El exalcalde del municipio de Rosales, José Francisco R. L., recibió una sanción del Tribunal de Justicia Administrativa que lo inhabilita para ocupar cargos públicos.
La sanción se debe a que actuó bajo conflicto de interés, al haber firmado, en representación del Municipio, dos contratos para el suministro de combustible con una empresa que tiene como accionista a un familiar consanguíneo del exalcalde.
Los contratos se otorgaron en 2019 para la compra de gasolina por un monto máximo de casi 5 millones de pesos.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó ese movimiento irregular en la revisión a la cuenta pública de dicho municipio, corresponde al año 2019.
En una misma sesión, el Tribunal de Justicia Administrativa (TEJA) resolvió Inhabilitar para ejercer cargos públicos al ya mencionado expresidente municipal de Rosales y al exdirector de Seguridad Publica del Municipio de Delicias
En ambos casos, por faltas graves de tipo administrativo detectadas por la ASE.
En la sesión celebrada ayer, el pleno del TEJA determinó que la Auditoría Superior del Estado acreditó las faltas atribuibles a los exservidores públicos y que derivaron de la revisión a dos cuentas públicas, en este caso, de los municipios de Rosales y Delicias.
Abuso de funciones en Delicias
En el segundo caso, el extitular de la dirección de seguridad pública del Municipio de Delicias le fue acreditada la falta grave de abuso de funciones porque intervino en una licitación pública que tenía como fin adquirir un lote de semáforos para la ciudad de Delicias. Aquí el servidor público sancionado descalificó arbitrariamente la propuesta del licitante que ofrecía el mejor precio en un contrato que superó los 8.5 millones de pesos.
Ambos casos fueron documentados por la Auditoría Superior del Estado durante la revisión de la cuenta pública 2019 y denunciados por medio de informes de presunta responsabilidad ante el TEJA en expedientes independientes. Ambas conductas están previstas como faltas graves en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Aunque la ASE aún no ha sido notificada de la resolución, pudo conocerse en la sesión pública celebrada ayer por los magistrados que integran el Pleno del Tribunal en materia administrativa.
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