Autoridades mexicanas han incumplido la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para garantizar la reparación integral del daño a César Fierro, quien permaneció encarcelado durante 40 años en Estados Unidos, pese a ser inocente de una acusación de homicidio por la cual fue condenado a muerte.
Finalmente, Fierro fue liberado, pero antes su ejecución fue pospuesta en 17 ocasiones, con el daño psicológico que eso conlleva.
Santiago Esteinou, quien realizó dos documentales sobre el caso, explicó que tanto el Gobierno Municipal de Juárez como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) han postergado la reparación del daño.
El juarense fue víctima de tortura por parte de un elemento de la Policía Municipal de Juárez en 1979. El agente detuvo a su madre para obligarlo a declararse culpable de un crimen que no cometió.
El cineasta mencionó que, en 2020, César Fierro presentó una queja ante la CNDH, la cual fue resuelta finalmente en 2024. En ella, el organismo acreditó los hechos de tortura perpetrados por autoridades municipales de Juárez, Chihuahua.
La Recomendación 146VG/2024 establece una reparación integral que incluye garantías de no repetición, disculpas públicas, una compensación y atención psicológica.
Esteinou señaló que el Cruz Pérez Cuéllar, alcalde con licencia, aceptó la recomendación y los hallazgos de la CNDH, “por lo tanto, el Gobierno Municipal está obligado a cumplir”.
Añadió que hasta ese punto todo ha marchado bien; sin embargo, el problema radica en que, en lugar de cumplir, el Gobierno local ha aplazado indefinidamente el procedimiento.
Esteinou anotó que la CEAV debe elaborar una propuesta de reparación integral, pero la realidad es que “no está haciendo su trabajo y no ha presentado en casi tres años esa propuesta de reparación integral”.
Precisó que, mientras no exista una propuesta de reparación aceptada por la víctima, el proceso no podrá concluir.
María Cristina Arroyo Olazábal, abogada de César Fierro, mencionó que están a la espera de que la CEAV, con sede en Chihuahua, emita un dictamen definitivo en el que deberá considerar la gravedad del daño cometido.
De igual forma, deberá tomar en cuenta las necesidades de la víctima y las consecuencias que tuvieron estas violaciones a sus derechos humanos.
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