Al Gobierno de Javier Corral le falta combatir las causas que originan el problema del desplazamiento forzado y que tienen que ver con la inseguridad y la impunidad, reprocharon representantes de organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos.
Lo anterior luego de que el lunes 3 de septiembre de 2018 el mandatario propusiera cuatro puntos sobre acciones que su Gobierno realizaría para atender el problema, en un evento al que asistió la relatora de la ONU para los derechos humanos, Cristina Jiménez-Damaris.
El planteamiento del gobernador chihuahuense incluyó hacer un análisis integral para generar políticas públicas, protocolos de seguridad para un retorno seguro y voluntario, mecanismos para resguardar el patrimonio de los desplazados y un fondo de ayuda económica.
A algunos líderes de organizaciones derechohumanistas y víctimas de desplazamiento el discurso del gobernador los dejó con un mal sabor de boca.
“Es muy fácil hablar y decir y tener buenas intenciones, pero que sean acciones concretas, y que verdaderamente como sociedad lo veamos que se haga, eso es lo difícil. Es fácil soñar en un auditorio, pero afuera, la realidad, es otra cosa”, reprochó José Ángel Rivas Vega, indígena ódami desplazado por la violencia en la comunidad Cordón de la Cruz de Baborigame, municipio de Guadalupe y Calvo.
Rivas planteó que mientras la impunidad y la colusión de los cuerpos de seguridad no se combata, las cosas van a seguir igual “¿cuál retorno seguro? ¿cuál retorno de desplazados?”, preguntó.
Recordó que, en el caso concreto de esa comunidad, hay una denuncia por despojo que ya cumplió más de un año, sin resultados.
“Cómo es posible que reconozcan que hay carpetas de investigación y no hagan su chamba después de un año”, cuestionó.
Combatir las causas
Isela González Díaz, de la asociación civil Alianza Sierra Madre, reconoció como un avance el hecho de que los pueda asesorar –al Gobierno estatal– el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, “pero me parece que le falta combatir las causas que originan el desplazamiento; se deben comprometer a ejecutar las órdenes de aprehensión de los perpetradores que lo originaron”.
“Debe trabajar en una coordinación efectiva con el Gobierno federal que va a entrar, para que los territorios queden libres de la ocupación fáctica que ahorita tienen los delincuentes en la mayoría de los casos. Ellos son los que propiciaron el desplazamiento”, reafirmó.
De nada sirve que se pronuncien discursos si el Gobierno del Estado no se compromete a coadyuvar para resolver las causas estructurales que dan origen a los conflictos, agregó.
Reconoció que dependencias como la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (Ceave) y la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (Coepi) han mostrado avances, pero también dijo que se necesita más presupuesto, y –sobre todo– convergencia de todas las secretarías del Gobierno del Estado.
En ese sentido lamentó que otras instancias estatales no hayan hecho su parte, como la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Vivienda Suelo e Infraestructura (Coesvi), la Secretaría de Desarrollo Rural y la Secretaría de Desarrollo Social.
Dijo que también es urgente que en el nuevo Congreso del Estado se legisle sobre protección y protocolos para atender el problema.
“Hay desplazados que llegaron a la ciudad que no tienen forma de regresar a su comunidad y hay otros que son los integrantes de pueblos indígenas y tienen que entrar con estrategia de seguridad y de no repetición de los hechos; ellos no se adaptan a la ciudad porque tienen un vínculo espiritual con sus territorios”, explicó.
Remarcó que es indispensable que se frene la impunidad porque muchos asesinatos en las comunidades del municipio de Guadalupe y Calvo “están en absoluta impunidad y además el Gobierno federal no se ha responsabilizado”.
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