Mientras en Guadalupe y Calvo la violencia armada sigue siendo una amenaza cotidiana para la población, dos funcionarias del Ayuntamiento fueron exhibidas celebrando la llegada del Año Nuevo disparando armas de fuego al aire, en un acto que ha generado indignación social y que, hasta ahora, no ha tenido respuesta institucional desde el gobierno municipal.
No se trató de un accidente ni de un hecho aislado. Los videos difundidos en redes sociales muestran disparos realizados como parte del festejo, es decir, armas usadas deliberadamente para darle la bienvenida al nuevo año, en un municipio marcado por enfrentamientos, desplazamientos y hechos violentos.
En uno de los casos, las imágenes exhiben a Arlet Marín Escárcega, primera secretaria de la presidenta municipal Ana Laura González Ábrego, accionando un arma de fuego durante la celebración en la cabecera municipal.
De manera paralela, durante la misma noche circularon videos que involucran a Esmeralda Pizarro Mendívil, subdirectora de Obras Públicas del municipio, quien aparece portando un arma larga y apuntándola hacia el cielo en un contexto igualmente festivo.
Guadalupe y Calvo es uno de los municipios serranos más golpeados por la violencia en Chihuahua. En los últimos años ha sido escenario de enfrentamientos armados, desplazamientos forzados de familias completas, bloqueos de caminos, suspensión de clases y operativos permanentes de fuerzas estatales y federales.
Para sus habitantes, los disparos no son un sonido festivo, sino una señal de alerta que obliga a resguardarse, huir o guardar silencio.
En el caso de Pizarro Mendívil, señalamientos ciudadanos difundidos en redes sociales advierten que el arma utilizada podría pertenecer a una corporación federal, lo que, de confirmarse, agravaría los hechos al implicar el uso indebido de armamento oficial por parte de una servidora pública ajena a tareas de seguridad.
Sobre estos hechos, la Fiscalía General del Estado informó que ya se abrió una investigación para determinar si los disparos al aire constituyen un delito y si existen responsabilidades penales o administrativas para las personas involucradas. La autoridad ministerial indicó que se analizan los videos difundidos públicamente y que se dará seguimiento conforme a la ley.
En el caso de Arlet Marín Escárcega, los hechos se suman a antecedentes recientes de polémica pública. Meses atrás, ella y Edwin Almazán, segundo auxiliar en la Tesorería Municipal, fueron cuestionados por celebrar su boda en la Casa de la Moneda, un inmueble histórico del municipio, sin que se informara entonces de sanción alguna.
Hasta el momento, la Presidencia Municipal de Guadalupe y Calvo no ha emitido ningún posicionamiento oficial sobre los videos, ni ha informado si se iniciaron procedimientos administrativos internos contra las funcionarias señaladas.
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