Garduño volverá a Juárez: a tres años del incendio en INM, la justicia sigue pendiente

Han pasado tres años del incendio del 27 de marzo de 2023 en una estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes y otros 27 resultaron lesionados, y el caso sigue abierto entre avances parciales, procesos penales fragmentados y decisiones judiciales que hoy ponen en duda si habrá justicia.

Mientras algunas víctimas recibieron compensaciones económicas, persisten reclamos por omisiones, trato desigual en las investigaciones y un manejo diferenciado de responsabilidades que, advierten organizaciones civiles, podría derivar en impunidad.

A la par, los procesos legales continúan sin resolverse de fondo, con funcionarios señalados que enfrentan cargos menores, recursos legales pendientes y la posibilidad de que el caso cierre sin que se sancione a todos los responsables.

Prepararon camino a Garduño para absolverlo

Marcos Zavala, abogado de la Fundación para la Justicia, aclaró que el excomisionado del INM Francisco Garduño no ha sido absuelto, pese a declaraciones públicas de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en ese sentido.

Explicó que el funcionario obtuvo una suspensión condicional del proceso en enero de 2025, lo que implica que su caso está pausado bajo ciertas condiciones.

Será el 1 de septiembre de 2026 cuando se revise si cumplió con dichas medidas. De no ser así, el proceso penal podría reanudarse.

Además, existen amparos pendientes que podrían influir en el futuro del caso.

Zavala indicó que el proceso ha tenido tres etapas: audiencia inicial, audiencia intermedia y juicio oral.

Afirmó que en el caso de los que han sido imputados por el delito de homicidio, son máximo dos años para tener la medida cautelar de prisión preventiva en la audiencia inicial, si es que no han tenido sentencia.

Explicó que actualmente los procesos siguen suspendidos, porque las organizaciones civiles promovieron una serie de amparos, derivados de todas las omisiones de garantizar los derechos a las víctimas, ya que ellas nunca fueron enteradas de esos procesos.

Vendrá Garduño a su audiencia a Juárez

Sobre el caso de Francisco Garduño (237/2023), Marcos Zavala destacó que no está absuelto, como erróneamente lo dijo Sheinbaum.

“Nosotros lo señalamos en un comunicado que eso era mentira: tan es mentira que el 1 de septiembre de 2026 va a tener que acudir a su audiencia”.

Anotó que en enero de 2025 lo que se le otorgó fue una suspensión provisional, lo que significa que está suspendido el proceso, sujeto a que cumpla condiciones para poder ser absuelto del proceso por el incendio en Juárez. El año y medio de plazo se le cumple el 1 de septiembre próximo.

En caso de que no haya cumplido, el proceso deberá continuar.

Dijo que incluso se puede pedir una reclasificación del delito de esta persona.

Además, está sujeto a que se resuelva el amparo 803/2023, porque no se garantizó la participación de las víctimas en el proceso y actualmente está en revisión.

Hay otro amparo del 24 de enero de 2025, en contra de la suspensión condicional, el cual también está en revisión.

Por lo tanto, no se puede resolver el fondo del asunto hasta que se definan estos recursos legales.

Subrayó que hasta entonces no se le podría considerar absuelto de forma definitiva.

Lo que prevén es que Garduño pudiera pedir un plazo de seis meses más para el cumplimiento de las condiciones.

Sobre esto mismo, Zavala destacó que, si bien Garduño no fue procesado por homicidio y lesiones, sí se le vinculó por ejercicio ilícito del servicio público, por lo que debería suspendérsele del cargo, ya que de eso trataba la acusación.

“No se le inhabilitó, no se le suspendió, y aun así continuó en funciones e incluso se le premió con otro cargo, lo cual es una incongruencia”, señaló.

Respecto a las medidas cautelares, aclaró que después de dos años sin sentencia, la ley obliga a revisarlas.

“Nosotros inicialmente nos oponíamos a liberaciones por riesgo de fuga, pero conforme a la ley y criterios internacionales, se deben modificar”, enfatizó.

Las nuevas medidas incluyen brazalete, firma periódica, garantía económica y restricciones de movilidad, al retirarles visa o pasaporte.

Zavala dijo que respaldan estos criterios de asignar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva; sin embargo, si alguno no acude, por ejemplo a una audiencia, se puede solicitar orden de aprehensión.

Reparación: avances con pendientes

Marcos Zavala informó que en conjunto con organizaciones como Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), actualmente representan a 18 víctimas: nueve sobrevivientes y nueve familias de personas fallecidas originarias de El Salvador, Honduras, Guatemala y Venezuela.

En los hechos ocurridos el 27 de marzo de 2023 murieron 40 migrantes y otros 27 resultaron lesionados en Ciudad Juárez.

Sobre el tema, Zavala dijo que la Recomendación 111VG/2023 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitida el 30 de junio de 2023 por graves violaciones a derechos humanos, sigue en proceso de cumplimiento.

Indicó que, como parte de esta recomendación, ya se entregaron compensaciones económicas a la mayoría de las víctimas que representan, aunque señaló que existen casos —principalmente de Guatemala— donde aún no se concretan los pagos.

Anotó que a los 18 que representan ya se les pagó; subrayó que dichos recursos fueron cubiertos por todos los mexicanos a través de los impuestos, ya que el dinero se tomó del erario.

Sin embargo, Zavala subrayó que la reparación no debe limitarse al aspecto económico.

