Penas que alcanzan hasta 9 años de prisión y multas de mil 500 salarios mínimos por violencia digital de género forman parte de la propuesta iniciativa con carácter de decreto presentada este día ante el Congreso del Estado por la diputada juarense Marisela Sáenz Moriel, para reformar el artículo 180 del Código Penal del Estado.
La anterior iniciativa es un complemento a aquella propuesta original presentada el pasado 26 de abril del presente año, en el que se incluye a la Violencia Digital Contra las Mujeres dentro del catálogo de delitos del estado.
La legisladora expuso que actualmente el Código Penal no tipifica este delito y, por ende, no aseguran protección y una reparación del daño causado a la víctima.
Ante el pleno, la diputada por el Distrito 08 de Juárez pidió reformar el artículo 180 del Código Penal para el Estado de Chihuahua, relacionado con los delitos contra la libertad y la seguridad sexual, así como el normal desarrollo sicosexual.
La propuesta considera que “comete el delito de violencia digital la persona o personas que mediante actos instigados o agravados a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, plataformas de redes sociales y sistemas de mensajería instantánea o correo electrónico que causen un daño sicológico o emocional o dañan la reputación, causan pérdidas económicas y plantean barreras a la participación en la vida pública y privada de la víctima”.
Las penas aumentarían en caso de que las víctimas sean personas menores de 18 años de edad.
Explicó la legisladora que en 8 de cada 10 casos los agresores digitales de las mujeres son desconocidos; en 2 de cada 10 los atacantes son personas conocidas, generalmente amigos, compañeros de clase o de trabajo, parejas o exparejas y familiares, explicó.
Abundó que las mujeres jóvenes, de entre 18 y 30 años, son las más vulnerables en los espacios digitales. El 40 por ciento de las agresiones son cometidas por personas conocidas por las sobrevivientes y el 30 por ciento por desconocidos.
La iniciativa fue enviada a comisiones para que sea dictaminada y posteriormente presentada ante el pleno para su aprobación o rechazo.
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