La salida del presidente de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez Manuel Sotelo Suárez, del Comité Técnico del Fideicomiso de los Puentes Fronterizos, fue una acción viciada de ilegalidad, alertó el catedrático y abogado derecho humanista Oscar Altamirano.
Si es verdad lo que dijo a Norte Digital el presidente del Fideicomiso Sergio Madero Villanueva, respecto a que la decisión de quitar a Sotelo se generó en “la esfera” del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el asunto tendría ademas las características de una intromisión de ese colegiado empresarial, que atenta directamente contra el derecho fundamental de la sociedad a participar en las decisiones públicas, agregó.
Luego de revisar y analizar el decreto que le da sustento al Fideicomiso, Altamirano explicó que es un principio básico del Derecho que las decisiones de un ente público como lo es el Comité Técnico, deban estar motivadas y fundamentadas en alguna Ley o norma.
Esa Ley o norma es precisamente el documento del decreto emitido en el año 2015 por el gobernador del estado, que creó el Fideicomiso para poder administrar los recursos del peaje.
Precisamente por eso es un desacierto que el presidente del Fideicomiso le haya dado facultades -según su propio dicho- a un órgano externo para tomar decisiones sobre sus miembros que solo corresponden al propio Comité Técnico, detalló.
“El CCE es una entidad ajena al fideicomiso y a su Comité Técnico, y ciertamente es una organización de la sociedad civil, pero la facultad de nombrar a Manuel Sotelo representante de la Sociedad Civil no es del CCE, sino del Comité Técnico”, apuntó.
Por lo anterior fue un desacierto se le otorgaran facultades inapropiadas al CCE que no tienen ningún origen jurídico lo cual implica una grave irregularidad, asentó.
“Las reglas que establecen la formación del Comité dicen que debe tener -además de otros miembros- dos representantes de la sociedad civil, no dice que deben ser de organizaciones de la sociedad civil”.
“Así que no es normal jurídicamente hablando haberle dado un lugar a una organización para que ellos a su vez nombraran a alguien cuando quien debe nombrar es el mismo Comité Técnico del fideicomiso, no alguien ajeno”, detalló.
En ese sentido dijo que las personas nombradas Manuel Sotelo Suárez y Miguel Fernández Iturriza, ya tienen la calidad de representantes de la sociedad civil, por lo que es irregular que alguien de afuera que no tiene ninguna relación con el Comité Técnico venga y diga que quieren quitar a una persona que forma parte del Comité.
“Significa darle atribuciones a alguien ajeno al Comité extra legalmente para que tome decisiones sobre la estructura misma del comité y entonces cabrían dos preguntas:
¿El comité técnico del fideicomiso depende de las decisiones de entidades que están ajenas a él?
¿Las relaciones políticas que se dan entre el comité y otras organizaciones son relaciones de dependencia?”.
Debido a que la salida o expulsión de Sotelo ocurrió en el contexto de una serie de planteamientos críticos de parte de él a los proyectos impulsados desde el Fideicomiso con el apoyo del CCE, particularmente el de los puentes enanos, Altamirano se pronunció por la necesidad de que el citado Comité se replantee su disposición al diálogo y la pluralidad de ideas.
El también catedrático de Derecho de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) externó que sería muy recomendable que el Comité del Fideicomiso reconsiderara el concepto que tenga de democracia y que ésta “implica diversidad, pluralidad y hasta oposición, y que construyan un beneficio a la ciudad a partir del diálogo y no de la guerra”.
“Si las desiciones que se toman al interior del Comité todas son de consenso absoluto entonces habría que dudar; si hay alguien con opiniones contrarias es algo muy enriquecedor porque eso ayuda a tomar mejores decisiones de manera que si no se tolera la diversidad y la pluralidad estamos ante actitudes de sometimiento” concluyó.
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