Un jurado federal en Texas condenó a dos miembros de la pandilla Barrio Azteca por los asesinatos en 2010 de personal del Consulado Americano en Juárez, 12 años después de los homicidios.
Los ahora condenados participaron en el asesinato del sheriff del condado de El Paso, Arthur H. Redelfs, su esposa Leslie Enríquez y Jorge Salcido Ceniceros.
José Guadalupe Díaz Díaz, alias “Zorro” y Martín Pérez Marrufo, alias “Popeye”, fueron declarados culpables al final de los 13 días que duró el juicio. En mayo serán sentenciados.
De 2010 a la fecha se detuvo a 35 acusados de participar en los homicidios. De esa cantidad, 28 se declararon culpables; a uno más lo condenaron, otro se suicidó antes de que concluyera su juicio, y tres esperan la extradición de México.
El juicio de Díaz y Pérez Marrufo lo presidió Kathleen Cardone, jueza federal en el Distrito Oeste de Texas, División El Paso.
El jurado encontró a Díaz y Marrufo culpables de cargos de conspiración por extorsión, tráfico de narcóticos, importación de narcóticos, lavado de dinero y asesinato.
Esto, además de cargos de asesinato en ayuda al crimen organizado y tres cargos de asesinato resultantes del uso y portación de arma de fuego.
Los tres últimos cargos de asesinato mencionados fueron en relación con delitos de violencia y tráfico de drogas.
Confundieron a las víctimas con pandilleros rivales: versión
La evidencia demostró que el 13 de marzo de 2010, Díaz y Marrufo servían como pistoleros en los equipos de sicarios que cometieron el asesinato.
Ese día fallecieron la empleada del Consulado de los Estados Unidos, Leslie Enríquez, y su esposo, Arthur Redelfs. También ejecutaron a Jorge Salcido Ceniceros, esposo de otra empleada del Consulado de los Estados Unidos quien acompañaba a los primeros.
Los sicarios atacaron a las víctimas luego de que salieron de una fiesta de cumpleaños en Ciudad Juárez, porque inicialmente los confundieron con pandilleros rivales; Díaz disparó y mató a Enríquez y Redelfs, Marrufo disparó y mató a Ceniceros.
El fiscal general auxiliar Kenneth A. Polite Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia calificó como una tragedia este crimen.
“Estas condenas demuestran el compromiso del Departamento de combatir a las organizaciones criminales transnacionales violentas”, declaró al tiempo que agradeció la cooperación del Gobierno mexicano.
Destacó que esta cooperación incluyó la extradición de ambos acusados a los Estados Unidos para enfrentar los cargos penales que derivaron en su condena.
La fiscal federal Ashley C. Hoff comentó que su oficina ha fortalecido su determinación de buscar justicia para víctimas de la violencia de los cárteles; esto a pesar de los 12 años transcurridos desde el asesinato.
“Estos veredictos de culpabilidad demuestran la búsqueda diligente de nuestros fiscales y nuestro compromiso de proteger a las comunidades de la brutalidad despiadada”, agregó.
Luis Quesada, subdirector de la División de Investigación Criminal del FBI, dijo que las condenas representan el compromiso del FBI en este tipo de casos.
Dicho compromiso se enfoca en “tomar medidas agresivas contra cualquier persona que quite la vida de ciudadanos estadounidenses inocentes”, según expresó.
Ni los más despiadados pueden evadir la justicia
“Incluso los criminales más despiadados no pueden evadir la justicia, y continuaremos responsabilizando a aquellos que cometen actos brutales de violencia”, aseveró.
Para la administradora de la DEA, Anne Milgram, estas condenas servirán como una clara advertencia a todos los narcotraficantes.
“Perseguiremos y enjuiciaremos a todos y cada uno de los que comprometan la seguridad y la salud de los estadounidenses”, declaró; en esto incluyó a aquellos que apoyan a las misiones estadounidenses en el extranjero.
Aseveró que los trabajadores de la DEA continuarán trabajando con los socios nacionales y globales de Estados Unidos en un objetivo común; esto con el fin de librar a sus comunidades de la intimidación, la violencia y abuso de drogas que infligen estas redes criminales de drogas.
En el juicio se presentó evidencia de que Barrio Azteca es una organización criminal transnacional dedicada a diversas actividades ilícitas en El Paso, Texas; dichas actividades incluyen lavado de dinero, crimen organizado y actividades relacionadas con las drogas.