Demandan responsabilidad del Estado

Zavala señaló que, además de dicha compensación, las organizaciones promovieron una demanda por responsabilidad patrimonial del Estado, actualmente en análisis en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Detalló que esta vía busca una reparación complementaria por posibles omisiones e irregularidades de las autoridades, sin sustituir las medidas derivadas de violaciones a derechos humanos.

Añadió que en esta demanda no se descarta otra compensación económica, aunque sin fijar alguna cantidad. Lo principal es que se impulsan cambios en la política migratoria y adecuaciones de las estancias.

“Estamos impulsando cambios estructurales en la política migratoria, que las estancias no funcionen como prisiones y que exista un registro nacional de retenciones, porque no lo hay”, explicó.

Comentó que en 2023, cuando ocurrió la tragedia, no tenían lista definida de quiénes habían ingresado, por lo cual es necesario contar con un registro que incluya nombre, estado de salud, así como horario y fecha de entrada y salida.

Procesos penales abiertos y desequilibrios

En el ámbito penal, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas cinco causas contra al menos 11 personas por delitos como homicidio y lesiones, relacionados con la muerte de 40 migrantes y las lesiones de 27 más.

No obstante, Marcos Zavala denunció un “desequilibrio procesal”, ya que algunos funcionarios de mayor rango enfrentan cargos menos graves, aunque desde el 30 de marzo de 2023 hubo órdenes de aprehensión y un trato diferenciado.

Entre ellos mencionó al comisionado del INM, Francisco Garduño, quien fue vinculado únicamente por ejercicio ilícito del servicio público, a diferencia de otros imputados acusados de homicidio.

“Se generó un trato selectivo que podría derivar en impunidad”, advirtió.

Zavala anotó que a víctimas sobrevivientes nunca se les informó que había una carpeta de investigación abierta ni que existían cinco procesos penales federales abiertos y una recomendación de la CNDH.

Los procesos

De los 12 señalados, a algunos se les colocó brazalete y están libres, pero con la prohibición de salir de Ciudad Juárez; otros siguen en prisión y otros en fuga.

El primer proceso fue el 216/2023 por homicidio y lesiones de las 40 personas fallecidas y las 27 lesionadas, en contra de Daniel Goray, quien era el encargado de la estancia en ese momento, y de Gloria Liliana Ramos, agente de migración.

Daniel ya pidió el cambio de medida cautelar y actualmente está con garantía económica.

Gloria Liliana fue liberada por exoneración en el año 2023.

Rodolfo Collazo, otro de los agentes de migración, ya tiene brazalete, garantía económica y prohibición de salir del país.

Alan Pascual Ventura, guardia de seguridad privada, fue liberado en junio de 2024 para continuar su proceso de esa manera.

En el caso de los migrantes Jeison Daniel Catarí Rivas y Carlos Eduardo Colombo Rodríguez, continúan privados de su libertad.

Para el próximo 6 de abril está programada una audiencia clave en Ciudad Juárez contra varios de los imputados, por los delitos de ejercicio ilícito del servicio público y daños a la propiedad, dentro de la causa penal 593/2023.

También se abrió el procedimiento 235/2023 por homicidio y lesiones, donde se vinculó a Salvador González Guerrero (liberado en septiembre de 2025) también por ejercicio ilícito, contraalmirante retirado y encargado de la zona noreste del Instituto Nacional de Migración.

“Esto es importante resaltarlo porque la política migratoria se ha militarizado. Prueba de ello es que los mandos medios, sobre todo en zonas fronterizas, son militares retirados o con licencia”, sostuvo Zavala.

También está Eduardo Apodaca Magallanes de Recursos Materiales (liberado en abril de 2024) del INM y Juan Carlos Meza, encargado del Grupo Beta y de Protección Civil de la estancia migratoria, fueron vinculados por homicidio y lesiones. Juan Carlos fue liberado en agosto de 2024.

En la causa 236/2023, Antonio Molina está evadido de la justicia y solo se le vinculó por ejercicio ilícito del servicio público —lo mismo ocurrió con Francisco Garduño—.

“Nosotros hemos señalado que a estos funcionarios se les dio un trato selectivo y desigual respecto a los demás procesados, lo cual genera impunidad”, sostuvo Zavala.

Subrayó que eso permitió que a Francisco Garduño se le otorgaran beneficios para intentar obtener su absolución.

Para ponerlo en términos claros: un profesionista que incumple sus funciones puede enfrentar sanciones más graves que un titular de una dependencia federal, al que se le vincule solo por ejercicio ilícito del servicio público.

“De ahí la gravedad de que se le haya vinculado solo por este delito”, señaló.

“Por ello promovimos juicios de amparo, ya que consideramos que existe un desequilibrio procesal, al darles un trato selectivo, para garantizarles precisamente una absolución en el futuro”, enfatizó.

Añadió que se han opuesto a lo anterior y actualmente Garduño sigue sujeto a proceso, independientemente de que ya no ocupe el mismo cargo y actualmente esté en la Secretaría de Educación Pública, tendrá que acudir a las audiencias, incluida la del 1 de septiembre.

Se abrió asimismo otra causa penal para el otro migrante venezolano, Carlos Eduardo Colomo (en prisión).

En la causa 592/2023 abierta contra el administrador de la empresa de seguridad privada Camsa, David Vicente Salazar Gasca, mismo que no ha sido localizado y no ha podido llevarse a cabo la audiencia para vincularlo a proceso.