Grupos del crimen organizado habrían infiltrado las listas de candidatos a alcaldes en municipios de la zona serrana y en importantes corredores de trasiego de droga del estado, imponiendo abanderados a los partidos, principalmente al PRI y en menor medida al PAN.
Los dirigentes estatales de ambos partidos políticos, Guillermo Dowell Delgado –del PRI– y Mario Vázquez Robles –de Acción Nacional–, reconocieron que pudiera existir interacción de las células delincuenciales para influir en las decisiones de representantes populares, pero de existir información precisa al respecto se tomarán las medidas necesarias para evitarlo y se volverían a revisar los perfiles de las propuestas que ya tienen.
Desde inicios de febrero, militantes del PRI, PAN, PRD y Morena, con amplias posibilidades de ser postulados en reconocimiento a su trabajo político, comunitario o liderazgos sociales, fueron interrogados por presuntos representantes de grupos criminales sobre sus intenciones de postularse, y les advirtieron que en al menos ocho municipios habría un solo candidato y ya estaba decidido en quién recaería la nominación para la elección constitucional del próximo 5 de junio.
El sábado 27 y el domingo 28 de febrero, cuando el Comité Directivo Estatal del PRI dio a conocer los nombres de los candidatos postulados por designación directa o por asamblea de delegado, de acuerdo con los métodos estipulados en la convocatoria, se confirmó la advertencia; en el listado del partido en el Gobierno, aparecieron sobrinos, suegras, cuñadas, primas, esposas, de algunos cabecillas de los grupos delincuenciales o de exalcaldes locales vinculados con ellos.
Los dominios de El 80
Arturo Quintana, apodado El 80, es famoso en la región noroeste del estado, desde Cuauhtémoc, pasando por el corredor comercial Álvaro Obregón, Bachíniva, Namiquipa, Gómez Farías, Riva Palacio hasta Buenaventura. En muchas comunidades aparecen obras con un letrero donde se consigan que fueron construidas con “El 80 por ciento de aportación privada y 20 por ciento de fondos públicos”.
Hace cuatro semanas, supuestos enviados de El 80 visitaron a los aspirantes a las presidencias municipales de Bachíniva para advertirles que sería postulada Silvia Mariscal Estrada como candidata del PRI y les pidieron apoyo para la campaña. La mujer, además de ser suegra de Arturo Quintana, desde el domingo pasado es la candidata del tricolor a la alcaldía.
En Namiquipa, Arturo Quintana aplicó el mismo método para respaldar la candidatura de Ramón Alonso Enríquez Mendoza.
En 34 de los 67 municipios de la entidad, la Comisión Estatal para el Proceso Interno del PRI decidió que las candidaturas serían por designación directa; además, entre 33 y 34 mujeres deberán ser abanderadas a las presidencias municipales, eso permitió que en vez de puros varones, las propuestas partidistas incluyeran a esposas, hermanas, cuñadas y hasta suegras de exalcaldes o de personajes identificados con los grupos criminales.
Los pobladores de Buenaventura, uno de los municipios bajo control del crimen organizado, denunciaron la imposición de Miriam Caballero Arras, tras una serie de presiones hacia sus adversarias internas, desde que la comisión de proceso internos comisión anunció que allí designaría directamente a una mujer en cumplimiento de la paridad de género, contemplada en la ley electoral.
Ella es propietaria de huertas nogaleras, pero los habitantes de Buenaventura la ubican como prestanombres de personajes ligados al crimen organizado.
No le busquen, el candidato es Juanito
En Chínipas, municipio de la baja Tarahumara, el precandidato que registró el PRI es Juan Miguel Salazar Ochoa. Semanas antes, a cuatro varones que tenían intenciones de buscar la candidatura del PRI les advirtieron: “Más vale que se calmen, el presidente municipal va a ser Juanito. Nadie más se apuntó, ni en el PRI ni en el PAN”, denunciaron militantes del tricolor en aquella zona.
Abogado de profesión, Juanito es hijo de Joel Salazar Zamorano y sobrino de Crispín Salazar Zamorano, quien heredó el control del grupo criminal Los Salazares, tras la detención, en noviembre de 2012, de su hermano Adán Salazar Zamorano y su sobrino Jesús Alfredo Salazar Ramírez, el primero preso en el penal de Puente Grande y el segundo en La Palma.