Se dijo que la pandilla se alió con otras bandas de narcotraficantes para luchar contra el Cártel de Sinaloa, encabezado por “El Chapo” Guzmán; el objetivo era el control de las rutas del narcotráfico a través de Ciudad Juárez.
Las rutas de la droga a través de Ciudad Juárez son importantes por ser una ruta principal de tráfico ilícito hacia los Estados Unidos.
Fueron 35 los inculpados
Un total de 35 acusados fueron inculpados en la tercera acusación formal y se alega que cometieron varios actos delictivos, incluidos los asesinatos ya mencionados; los delitos señalados fueron extorsión, distribución e importación de narcóticos, represalias contra informantes de la Policía estadounidense, lavado de dinero, asesinato y obstrucción de la justicia.
En el comunicado se menciona que de los 35 acusados, todos han sido detenidos y 28 se declararon culpables; se asienta que uno más fue condenado, otro se suicidó antes de que concluyera su juicio, y tres esperan la extradición de México.
A Díaz lo extraditaron de México el 13 de noviembre de 2019 y a Marrufo el 18 de enero de 2020.
Las extradiciones se dieron en coordinación entre autoridades policiales de Estados Unidos y México, quienes también cooperaron en la investigación y enjuiciamiento de este caso.
La sentencia está programada para el 9 de mayo. Díaz y Marrufo enfrentan una sentencia mínima obligatoria de cadena perpetua.
El caso lo procesa el abogado litigante Jay Bauer de la Sección de Derechos Humanos y Procesamientos Especiales de la División Criminal; también por la abogada litigante Christina Taylor de la Sección de Crimen Organizado y Pandillas de la División Criminal y el fiscal federal adjunto Steven Spitzer. Este último pertenece al Distrito Oeste de Texas.
Destaca la asistencia significativa de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Nuevo México; asimismo de las Oficinas de Asuntos Internacionales y Operaciones de Cumplimiento de la División Criminal.
Se agrega también como de importante participación una larga lista de dependencias encabezadas por la DEA, FBI, servicio diplomático, Inmigración y Aduanas, entre otros.
Un ataque dirigido
Contrario a la versión de que fue una confusión, un integrante de la pandilla Los Aztecas declaró entonces que se trató de un ataque dirigido.
El atentado iba dirigido al sheriff Arthur H. Redelfs, y se ordenado desde la cárcel del condado de El Paso, Texas, según esta declaración.
Esto lo declaró en abril de 2010 Ricardo Valles de la Rosa, integrante de la pandilla Los Aztecas, detenido por el Ejército Mexicano.
La dependencia emitió un comunicado que vinculaba formalmente a “El Benny” o “El 51”, cabecilla de Los Aztecas, con el asesinato de los ciudadanos estadunidenses.
Trascendió entonces que Valles dijo haber movilizado a pistoleros para matar a Redelfs por instrucciones de líderes de Los Aztecas presos en El Paso.
El homicidio se ordenó porque el sheriff maltrataba a miembros de Los Aztecas presos en El Paso; esto además de que, según Valles, presumía de tener forma de introducir armas a Ciudad Juárez para terminar con todos los integrantes de esa banda.
En el asesinato de Redelfs y su esposa, la hija de ambos, de nueve meses de edad, resultó ilesa.
Valles reveló también que el homicidio de Jorge Alberto Salcido Ceniceros fue una equivocación; él era esposo de otra empleada del Consulado de Estados Unidos y salió al mismo tiempo que el sheriff y su esposa, y abordaron vehículos similares.
A Salcido Ceniceros lo ejecutaron alrededor de las 2:30 de la tarde en Insurgentes y Artículo 39 de colonia San Patricio; mientras que a Redelfs y su esposa los asesinaron en el bulevar Norzagaray y Francisco Villa, a espaldas de la Presidencia Municipal, varios minutos después.
Añadió que a quienes siguieron y ejecutaron al conductor de la camioneta Honda los conoce como “La Araña” y “El 89” o “El Popeye”.
Afirmó que él siguió al sheriff en una camioneta Ford Explorer y otros iban a bordo de una jeep Cherokee.
Tiempo después, de manera sorpresiva, la PGR sacó del Cereso y trasladó a otro penal a Valles de la Rosa; el traslado se llevó a cabo en el mayor sigilo, presuntamente por solicitud del Gobierno estadounidense con intenciones de extradición, para juzgarlo en territorio estadounidense.
Otros detenidos tiempo después, vinculados también a estos crímenes, son Eduardo Ravelo Rodríguez , alias “El Tablas”, y Juan Arturo Padilla Juárez, alias “Padilla” o “El Genio”.
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