La iniciativa de Ley de Videovigilancia como marco legal para operar las videocámaras de la Plataforma Centinela no blinda contra un mal uso de las tecnologías, por lo que esta se puede convertir en un gran mecanismo de espionaje masivo, señaló el presidente del Comité de Participación Ciudadana, René Moreno Medina.
Dijo que, aunque la iniciativa plantea todo un capítulo sobre el manejo de la información para proteger los derechos a la privacidad de los ciudadanos, no queda claro cuáles serán los protocolos para asegurar que no se va a hacer un mal uso de las imágenes y de la información que generen los mecanismos de inteligencia artificial.
“Yo creo que es todo lo contrario, si en declaraciones públicas han dicho que esto va a ser el gran Big Brother, y va en contra de lo que supuestamente están diciendo ahí en la iniciativa de ley”, expresó el también presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
Medina Moreno consideró que se trata de una iniciativa hecha al vapor y claramente con el objetivo de operativizar la Plataforma Centinela.
“En realidad evidentemente es una ley hecha a la medida para este proceso. Hay un tema de protección al derecho a la intimidad que no está para nada salvaguardada con esta ley. Aunque le hayan generado un capítulo, es a todas luces insuficiente”, explicó.
“Lo que te están queriendo decir, en realidad, es confía en nosotros, vamos a respetar tu derecho. ¿Cómo? Quién sabe. No plantean un mecanismo más allá de decir que las personas puedan hacer uso de sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación Cancelación y Oposición, sobre datos personales”, añadió.
Dijo que la autoridad debería de estar buscando las formas de asegurar que no van a violar el derecho a la privacidad de las personas en este tema “pero, al contrario, deja a las personas la carga de la protección, porque deben de promover los recursos para que se respeten sus derechos”.
Además, la iniciativa presentada por el coordinador de la fracción del PAN en el Congreso del Estado allana el camino para que los Gobiernos municipales, establecimientos comerciales y particulares otorguen el control y acceso de sus sistemas de videovigilancia a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
La ley propone crear el Sistema Estatal de Videovigilancia y Registro Estatal de Equipos y Sistemas Tecnológicos, base de la operación de la Plataforma Centinela, la herramienta tecnológica cuya instalación se entregó en un contrato por 4 mil 2000 millones de pesos a la empresa Seguritech.
El presidente del Comité de Participación Ciudadano, quien por mandato de ley preside también el Comité Coordinador del SEA, también destacó la forma en que la iniciativa fija criterios para ubicar cámaras de videovigilancia, implica una forma de criminalizar la pobreza.
“Lo que pasa es que normalmente las colonias que tienen menos provisión de servicios, y ese es un fenómeno mundial con las policías, los barrios, los asentamientos donde hay más vulneración de derechos humanos es normalmente es donde tratan de meter un enfoque más punitivista y usar como respuesta a la policía en vez de la provisión de servicios”, indicó Medina.
“A mí me preocupa esto, que exacerben este tipo de mecanismos, la criminalización de la pobreza”, agregó
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