El mexicano Genaro García Luna, el arquitecto de la guerra contra el crimen organizado de México, se sienta a partir de este martes en el banquillo de la justicia en Nueva York para responder por cinco cargos, entre ellos narcotráfico, que le pueden llevar a pasar el resto de sus días en la cárcel.
El juicio del que fuera secretario de Seguridad del gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), el funcionario de mayor rango mexicano que comparece ante la justicia estadounidense, se inicia con la selección durante al menos dos días del jurado en el Tribunal Federal de Distrito de Brooklyn que determinará a lo largo de ocho semanas la suerte de este ingeniero mecánico de formación de 54 años.
García Luna está acusado de cinco cargos, entre ellos, participar en una empresa criminal continuada, conspirar para el tráfico de cocaína y mentir a las autoridades cuando solicitó la nacionalidad estadounidense en 2018.
Según la fiscalía, el que fuera director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) entre 2001 y 2005 y después secretario de Seguridad Pública (2006-2012) bajo el gobierno de Felipe Calderón, ayudó al cártel de Sinaloa y a su jefe, Joaquín “Chapo” Guzmán, a introducir 53 toneladas de cocaína a Estados Unidos, convirtiéndose en un «miembro» más de la conspiración.
El “superpolicía” -la Policía Federal estaba bajo su mando-, habría ayudado al cártel del Chapo, quien protagonizó una sonada fuga cuando él era responsable de la Seguridad, haciendo la vista gorda sobre sus actividades, avisándole de operativos policiales, deteniendo a miembros de cárteles rivales y colocando a otros funcionarios corruptos en influyentes puestos de poder a cambio de «millones de dólares».
Detenido el 4 de diciembre de 2019 en Dallas, estado de Texas, el nombre de García Luna surgió durante el juicio del Chapo Guzmán (condenado a cadena perpetua en Estados Unidos) llevado por el mismo juez que ahora lo juzgará a él: Brian Cogan.
El entonces miembro del cartel de Sinaloa Jesús “Rey” Zambada contó en el juicio que había entregado al entonces funcionario en un restaurante maletas con entre seis y ocho millones de dólares en sobornos entre 2005 y 2007.
El proceso a García Luna «es importante porque es el juicio más relevante que ha derivado hasta ahora del juicio al Chapo Guzmán», dice a la AFP la periodista de investigación Peniley Ramírez, autora del libro «Los millonarios de la guerra» declarada al crimen organizado por el presidente Felipe Calderón (2006-2012), que ha dejado más de 340.000 muertos sumiendo al país en una ola de violencia sin precedentes.
“Va a ser presidido por el mismo juez, en la misma corte y va a estar protagonizado por una persona que era al mismo tiempo un alto funcionario en México y un gran aliado del gobierno de Estados Unidos”, sostiene.
El equipo defensor, dirigido por el abogado César de Castro, quiere centrar su estrategia en las «felicitaciones y premios» que recibió en Estados Unidos por sus «esfuerzos» para combatir los cárteles de la droga mexicanos y en su «estrecha relación» con las fuerzas de seguridad estadounidenses.
Cuando dejó el gobierno de México en 2012, se radicó en Estados Unidos, cuya nacionalidad solicitó en 2018.
Según Ramírez, el “negocio” en el que se convirtió la seguridad en México en la guerra contra el crimen organizado reportó a García Luna pingües beneficios gracias a su supuesta participación en empresas del ramo que obtuvieron contratos con el gobierno.
El nombre de García Luna está también ligado al de la francesa Florence Cassez y su expareja Ismael Vallarta, detenidos en un operativo preparado para los medios de comunicación, por su supuesta participación en secuestros, en un caso que llevó al borde de la ruptura las relaciones diplomáticas con Francia. Después de 6 años en la cárcel, Cassez fue liberada pero Vallarta sigue detenido desde hace casi 20 años, sin que se haya celebrado un juicio.
El actual gobierno de México, que ha pedido su extradición a Estados Unidos, también lo acusa de desviar más de 200 millones de dólares del erario hacia empresas de su familia.
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