Las organizaciones de la sociedad civil que defienden a las víctimas del incendio ocurrido hace tres años en la estación migratoria de Ciudad Juárez han optado por explorar otras estrategias que permitan sancionar el conjunto de violaciones a los derechos de los migrantes, y no únicamente lo que pudo haber ocurrido tras el siniestro que dejó 40 muertos y 27 lesionados.
Lo anterior fue explicado por Luis Xavier Carrancá Álvarez, abogado de la Clínica Jurídica para Personas Refugiadas Alaíde Foppa de la Universidad Iberoamericana.
Mencionó que la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se centró únicamente en el incendio, al igual que la carpeta penal, de tal manera que procesar penalmente el conjunto de violaciones no sería adecuado. Añadió que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) tampoco está analizando estas violaciones.
Señaló que todo este contexto está siendo invisibilizado frente al derecho, ya que en México no se cuenta con mecanismos que pongan límite a violaciones sistemáticas.
“Entonces, desde las organizaciones que defendemos este caso, identificamos que una vía para evidenciar comportamientos violatorios de las autoridades es la responsabilidad patrimonial del Estado, entendiendo las violaciones a derechos humanos como una irregularidad administrativa que las personas no están obligadas a soportar. No solo centrarnos en el daño patrimonial, sino en el conjunto de daños personales, es decir: físicos, psicológicos, espirituales o morales, así como daños al proyecto de vida”, anotó.
Resaltó que, en este caso, la responsabilidad patrimonial no se limita al incendio, sino al conjunto de problemas estructurales, sistemáticos y de violaciones que llevaron a que las personas estuvieran en la estancia migratoria.
Subrayó que las reclamaciones de responsabilidad patrimonial se presentan primero “ante la autoridad que afectó tus derechos”, pero el mecanismo obliga a acudir con la misma autoridad señalada para exigir la reparación.
Carrancá Álvarez explicó que el Estado tiene una responsabilidad patrimonial, ya que se evidencia que se realizaron verificaciones y no revisiones a la estancia migratoria; que no existe un registro de detención conforme a estándares internacionales; que las personas fueron trasladadas en diversas ocasiones sin garantías; que no hubo individualización ni justificación de las detenciones.
Asimismo, señaló que las condiciones de detención eran torturantes, que no se brindaron condiciones dignas de alojamiento y que no tuvieron acceso a defensa ni representación legal.
“Todo esto no tiene que ver con el comportamiento de terceros, ni siquiera con que unas personas incendiaran unas colchonetas. Todo esto es responsabilidad de violaciones de derechos humanos del Instituto Nacional de Migración, que no podrían ser analizadas por un amparo”, enfatizó.
El representante de Alaíde Foppa indicó que se presentó la demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa por nueve personas, ya que del resto de los migrantes —que se encuentran en sus países de origen— no fue posible obtener poderes notariales en tiempo, ni se establecieron mecanismos que facilitaran su participación desde el extranjero.
Por otra parte, enfatizó que los mecanismos para la atención, sanción y reparación de violaciones de derechos humanos en México “están en pañales”.
Afirmó que la Sala Superior se encuentra analizando el caso y aún no se ha pronunciado; sin embargo, a estas alturas, la instancia judicial ha bloqueado la participación o el reclamo de las víctimas que no se encuentran en México.
Pese a este panorama adverso, comentó que mantienen la esperanza de que pueda haber un resultado positivo.
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Por José Estrada
