron presiones para sustentar los procesos denominados Expedientes X.
Según comentaron, llegaron también a ser objeto de serias amenazas en caso de no convertirse en testigos colaboradores.
«No conozco estas denuncias, estas versiones; me preocupa, Yo espero en su momento que se hagan denuncias para que podamos investigar al respecto», dijo Campos.
“Puedo hablar de mi caso, que fue una clara fabricación con supuestos elementos, no lo dudo; y me lastima porque representa el uso faccioso de las instituciones contra chihuahuense”, añadió.
Dos funcionarios más se quejan por operación corralista
En las últimas horas, Marcelo González Tachiquín, quien fuera funcionario de primer nivel de la Administración de César Duarte, dio a conocer que fue objeto de extorsión, amenazas y presión psicológica por parte de funcionarios de la Fiscalía General.
Tachiquín afirmó publicamente que le solicitaron 500 mil pesos en 2017 a cambio de no abrirle carpetas de investigación.
“El entonces fiscal Peniche envió a uno de sus funcionarios y me dice: ‘Marcelo, tu caso está limpio; me pide mi jefe que te pongas con 500 mil pesos para que esto quede así” afirmó.
El funcionario dijo que le dieron dos semanas para realizar el pago, bajo amenaza de fabricarle otros delitos si no cumplía.
González dijo que para poder pagar vendió sus camionetas y gran parte de su patrimonio.
“Todo esto que padecimos muchos políticos no se quedó nomas en nosotros, el tema impactó a las mamás de nuestros hijos; fue una verdadera psicosis de presión”, dijo.
El exfuncionario relató que unos 34 exfuncionarios, a quienes se les imputaron delitos en la pasada Administración, pagaron cuotas de extorsión a diferentes funcionarios.
El caso Barousse
Cristopher James Barousse, otro de los implicados en los Expedientes X, relató que su reclusión obedeció a las críticas que hacía contra el Gobierno de Javier Corral.
“Mi caso fue político–mediático, Javier me calló metiéndome a la cárcel», comentó Barousse.
Refirió que la existencia de la caja chica por la que se le acusó fue más bien una “caja china” (estrategia de distracción mediática).
El también exdirigente nacional del PRI Juvenil consideró irreal que el exgobernador Javier Corral desconozca los mecanismos implementados para coaccionar declaraciones.
Barousse fue imputado desde enero del año 2020, y detenido en noviembre de ese mismo año.
Apenas en marzo de este año consiguió su libertad bajo medidas de arraigo domiciliario.
Sobre él pesaba la acusación de haber recibido un total de 2.5 millones de pesos de recursos del Gobierno del Estado, como «ayudas» por parte del exgobernador Duarte.
Reiteró haber sufrido presiones para hacer declaraciones falsas y autoinculparse; además dijo haber sido sometido a tortura psicológica.
De igual manera se dijo víctima de constantes amenazas contra su familia si no se convertía en testigo colaborador.
Supuestos delitos de ministerios públicos son nota nacional
Apenas el lunes, el periódico nacional La Jornada evidenció más testimoniales sobre la coacción ejercida a empresarios, exfuncionarios, periodistas y colaboradores de la Administración de César Duarte.
Esto, con el fin de robustecer las carpetas de investigación de los llamados Expedientes X.
Fernando Reyes Ramírez, quien en 2017 era diputado local en funciones y fue imputado el mismo año por el delito de peculado, confirmó que durante su proceso penal sufrió violencia psicológica.
Relató que en muchos momentos lo presionaron para declarar cosas que «evidentemente no eran ciertas».
«Me amenazaron con dejarme en prisión, amenazaron a mi familia con inventarme no sé qué otros delitos», declaró.
«Y en algunos casos fabricaron culpables para efectos de cumplir con su deber. No quiero pensar cuántos en la cárcel estén así», finalizó.
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