Un supuesto evento traumático habría llevado a la empleada de la guardería Techo Comunitario de esta ciudad detenida hace unos días, a convertirse en una presunta delincuente sexual cuyas víctimas fueron niños o bebés que tenía el encargo de proteger, de acuerdo a las primeras investigaciones.
César Jáuregui Moreno, fiscal general del Estado, confirmó que la mujer identificada como Naomy Yamile R.P., está vinculada a proceso por el abuso a una sola de las personas, sin embargo, hay por lo menos otras cinco o seis víctimas más.
Explicó que la Fiscalía Especializada de Mujeres (FEM) derivado del caso, tuvo que investigar cuál era el estado que guardaban los pequeños en la guardería referida y al momento se ha encontrado que hay otros cinco o seis casos adicionales, con lo que sumarían hasta siete víctimas de la depravación.
Aseveró que una vez que se complete investigación, se deslindarán responsabilidades contra otras personas que pudieran haber incurrido en omisiones o que habrían tenido participación de los delitos que ahí se cometieron.
Según la carpeta de investigación, el delito de violación con penalidad agravada, cometido en perjuicio de una menor, se cometió en un periodo que comprende de febrero del año 2022 a mayo del presente año, en una estancia infantil que se localiza en la colonia Toribio Ortega.
Anotó Jáuregui Moreno que el caso es muy sorprendente, porque la guardería prácticamente cumple con todos los requisitos que exige la legislación e incluso que quien hoy está vinculada por ese delito es una persona que no tenía delitos de ese tipo y que contaba con las credenciales que hacían suponer que el desempeño de su trabajo sería en forma profesional.
Las personas de su entorno dieron el testimonio de que hubo un cambio de actitud en ella a partir de un hecho que afectó su vida personal.
Señaló el fiscal general que eso se va a dilucidar conforme avancen las investigaciones y al buscar la verdad de estos hechos, se pretende que no vuelvan ocurrir ese tipo de delitos ni en esa ni en otras guarderías.
El Juez de Control conocedor de la causa penal, resolvió la situación jurídica de la imputada, mismo que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social Femenil No. 2, y fijó un plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria.
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