La organización El Barzón lanzó un llamado para que familias juarenses que tienen adeudos de vivienda no se dejen amedrentar por inmobiliarias y abogados que están realizando desalojos.
La abogada barzonista Griselda Sosa estimó que en lo que va del año ya se han realizado cerca de mil 500 desalojos en esta frontera.
Se trata de casas que fueron adjudicadas en subastas entre los años 2017 y 2018 y que previamente fueron arrebatas a sus dueños mediante juicios hipotecarios ilegales en Nayarit y Coahuila, recordó.
“Personas que han sido desalojadas nos dicen que han llegado a sus casas y han encontrado sujetos haciendo reparaciones y sacando las cosas y los muebles”, relató.
El origen del problema está en las más de 116 mil casas que fueron abandonadas en los años de la crisis de violencia y desempleo que se vivió, y cuya existencia fue corroborada en un estudio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).
De acuerdo con Sosa, actualmente ya solo hay 20 mil viviendas solas, pero no porque el problema se haya revertido, sino porque cerca de 96 mil inmuebles fueron ocupados por invasiones.
Una muestra de la pobreza que se vive en la periferia de Juárez pero que las autoridades y las élites empresariales se niegan a reconocer.
Los entes que se han adjudicado las viviendas son Infonavit y Sociedad Hipotecaria Federal, quienes las han vendido en subastas a empresas como Provive, CDC, Elvis de Juárez y Constructora DASA.
Sosa informó que sí existe una manera de revertir las adjudicaciones que está haciendo Infonavit a las inmobiliarias y esto es a través de amparos.
A cada acreditado un amparo le costaría por lo menos 20 mil pesos con un despacho legal privado, pero con ellos el costo se reduce a solo cinco mil pesos.
“Nosotros no hacemos negocio de esto, es una gestoría social”, refirió ante el cuestionamiento de Norte.
Actualmente cerca de dos mil personas han logrado conservar sus casas con la intervención de El Barzón, indicó.
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