El Instituto Nacional Electoral (INE) en Chihuahua es uno de los más lentos del país en cotejar las firmas de revocación de mandato.
Con corte al 1 de diciembre, el INE ha revisado apenas mil 883 firmas de las más de 85 mil necesarias en la entidad.
La cifra revisada representa el 2.20 por ciento de avance, solo por encima de Colima, Sonora, Nayarit y Baja California.
El resto de los estados se colocan muy adelante en el cotejo de firmas para la validez de la consulta.
Por ejemplo, organismos electorales con listas nominales más robustas como la Ciudad de México o Tabasco, alcanzan más del 150 por ciento de avance; es decir que, en esas entidades, la recolección de firmas se superó tras un mes de iniciado el proceso.
En Chihuahua no hay cifras oficiales, pero legisladores morenistas aseguran que han obtenido más de 40 mil firmas pendientes de ser cotejadas por el INE.
Con más de 347 mil y 83 mil firmas cotejadas, la ciudad de México y Tabasco, respectivamente, son únicos estados en completar sus firmas.
A nivel nacional, se ha completado el 19 por ciento del total de apoyos requeridos, de acuerdo con el corte estadístico oficial.
Los promoventes sumaron 541 mil 648 firmas de las 2 millones 758 mil 227 requeridas para que se emita la convocatoria. De esas, 54 mil han presentado inconsistencias.
El pasado 1 de noviembre inició el proceso de recolección de firmas para la validez de la consulta; en Chihuahua deben alcanzarse, al menos, 85 mil 519 antes del 25 de diciembre.
El INE estableció que la consulta será válida si se recaba el 3 por ciento de firmas del padrón electoral en al menos 17 estados.
En caso de que se alcance el apoyo del 3 por ciento de la Lista Nominal, el INE emitirá la convocatoria el 4 de febrero. Esto para que pueda realizarse el ejercicio en abril.
El resultado se procederá por mayoría absoluta; es decir, cuando más de la mitad de los votos decidan si se revoca o no al mandatario federal.
En caso de que las solicitudes sean aprobadas, la consulta de revocación de mandato se realizaría en abril del 2022.
Los partidos políticos nacionales y locales no podrán participar en cualquier etapa del proceso.
Tampoco lo pueden hacer los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tanto de la Federación como de las entidades federativas y de los ayuntamientos.
Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública federal, estatal o municipal, también tienen prohibida su participación.
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