El Congreso del Estado aprobó un exhorto de la bancada de Morena, para que la gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván, atienda de manera inmediata y de forma integral el desplazamiento forzado y la violencia que se vive en el municipio de Guadalupe y Calvo y la Sierra de Chihuahua.
La petición fue solicitada por la diputada de Morena Leticia Ortega Maynez, quien expuso que los residentes de la zona sufren ataques y amenazas por partes de grupos delictivos que buscan reclutar jóvenes o apropiarse de su territorio para llevar a cabo diversos fines delictivos.
Ortega agregó que de acuerdo a datos de la Fiscalía General del Estado, del 2015 al 2023, 572 personas del municipio de Guadalupe y Calvo han abandonado sus viviendas, por lo que es urgente que se brinde el alojamiento digno y seguro para las personas que ya fueron desplazadas de sus territorios.
Aunado a lo anterior, dijo que el 14 de octubre del 2019 la CNDH emitió la recomendación no. 94 /2019 sobre el caso de desplazamiento forzado interno de 80 personas y por violaciones al derecho de acceso a la justicia y a la verdad, debido a la inadecuada procuración de justicia en agravio de 102 personas integrantes de dicho grupo familiar cometidas por la FGE.
Mientras que existe, el 29 de abril del 2022 se emitió otra Recomendación 96/2022 a autoridades de Chihuahua por vulnerar los derechos humanos y no otorgar atención a 120 personas víctimas de desplazamiento forzado interno, cinco de las cuales fueron asesinadas y una más lesionada en Uruachi y Guazapares.
“Instamos a la gobernadora a brindar la protección y ayuda humanitaria a todas aquellas personas que son víctimas de desplazamiento forzado, otorgándoles viviendas dignas y seguras, con dormitorios, baños, servicios básicos y condiciones de higiene óptimas”, expresó en la Diputación Permanente.
El punto de acuerdo fue aprobado con 5 votos a favor, sin embargo, al momento de debate diputado del PAN, Gabriel García Cantú solicitó una mención que también fue aprobada, para que se solicitará información a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal sobre las acciones emprendidas el Estado de Chihuahua.
Además de que el titular de la Fiscalía General de la República informe al Legislativo de Chihuahua, el número de carpetas de investigación iniciadas por la comisión del delito de delincuencia organizada en el estado, el número de personas detenidas, vinculadas a proceso y sentenciadas, y si los agentes aprehensores de estas personas han sido por agentes policiales del orden federal, municipal o estatal.
Por último, también incorporó un llamado a las personas titulares de la Comisión Nacional y Comisión Estatal de Derechos Humanos, para que actúen e intervengan conforme a derecho en el tema.
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