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El ICE detiene a Berthita… y el caso Duarte vuelve a prender

Entre testimonios falsos, amenazas y presiones del cártel, el hijo del capo José Crispín Salazar Zamorano declaró ante la justicia que su propio padre ordenó el asesinato de la periodista de Norte

Carlos Omar Barranco | Norte Digital

En 2017, un mes antes de que fuera asesinada, la periodista Miroslava Breach Velducea alertó sobre la infiltración del narcotráfico en municipios de la región serrana de Chihuahua, incluido su natal Chínipas.

Breach informó, tanto en Periódico Norte como en La Jornada, y junto con su colega Patricia Mayorga en Proceso, que el jefe policiaco de ese municipio, Martín Ramírez Medina, había sido colocado en el cargo por el grupo delictivo Los Salazar.

Publicar esa situación fue la razón por la que el capo José Crispín Salazar Zamorano se molestó tanto que ordenó asesinarla.

Así lo revelaron testigos en el juicio por el que se condenó a Hugo Amed Schultz Alcaraz a ocho años y cuatro meses de prisión.

Schultz, exhibido por la columna de Norte Digital el 25 de noviembre de 2016 como el “exalcalde impresentable” que rondaba el Palacio de Gobierno durante los primeros meses del gobierno de Javier Corral, había sido alcalde de Chínipas de 2013 a 2016, y su jefe de policía era precisamente Martín Ramírez Medina.

Con la evidencia presentada por la Fiscalía, el juzgado federal lo declaró culpable de ayudar a los asesinos materiales e intelectuales de la periodista con la grabación de una llamada telefónica.

La columna del periódico —que cerró su edición impresa a raíz de la falta de garantías del Gobierno estatal para la seguridad del periodismo— ya había alertado sobre la actividad criminal que se desarrollaba en la región con el contubernio de políticos y delincuentes.

Una policía bajo influencia criminal

Ya como titular de la policía local, Ramírez Medina recibió la no aprobación de los exámenes de control de confianza del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 30 de septiembre de 2013.

El periodo de Schultz terminó en 2016 y, de nueva cuenta, una publicación de Breach evitó que un sobrino directo de Los Salazar, Juan Miguel Salazar Ochoa, fuera postulado.

De cualquier manera, la mano del cártel intervino y quien resultó electo fue Jesús Ramón Quinto Agramón Varela, también señalado como testaferro de Los Salazar, quien decidió mantener a Martín Ramírez Medina otro trienio más al frente de la policía municipal.

Hasta la fecha no existe un registro que indique que los policías de Chínipas hayan presentado, desde entonces, las evaluaciones del Secretariado Ejecutivo.

Terminó el periodo de Agramón y siguieron dos administraciones consecutivas de otro integrante del clan Salazar, Salomé Ramos Salmón, casado con una de las hermanas de los jefes del grupo criminal.

Los exámenes de control de confianza siguieron sin presentarse.

Así consta en el registro más reciente de la Fiscalía General del Estado (FGE), al que Norte Digital tuvo acceso, en el que se detallan cuántos elementos tiene cada una de las 67 comandancias municipales del estado de Chihuahua, cuántos han sido evaluados y con qué resultado.

En dicho documento se incluyen los nombres de los jefes policiacos y sus datos de contacto, excepto en los casos de Guadalupe, Manuel Benavides, Morelos, Namiquipa, Práxedis G. Guerrero, Riva Palacio, Santa Isabel, Temósachi, Uruachi, Valle de Zaragoza, Carichí, Coronado, Coyame y Chínipas.

Aunque en el reporte oficial ninguno de esos municipios proporcionó la información referida, en la página de Facebook de Chínipas se encontró una publicación en la que se indica que actualmente el comandante de la policía es José Luis Félix Castillo.

El 4 de septiembre de 2025, la Jefatura de Despliegue Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) confirmó que la corporación cuenta con 14 elementos operativos, pero solo ocho tienen permisos vigentes para portar armas.

Ninguno ha presentado evaluaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En esa misma fecha, la SSPE determinó retirar 19 de las 34 armas que tenía la corporación, también por falta de acreditación.

La investigación documental realizada para este reportaje confirma que la policía de Chínipas tiene menos de la mitad del armamento que requiere y sus agentes no han presentado exámenes de evaluación.

