Tras la liberación del propietario del Crematorio Plenitud, familias afectadas exigieron que la Fiscalía General de la República atraiga el caso, al considerar que las autoridades locales no lograron sostener una acusación que haga justicia al trato indigno de restos humanos.
Mediante un comunicado público, familias pertenecientes a la agrupación Memoria, Dignidad y Justicia exigieron que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación del caso del crematorio Plenitud, luego de que un juez federal ordenara la liberación del propietario del establecimiento.
En el documento, fechado el 13 de febrero de 2026 en Ciudad Juárez, las familias cuestionan que el hallazgo de cientos de cuerpos almacenados durante años sin ser cremados, así como la entrega de cenizas falsas, haya sido reducido por la autoridad judicial a irregularidades administrativas.
Para las y los firmantes, esa clasificación evidenció la debilidad del proceso penal sostenido por autoridades locales, por lo que demandan la intervención de una instancia federal que garantice imparcialidad, sanciones proporcionales y acceso real a la justicia.
“La justicia que se pierde en tecnicismos de amparo no es justicia, es complicidad”, señala el comunicado, en el que también se advierte que, mientras el responsable recupera su libertad, las familias permanecen en el abandono institucional, sin verdad ni reparación del daño.
El pronunciamiento subraya que el manejo indigno de restos humanos no puede tratarse como un asunto menor de permisos o trámites, y que el caso requiere una investigación federal que esclarezca responsabilidades penales y administrativas, además de garantizar la dignidad de las víctimas.
El texto concluye con una consigna que resume el reclamo central de las familias afectadas:
“¡Dignidad para nuestros muertos, justicia para los vivos!”
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