La presencia de grupos criminales que se ha apostado por un determinado partido político en la región serrana fue denunciado hace dos semanas por el candidato independiente a la gubernatura, José Luis “Chacho” Barraza, cuando dio a conocer en rueda de prensa que a sus brigadistas se les impidió entrar a municipios como Batopilas, Urique y Bachíniva, porque según ellos ahí ya existía candidato y era el del PRI.
Los habitantes de Gran Morelos, Uruachi y Urique, tres municipios serranos, también han puesto en duda la postulación de candidatas por parte del PRI, porque las mujeres designadas como parte de la cuota de género son a familiares de exalcaldes presuntamente relacionados con grupos criminales o algunos enquistados en las presidencias municipales que se rotan con amigos.
Leticia Villa Portillo, candidata a alcaldesa de Gran Morelos, es esposa de Pedro Efrén Montes Pérez, quien ha sido alcalde tres veces; en Urique la abanderada tricolor es Martina Edith Domínguez Tepeyac. Su padre ya fue alcalde y a sus cuñados la gente de esa localidad la ubica en el bando delincuencial.
Lo mismo sucede en Uruachi con la candidatura de Hassel Rocío Campos Rascón, hermana de un exalcalde y prima de la candidata del PAN Adriana Campos Rascón. Ahí en Uruachi hay comunidades enteras divididas en su apoyo a grupos delincuenciales como La Línea o los de Sinaloa, que ocasionan choques y enfrentamientos armados frecuentes.
El PRI está dispuesto a revisar las listas
Entrevistado sobre las denuncias de imposición de candidatos por parte de grupos delincuenciales, Guillermo Dowell, el recién nombrado dirigente estatal del PRI, dijo que hasta donde él tiene información no existen ningún reporte sobre nexos de los postulados con capos del narcotráfico en las regiones.
Aseguró que para decidir sobre elegidos fueron designados delegados por parte del comité estatal anterior, que hicieron consultas en las localidades y elaborar los perfiles de hombres y mujeres antes de ser postulados, y se actuó de buena fe.
“Estamos en el proceso de revisión; en cada municipio se creó un órgano interno que está validando las propuestas. Seguimos revisando los perfiles de los candidatos. No hemos detectado problemas en la gente que ha solicitado su registro. Si hubiera algún dato que indique riesgo tomaremos medidas. Hasta ahorita hemos validado gente que es querida en sus municipios, pero estamos en disposición de revisar todo”, adelantó.
En entrevista, el presidente estatal del PRI, Guillermo Dowell Delgado, justificó que la lista puede ser cambiada, ya que ellos designaron a los candidatos que desde el punto de vista de su respectiva comunidad son aceptados y cercanos; actuaron de buena fe, explicó.
“Se hizo un trabajo de revisión de los perfiles, de revisión en la propia comunidad, de su familia. Estamos en el proceso, en la mayor parte de esos municipios se creó un sistema del partido que estuvo recibiendo las propuestas.
Apenas con una semana en el cargo de presidente estatal, Dowell reconoció que puede darse el caso que en lista de candidatos “hay quienes puedan tener parientes con nexos pero de ninguna manera manchan a la persona”.
Adelantó que se están dando cambios en el nombramiento de delegados del CDE en los municipios, y van a revisar de nuevo la lista de candidatos.
El PAN evitará arriesgar gente en municipios peligrosos.
El presidente estatal del PAN, Mario Vázquez, indicó que se tienen identificados al menos seis municipios de riesgo, entre ellos Chínipas, Bachíniva, Namiquipa, Buenaventura, Riva Palacio, Balleza, por la injerencia directa de grupos criminales en el proceso electoral para renovar alcaldías.
“Estamos conscientes de la interacción que existe en muchos municipios de Chihuahua con los grupos criminales, por eso estamos dispuestos a revisar cualquier situación que nos hagan saber sobre los candidatos que estamos eligiendo. Revisaremos con cuidado cada caso. No queremos competir con gente que tiene relaciones sospechosas”, recalcó el presidente del PAN.
“Nosotros preferimos no tener candidatos en algunos municipios donde la situación es muy delicada que exponer a la gente. Estamos valorando no postular candidatos en varias alcaldías de alto riesgo”, recalcó.
El IEE no investiga
Respecto a la existencia de candidatos vinculados a grupos criminales, el vocero del Instituto Estatal Electoral, Enrique Rodríguez, indicó que el presidente del organismo, Arturo Meraz marcó una postura clara: “al IEE no le compete investigar los antecedentes de las personas postuladas a cargos de elección, es una responsabilidad de los partidos políticos”.
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