Ante cuestionamientos, el alcalde guarda silencio

Para conocer antecedentes del actual jefe de policía —José Luis Félix Castillo— y saber qué acciones se estarían tomando para solventar las omisiones señaladas tanto en reportes de FGE como de SSPE, se buscó al alcalde Guadalupe Pérez Palma, de Morena, pero no estuvo disponible.

En la red social oficial del Gobierno municipal se proporcionó un número celular con lada del estado de Sonora para ponerse en contacto con la Secretaría del Ayuntamiento.

En el número indicado —(644) 168-4092— no hubo respuesta.

Tanto Fiscalía como Seguridad Pública estatal, a través de sus áreas de información, indicaron que no tenían datos sobre el recién nombrado jefe policiaco.

Un documento publicado por la organización Saber Votar indica además que Pérez Palma tampoco quiso responder un cuestionario sobre transparencia.

La boleta de evaluación denominada “Piensa, analiza y vota” señala que el político morenista no contestó las 29 preguntas de un ejercicio de consulta abierto.

Los temas abordados incluyeron educación, salud, bienestar familiar, empleo, desarrollo, democracia, transparencia, libertad de expresión, seguridad y justicia, entre otros.

En el rubro de seguridad se preguntaba, entre otros temas, si el Ejército debía dejar de participar en el combate a la delincuencia organizada o si debía retomarse la creación de una policía civil de mando único.

Ninguna de las preguntas tuvo respuesta por parte del alcalde.

A merced del narco y sin vigilancia estatal

Un portavoz de la SSPE dijo a Norte Digital que esa dependencia no participa en labores de vigilancia en Chínipas, como sí lo hace en otros municipios.

A través del Mando Único, la SSPE mantiene presencia en Bachíniva, Cuauhtémoc, Galeana, Nuevo Casas Grandes y Satevó.

En diez municipios adicionales participa con recorridos de vigilancia, entre ellos Manuel Benavides, Nonoava, Práxedis G. Guerrero, Valle de Zaragoza, Bocoyna, Coronado y Coyame del Sotol.

En otras policías locales la corporación estatal ha tenido que retirar armamento porque los municipios no cumplen con los protocolos.

“Tenemos 22 policías municipales a las que se les ha retirado el armamento por no cumplir el personal con los requisitos de ingreso o permanencia”, señaló el informante.

También se retiraron armas a las policías de Carichí y Matachí, aunque en esos casos los ayuntamientos sí aceptaron recorridos de la Policía del Estado.

La dependencia exhortó a los municipios a consolidar su estado de fuerza con formación inicial, servicio profesional de carrera, exámenes de confianza y Clave Única de Identificación Policial.

“Una vez que tengan esto, les dotamos —a través de la Licencia Oficial Colectiva (LOC 166) que emite la Secretaría de la Defensa Nacional— del armamento necesario, así como capacitaciones y profesionalización”, concluyó.

La advertencia que sigue vigente

Mientras las instituciones exhortan a los municipios a cumplir con los requisitos básicos de profesionalización policial, en Chínipas la realidad parece haberse detenido en el tiempo.

La corporación sigue operando con personal incompleto, armamento limitado y sin evaluaciones de control de confianza acreditadas.

Es, en esencia, el mismo escenario que Miroslava Breach denunció hace más de una década, cuando documentó cómo el narcotráfico influía en la policía y en las decisiones políticas del municipio.

Aquella advertencia le costó la vida.

Hoy, nueve años después de su asesinato, los datos oficiales muestran que la infiltración que reveló no fue un episodio aislado, sino una historia que aún no termina de escribirse.

Era burda la estrategia de los asesinos tratando de desviar la atención de las investigaciones, pero la evidencia hallada en Villas del Rey y los testimonios recabados de las personas que vivían ahí pronto revelaron la verdadera trama.

El 19 de diciembre de 2017 apareció asesinado el pistolero Ramón Andrés Zavala Corral en Álamos, Sonora, y menos de una semana más tarde, el 25 de diciembre, en Etchojoa, también Sonora, fue detenido Juan Carlos Moreno Ochoa, alias El Larry.

Investigación: Carlos Omar Barranco

Edición: Guadalupe Salcido

Corrección: Jorge Enrique Brambila

Diseño: Miguel Leos

Desarrollo web: Raúl Granados

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