La reducción de fondos por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos a programas de apoyo a migrantes, ya está impactando en las acciones que realizan en Juárez organismos internacionales de ayuda humanitaria, informó el director del Centro de Atención Integral a Migrantes (CAIM), Dirvin García.
Luego de sostener un encuentro el martes con representantes de Alianza Américas, un organismo civil estadounidense de apoyo a migrantes, el funcionario refirió en que en el caso de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), ha reducido su personal de 60 a solo diez personas.
Igualmente -dijo- ha habido afectación en los fondos que se canalizaban a través del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Luego de sostener una reunión con una representante de la Alianza Américas, una red latinoamericana de organizaciones migrantes en Estados Unidos, García dio a conocer también que las alternativas de retorno a México, se limitan a la asistencia social, pero no para la integración de quienes vienen.
Solo se hace la transferencia de las personas que llegan para que los atiendan los gobiernos locales, pero, por ejemplo, no hay una respuesta clara para tener un modelo de atención diferenciado con personas que van huyendo de la violencia.
En ese contexto, los recortes que se han hecho, tanto en programas como en personal, han ocasionado limitaciones para la dispersión de insumos en albergues, alertó.
Recordó que de los 32 albergues que funcionan en el estado de Chihuahua, 28 están en Juárez; aparte hay entre 10 y 15 asociaciones civiles y gubernamentales que reciben a menores no acompañados.
Ya sea que tengan convenios con el sistema DIF -anotó- o que los manejen los gobiernos estatal y municipal, como la Casa del Menor Migrante, el Nohemí Álvarez Quillay y México mi hogar.
Lo ideal sería que los albergues lograran una vinculación socio productiva, como uno de la iglesia Anglicana, que tenía hortalizas y criaderos de conejos, gallinas, mojarras, lombricomposta y marranos, detalló.
García lamentó que -por ejemplo- se hayan recortado apoyos para asociaciones que atienden a niños, niñas y adolescentes, como CASA, Promoción Juvenil, que estaba colaborando en temas de cobertura de salud y asesoría de legal.
Otro caso similar es el del programa denominado Juga Reta, con el que se hacían actividades lúdicas para protección a través del juego, y que ahorita esta intermitente o casi suspendido, indicó.
Sostuvo que los albergues usaban los apoyos para la provisión de su cadena de suministros y el hecho que ya no los tengan, va a provocar una presión financiera en los tres niveles de gobierno en México, porque tendrán que suplir esa necesidad.
El hecho de que se hayan disminuido los encuentros de personas ilegales en la frontera, aclaró, no justifica que se recorten los presupuestos para atender a toda esa población vulnerable.
De acuerdo con las encuestas de la Patrulla Fronteriza, refirió, hay una disminución importante de los flujos migratorios.
Mientras en 2024 sumaron más de 255 mil encuentros en el sector de El Paso, para 2025 la cifra bajó a poco más de 45 mil, es decir, cinco veces menos, acotó.
“El fenómeno es bien impredecible y para hacer un presupuesto es difícil; pero debería tenerse un presupuesto previendo una situación de emergencia, que puede derivar en un posible incremento de flujos migratorios, tanto de tránsito desde el sur como repatriados del norte”, opinó.
El funcionario planteó que es necesario adecuar el modelo de atención de la estrategia “Quédate en México”, para que se apliquen esquemas diferenciados, por el tipo de población de retorno, que no estaba radicada en Estados Unidos.
Solo están pensando en centros de procesamiento para personas en tránsito, pero no para quienes tienen en riesgo su seguridad y necesitan medidas de protección y restitución de derechos, explicó.
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