Lo que para muchos en el Sureste de Coahuila era solo una expresión coloquial del día a día, ahora podría tener consecuencias penales.
La palabra “chiriwillo” (o “chirigüillo”) ha sido señalada oficialmente como un término peyorativo y discriminatorio, y su uso con intención ofensiva puede derivar en sanciones que incluyen prisión, multas o trabajo comunitario, según autoridades estatales.
Patricia Yeverino Mayola, titular de la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación del Gobierno de Coahuila, hizo un llamado público esta semana para que la ciudadanía evite el término y, en caso de sentirse agredida, presente denuncias formales.
“Estamos acostumbrados a decir ‘así se dice, no pasa nada’, pero esa forma de comunicarse es ofensiva y puede generar un acto de discriminación”, declaró la funcionaria en entrevistas con medios coahuilenses.
El término, común en regiones norteñas como Coahuila, Nuevo León y Baja California, se emplea de manera despectiva para referirse a personas provenientes del centro y sur del país —especialmente migrantes que llegan en busca de empleo en la industria—.
Se asocia con estigmas relacionados con procedencia geográfica, color de piel, estrato socioeconómico, nivel educativo, aspecto físico o forma de vestir, lo que lo convierte en una expresión que vulnera la dignidad humana y fomenta la exclusión.
El sustento legal se encuentra en el Artículo 239 del Código Penal del Estado de Coahuila, que tipifica como delito los actos de discriminación por motivos de origen étnico, nacionalidad, posición social, color de piel u otras características. Las sanciones incluyen:
• Prisión de 3 meses a 1 año.
• De 6 meses a 1 año de trabajo comunitario o libertad supervisada (en sustitución de la cárcel).
• Multas de 300 a 500 días (equivalentes a un rango aproximado de 30 mil a 100,mil pesos, dependiendo del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización).
Aunque no existe una prohibición explícita de la palabra en sí, las autoridades enfatizan que su uso en contextos de vejación, burla o exclusión —ya sea en la vía pública, el trabajo, redes sociales o entornos cotidianos— puede configurar el delito si se presenta una queja formal.
Hasta el momento, no se han reportado denuncias específicas por este término, pero la dependencia ofrece asesoría legal gratuita y acompañamiento psicológico a las víctimas.
El anuncio ha generado debate en la región. Mientras algunos lo ven como un avance necesario contra la xenofobia y el clasismo —especialmente en zonas industriales con alta migración interna—, otros lo consideran una regulación excesiva del lenguaje coloquial y parte del humor regional.
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