Injusto y peligroso que las autoridades estén señalando anticipadamente que el crimen múltiple cometido en el restaurante Denny’s se debió a un ajuste de cuentas.
Particularmente injusto por afirmar “suponiendo”, sin el sustento de una investigación objetiva y concluyente, que el ataque iba dirigido a una sola persona.
Esto, en opinión del abogado y catedrático derechohumanista Óscar Altamirano, para quien declaraciones de este tipo atentan contra los derechos humanos de cualquier víctima.
“Es el discurso que hemos escuchado durante mucho tiempo, se revicitimiza a las víctimas para justificar la inactividad de las autoridades; quiere decir que las investigaciones que realiza la autoridad, parten de la idea de que la víctima merecía el daño que recibe”, manifestó.
Para Altamirano, si el investigador asume una postura de culpabilización previa de la víctima, el resultado va a ser en ese mismo sentido.
“Con esta clase de discursos, los responsables van a tener así un motivo que los justifique para cometer un crimen”, señaló.
Es una afectación directa: derechohumanista
De acuerdo a Altamirano, esto no solo es una afectación a la víctima directa, sino una patente de corso para los criminales; es decir, darles permiso para actuar violenta e impunemente con la certeza de que no se va a investigar, porque lo que hicieron está justificado.
“Esto está mostrando una línea de trabajo de la autoridad respecto de la violencia en nuestra ciudad; estamos bajo la tesitura de considerar que las autoridades ven a la sociedad como víctimas merecedoras del castigo por andar en malos pasos”, afirmó.
Para el catedrático y derechohumanista, se trata de una postura muy cómoda que asumen las instancias oficiales, para literalmente “quitarse la bronca de encima”.
“La autoridad tiene la obligación de restablecer los derechos de las víctimas y protegerlas tanto a ellos como a su familia, y por supuesto, su reputación; es decir, no se vale acusarlos de algo que los perjudica moralmente, cuando no se tiene una prueba que lo acredite”, indicó.
Esa prueba debe ser resultado de un juicio realizado en el marco de las leyes vigentes donde la presunción de inocencia es factor esencial.
“Trasladando esta postura hacia la violencia familiar, significa que la autoridad cree que la mujer golpeada por el marido, lo merece por tratarlo mal”, dijo.
“Es la misma posición ante el delito, como en un robo a comercio en que, bajo esta óptica, el comerciante merece que lo roben; las autoridades le dirían que lo merecen porque no tiene cuidado”, acotó.
Para Altamirano el mensaje que envía la autoridad en este caso es que el delincuente puede robar tranquilamente porque la autoridad no va a actuar.
“¿Por qué? Porque según la lógica de la autoridad, el culpable del robo es el propio comerciante por dejarse robar”, aduce.
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