“Señor gobernador Javier Corral Jurado, exigimos justicia por tanta sangre derramada por tierras y bosques, ya que tenemos muchos años defendiendo nuestro propio territorio y queremos que para siempre ahiga (sic) justicia (ilegible) queremos injusticias en nuestro pueblo ya que nos han (ilegible) nuestras familias”.
Así fue el planteamiento escrito en una cartulina que un grupo de pobladores rarámuris le hicieron al mandatario chihuahuense la tarde del viernes en Baborigame, la sección municipal más grande de Guadalupe y Calvo, golpeada desde hace varios años por la violencia extrema de gavillas que se dedican al narcocultivo y el trasiego de droga.
Una mujer indígena sostenía el cartel con el mensaje escrito, todos quienes la acompañaban y ella misma mantenían la mirada seria, exigente, sin ninguna concesión a la autoridad que los ha dejado solos, indefensos.
Corral acudió al sitio -en la que podría haber sido la primera ocasión que visita esa comunidad en lo que va de su gestión- para ofrecer detener a los homicidas y acompañar a la familia de Julian Carrillo Martínez, sexagenario activista asesinado el miércoles por la noche -totalmente desprotegido por la SEGOB y la Fiscalía Estatal- con armas de alto calibre, de las que usan narcotraficantes y caciques en la sierra Tarahumara, sin una autoridad que los intimide.
Tierra sin ley donde el gobierno del estado, a dos años de estar encabezado por el panista, no ha logrado devolverle la tranquilidad a las comunidades indígenas, acosadas por diversos agresores de origen mestizo que les invaden el territorio para infestarlo de tala clandestina, narcosiembra y explotación de minas.
Fría la tarde en las exequias del derechohumanista, como frío ha sido el gobierno en su respuesta a la crisis humanitaria que se vive en la región.
Muy temprano en el actual quinquenio se supo que Baborigame es un lugar donde impera el poder de la delincuencia organizada, con la complicidad de la policia municipal de Guadalupe y Calvo, la ausencia del gobierno federal y la incapacidad de la autoridad estatal para enfrentarla.
Apenas en un informe del año pasado el relator especial de la ONU Michel Forst declaró:
“Al visitar el estado de Chihuahua, fui testigo de los riesgos que corrían los defensores de los derechos humanos que protegían los derechos del pueblo indígena rarámuri, una comunidad amenazada por grupos de delincuencia organizada y carente de la protección del Estado.”
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Justo en octubre de 2017 Norte realizó un amplio reportaje en Baborigame en el que se describieron las circunstancias que prevalecen en aquella parte alejada de la geografía chihuahuense, colindante con Sonora, Sinaloa y Durango, bautizada como el triángulo dorado por el mismo gobierno que permite ahí desde hace décadas, el cultivo de estupefacientes como mariguana y amapola para abastecer el demandante mercado de consumo de los Estados Unidos y la cada vez más alta comercialización de distribuidores locales.
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