A un año de la masacre de 10 custodios del Cereso Estatal 3, la diputada local María Antonieta Pérez Reyes insiste en que aparte de las indemnizaciones que corresponde por ley, se debe garantizar a los deudos un pago extraordinario por esa responsabilidad que tuvo el Gobierno del Estado el 1 de enero de 2023, por la muerte de empleados que servían de colaboradores.
La legisladora comentó a Norte Digital que como ciudadana juarense, lamentó desde un principio la tragedia que significó la gran fuga de 30 reos encabezados por El Neto, así como los asesinatos de 10 custodios y 7 reos.
Señaló que alrededor de dos meses y medio después de la masacre y fuga, uno de los familiares la contactó para pedirle asesoría y fue cuando se enteró de la crudeza de la tragedia, donde quedó expuesto que había negligencia de parte de las autoridades estatales.
“Decidí involucrarme cuando supe que eran 10 los custodios asesinados que estuvieron indefensos cuando tuvieron que haber tenido capacitación, seguridad (y) que simplemente no debió haber pasado esto”, afirmó.
Agregó que contactó a las familias y empezó a conocer de cerca la problemática.
Dijo que con 20 años de experiencia en la defensa de causas sociales, entiende bien el tema de la responsabilidad por negligencia o por dolo y en este caso hay una responsabilidad directa de parte de Gobierno del Estado por los asesinatos de los custodios.
Comentó que al principio que la contactaron, algunas de las viudas habían avanzado en el tema de las pensiones, pero otras no recibían nada a pesar de que se las debieron entregado de forma inmediata.
Dijo que ni los sueldos que estaban pendientes se les entregaban a ellas como familiares.
Señaló que por parte del Estado había la responsabilidad de darles las prestaciones de ley, como lo son: pensión, seguro de vida y prestaciones de salud y que lo primero que hizo fue programar una reunión con el director de Pensiones Civiles, Alberto José Herrera González, el cual atendió con sensibilidad el tema.
Explicó que le planteó la necesidad de que se entregaran pronto las indemnizaciones correspondientes de ley y en menos de un mes vinieron de Chihuahua a liquidar esa prestación a los deudos.
Pérez Reyes indicó que en el tema de seguros de vida, pidió reunión con el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, y los funcionarios a su cargo nunca le recibieron oficios ni le agendaron cita, sino que contactaron directamente a las familias y empezaron a entregar lo correspondiente, concluyendo hace unos días la última entrega.
Explicó que una vez que se cumplió con las prestaciones de ley, se siguió con una segunda etapa, que es la exigencia de responsabilidad patrimonial del Estado, porque se tenía bajo resguardo a seres humano en calidad de colaboradores.
Subrayó que el gobierno del Estado es responsable ante la ley de la seguridad de sus colaboradores y la omitió, lo cual derivó en la pérdida de vidas.
La diputada aseveró que ante lo anterior debe hacer una reparación económica a las familias conforme lo defina el juez.
Para eso interpusieron una demanda que lleva alrededor de dos meses, la cual sin embargo no ha avanzado mucho.
Recordó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación con 14 puntos, todos en contra de Gobierno del Estado de Chihuahua, entre ellas la indemnización a las familias de las víctimas y por eso la importancia de la fundamentación.
La diputada morenista agregó a través de un amparo se les obligó a responder en cuanto a darse por enterados, pero en cuanto a la indemnización por responsabilidad civil no hay nada todavía.
“Yo creo que la Secretaría de Seguridad Pública (Estatal) piensa que con las indemnizaciones de ley que les tocaba de Pensiones ya con eso cumplieron, pero no”, externó.
Dijo que espera que el propio gobierno por su propia decisión dé una muestra de humanidad y de conciencia con quienes le sirvieron y eviten el juicio, para lo cual deberían acercarse con las familias a realizar una negociación y se les entregue una indemnización importante.
Indicó que ciertamente ningún dinero les va a regresar la vida de sus parientes asesinados, sin embargo nadie se pone a pensar en cómo van a resolver su situación del día, donde en algunos casos se vieron obligadas las viudas a empezar a trabajar hasta en la maquiladora en algunos casos, para buscar solventar algo de gastos.
Subrayó que en el caso de los controles del Cereso pueden hacer algunos cambios sin embargo en las familias, de cómo van a pagar los estudios de los hijos huérfanos, nadie piensa.
Señaló que el tema emocional o familiar por la pérdida, es irreparable, pero al menos lo económico debe quedar resuelto.
Dijo que Juárez es una ciudad violenta, donde al final de cuentas los ciudadanos terminan por quedarse con la peor parte, que es el dolor y con la tragedia.
Criticó que quieran litigar y regatear el dinero que les corresponde a estos hijos de los custodios, a las esposas, que no es ni de los funcionarios públicos.
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