A finales del mes pasado, oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE) debieron asegurar documentos originales resguardados por la Oficialía Mayor del Gobierno municipal.
“Estamos obligados a responder y nosotros somos absolutamente abiertos y transparentes para lo que se nos requiera; aun más si es una autoridad la que nos requiere”, dijo Hector Ortiz Orpinel, secretario del Ayuntamiento del Municipio de Juárez.
El 24 de febrero de 2022, la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua solicitó al alcalde Cruz Pérez Cuéllar definir una hora y lugar para que oficiales de la FGE confiscaran documentación requerida para una investigación derivada de presuntos actos de corrupción que involucrarían al exalcalde Armando Cabada Alvídrez, así como a cuatro de su principales colaboradores.
La Fiscalía pidió la hoja de servicio del expresidente municipal; del exsecretario del Ayuntamiento, Roberto Rentería Manqueros; así como del extesorero, Gerardo Ronquillo Chávez; del exoficial mayor, Víctor Manuel Ortega Aguilar; y de la exregidora coordinadora de la Comisiones de Hacienda, Rosario Valadez Arana.
Además, solicitó a Pérez Cuellar que la información contenga antigüedad, cargo, tiempo, sueldo y compensaciones cobradas por cada uno de estos cinco funcionarios.
Los dos agentes de la FGE enviados a la Presidencia municipal están adscritos a la Fiscalía Anticorrupción, según se informó.
El secretario no pudo confirmar si esta investigación en curso corresponde a un supuesto desvío por el pago de bonos; que se habrían entregado al término de la relación laboral entre el Municipio y sus principales funcionarios.
Fiscalía realizó muchos requerimientos
El secretario aseguró que recibió entre 10 y 15 oficios de los organismos de fiscalización del Gobierno del Estado; entre estos, la Fiscalía Anticorrupción del Estado.
Aseguró que no recuerda ningún caso específico sobre los temas que están en proceso de investigación.
“Es habitual que nos soliciten información, tanto la Auditoría Superior del Estado(ASE) y la Fiscalía Anticorrupción del Estado, entre otros” , dijo.
Concretamente se consultó al abogado de la ciudad sobre las observaciones de la ASE, referentes a uno de los contratos otorgados en el gobierno de Cabada Alvídrez a una empresa a la que pagaron 41 millones de pesos para cobrar el impuesto predial a los contribuyentes rezagados.
Sin embargo, las Fiscalías no encontraron evidencia de que la empresa cumplió con los servicios que justificaron su contratación.
El secretario confirmó que representantes de la ASE aún revisan estos expedientes sobre las empresas contratadas para cobrar el predial.
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